Agitacion social en Tunez y Argelia

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El Magreb estalla por el profundo malestar social agravado por la crisis.
Túnez experimenta, desde el 17 de diciembre, una agitación social sin precedentes particularmente en la zona del centro-oeste del país, que ha provocado ya la muerte de cuatro personas, dos por disparos policiales durante las movilizaciones y otros dos suicidados. La protestas se han extendido los últimos días a ciudades de Argelia, donde los jóvenes han tomado las calles para expresar su malestar por el desempleo y el costo de la vida y donde en la madrugada de ayer se produjeron violentos incidentes a raíz de la intervención de las fuerzas de seguridad.

Algunos analistas señalan que hay elementos comunes en el origen de las protestas en ambos países -así como en el vecino Marruecos-, que en ambos casos han sido espontáneas y protagonizadas por jóvenes, y citan sus economías incapaces de proporcionar oportunidades laborales a los jóvenes, a menudo diplomados, a pesar de los esfuerzos realizados por sus autoridades en el ámbito de la educación.

El martes murió el joven tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi, licenciado en informática y en paro que hace tres semanas se quemó a lo bonzo después de que la Policía le requisara el carro con frutas y verduras alegando que no tenía licencia para venderlas. Su gesto desencadenó el 17 de diciembre una ola de protestas en Túnez, durante cuya represión murieron dos personas, y su fallecimiento, que se conoció el miércoles, desencadenó nuevas movilizaciones.

Ese mismo día, Túnez, que vive la mayor crisis social de los últimos 23 años, se convirtió en el primer país del mundo cuyas páginas web oficiales quedaron inoperativas después de un ataque masivo de los hackers de Anonymous.

El 95% de los 8.000 abogados del país, según la Asociación de la Abogacía, se declaró en huelga para protestar contra la represión sobre los jóvenes parados. Ayer se concentraron en el Palacio de Justicia de la capital bajo la atenta mirada de los antidisturbios, que no intervinieron.

La muerte de Bouazizi incendió de nuevo el país supuestamente más estable de la región, en el que su presidente, Zine el-Abidine Ben Ali, ha eliminado toda disidencia y al que un cable del gobierno estadounidense publicado por WikiLeaks describe como un «Estado policial», pese al apoyo de Washington.

Túnez, el país del norte de África más mimado por la Unión Europea después de Marruecos, es oficialmente una democracia multipartidista, pero Ben Ali, que lo gobierna con mano de hierro, gana sistemáticamente por mayorías abrumadoras (89,62%, en 2009.

Aunque con un régimen distinto, las protestas han cruzado las fronteras y se han extendido por territorio argelino, donde cientos de jóvenes se enfrentaron a la Policía.

El aumento de los precios de alimentos básicos como el aceite, la harina y el azúcar -que el Gobierno argelino se ha apresurado a decir que seguirá subvencionando-, provocado por la crisis económica, y el desempleo crónico han hecho estallar esta ola de violencia en dos países con sistemas políticos en crisis en los que sus mandatarios, Ben Ali y el argelino Abdelaziz Bouteflika se acercan al final de sus carreras y la ausencia de relevo crea una situación política de incertidumbre.

Al menos dos muertos al reprimir protestas el Gobierno de Túnez.

La muerte de un comerciante que se quemó para protestar por la situación económica enciende la mecha social

Al menos dos manifestantes han muerto durante las protestas de las últimas tres semanasnen Túnez, en solidaridad con un joven comerciante que se quemó a lo bonzo después de que las autoridades locales le confiscaran el carro en el que vendía fruta sin licencia. Las protestas, que han incendiado el país, se han extendido ya a la vecina Argelia.

Mohamed Bouazizi murió el pasado jueves tras 23 días hospitalizados a consecuencia de las quemaduras producidas tras rociarse con gasolina y prenderse fuego ante un edificio gubernamental en la localidad de Sidi Bouzid para protestar contra lo que consideraba que era "un abuso administrativo". El joven era diplomado pero estaba en el paro, por lo que vendía frutas en la calle para ayudar a su familia.

La muerte del joven conmocionó al país y ha desatado una oleada de indignación popular por la falta de perspectivas laborales que amenaza la presidencia de Zine El Abdine Benali, que gobierna el país desde hace 23 años. En un país donde impera la censura informativa, las imágenes de las protestas se han conocido a través de vídeos tomados con teléfonos móviles y enviados a redes sociales.

Numerosas protestas se desbordaron en todo el país, que llegaron a su punto culminante de estos incidentes el pasado 24 de diciembre cuando jóvenes manifestantes atacaron un cuartel de la guardia nacional con el resultado de cuatro muertos entre los uniformados.

El 29 de diciembre y como reacción a estos enfrentamientos, el presidente Benali decidió cesar en sus cargos a tres gobernadores regionales y remodelar en parte el ejecutivo. El jefe del Estado de Túnez hizo una aparición televisiva exhortando a los manifestantes a la calma y anunciando el reforzamiento del dispositivo de creación de empleo.

Las protestas de Túnez se extienden a una decena de ciudades de Argelia.

Las protestas en Túnez se extienden a la vecina Argelia, el país más poblado y rico del Magreb. En la capital, en una decena de ciudades, entre ellas Boumerdes, y, sobre todo, en Orán, la segunda aglomeración urbana del país, cientos de jóvenes se enfrentaron muy violentamente a las fuerzas del orden a lo largo de la tarde del miércoles y, a veces, hasta la madrugada de ayer jueves.

El origen de la protesta no es tan preciso como lo fue en Túnez, pero sí es igual de espontáneo. Los primeros brotes de descontento surgieron el martes en Argelia, pero fue al día siguiente cuando los jóvenes, a veces encapuchados y provistos de palos o de barras de hierro, se apoderaron del centro de Orán y de al menos cuatro barrios de Argel, incluido el céntrico de Bab el Oued.

Se echaron a la calle para denunciar la subida de los precios de algunos productos básicos, como el aceite y el azúcar, destrozaron el mobiliario urbano, y apedrearon y lanzaron cocteles "molotov" contra edificios públicos, empezando por alguna comisaría como la de Bab el Oued. "El Estado seguirá subvencionando los productos de primera necesidad", se apresuró en declarar el ministro de Comercio, Mustafá Benbada, en un intento de acabar con la revuelta.

En Argelia la rebelión es más juvenil, menos masiva, y más violenta que en Túnez. Más allá de sus desencadenantes puntuales en ambos casos pone de relieve la desesperación de una juventud mayoritariamente en paro, que se considera sin futuro y oprimida por regímenes autoritarios aunque de distinto signo económico, liberal en Túnez y con reminiscencias socialistas en Argelia.

En Túnez la revuelta, que empezó hace tres semanas con la inmolación de un joven de 26 años cuyo carrito de vendedor ambulante fue volcado por la policía, continuó ayer con una huelga convocada por los colegios de abogados y que fue seguida por el 95% de los 8.000 letrados del país, según su decano Abderrazak Kilani. Cientos de ellos se concentraron en el vestíbulo del Palacio de Justicia de la capital bajo la atenta mirada de los antidisturbios que no intervinieron.

La policía sí actuó, en cambio, para apresar ayer de madrugada a uno de los más célebres blogueros, Hamadi Kalouicha, y a "El General", un rapero que compuso una canción cuya letra reza "Presidente, tu pueblo está muerto", según la web alternativa Nawaat.org. Decenas de personas menos conocidas han sido también detenidas en todo el país.

Pese a la represión policial, algunas de las figuras tradicionales de la oposición al régimen, a las que la revuelta pilló por sorpresa, están convencidas de que las protestas seguirán. Continuarán porque más allá de los "métodos bárbaros" de las fuerzas del orden "no ha habido respuesta del poder a las legítimas reivindicaciones de la población", declaró a la televisión "France 24" la abogada Radhia Nasraoui, presidenta de la ilegal Asociación de Lucha contra la Tortura.

Sihem Bensedrine, portavoz del ilegal Consejo Nacional de las Libertades y exiliada en Barcelona, se atreve incluso a vaticinar, en conversación con este corresponsal, que "estamos ante el fin del régimen del presidente Ben Ali". ¿Por qué? "Nunca en la historia contemporánea de Túnez un jefe de Estado ha sido tratado así por ciudadanos de a pie que por tradición y por miedo respetaban hasta ahora las instituciones", responde.

"Los eslóganes coreados masivamente en la calle demuestran el desprecio que inspira el régimen », prosigue Bensedrine. Las consignas más repetidas por los manifestantes son, según ella, "¡Ben Ali, cobarde!", "¡Ladrones, devolved el dinero al pueblo!", "¡Fuera los ladrones de Cartago!", la sede del palacio presidencial que Ben Ali ocupa desde hace 23 años.

Abdelatif Bensalem, un intelectual hispanófono exiliado en París, se lamenta, no obstante, que el régimen de su país cuente aún con el apoyo de Francia, Italia y España así como con el de EE UU, países a los que ha logrado convencer de que es un baluarte contra el islam radical. Ningún gobierno europeo ha condenado la actuación de la policía tunecina cuyos disparos causaron la muerte en Nochebuena de dos manifestantes en Mezel Bouzayane.

El secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, hizo grandes esfuerzos durante la presidencia española para otorgar a Túnez el llamado "estatuto avanzado" del que goza Marruecos desde 2008 y que le convierte en socio privilegiado de Europa, pero no logró rematar la negociación.

IFEX, una ONG canadiense que apoya a la oposición tunecina, intentó celebrar en noviembre, en Madrid, una reunión de disidentes de dentro y de fuera del país, pero no pudo hacerlo porque el Consulado de España en Túnez no concedió visados a dos destacados adversarios de Ben Ali, según los organizadores.

Después de Túnez, la rebelión se extiende por Argelia.

La capital argelina ha vivido dos noches sucesivas de manifestaciones. En la noche del 4 de enero en Bab el Oued - barrio al oeste de Argel - se produjeron enfrentamientos entre la policía y simpatizantes del club de fútbol local, después de un partido disputado en Bologhine.

De nuevo los enfrentamientos estallaron en la noche del 5 de enero de 2011. Los jóvenes protestan esta vez contra el alza de los precios de los productos de consumo.

En 1980 se inicio un movimiento de protesta en la Cabilia, región de mayoría bereber, estas revueltas populares por reivindicaciones sociales (trabajo, vivienda ...) desencadenaron el 5 de octubre de 1988, una explosión social que sacudió el sistema.

En el 2001, tras la muerte de un joven de la gendarmería en la Cabilia en el mes, un poderoso movimiento popular afectará la región durante muchos meses. Este movimiento, llamado la "Primavera Negra", di¡o lugar a una nueva ronda de disturbios con reivindicaciones sociales (trabajo, vivienda, condiciones de vida ...), sino también pidiendo reivindicaciones políticas.

Muchos jóvenes argelinos expresan su malestar por la impotencia de los fracasados intentos de emigrar con destino a Europa. Para algunos, el objetivo es conseguir que Bouteflika renuncie al poder. Para otros, estos acontecimientos deberían permitirle recuperar el control político.

Lo que no se puede negar es el deterioro real y continua de los niveles de vida de grandes segmentos de la población que vive en un país rico y se escandalizan por la exhibición de los signos de riqueza de una minoría poderosa.

La reciente revuelta social en Argelia y la segunda Intifada palestina son los dos procesos populares más decisivos en marcha en el Mundo Árabe contra las nuevas formas de dominación y exclusión

Revuelta social en Argelia

LA INTIFADA y el endurecimiento de la represión israelí contra el pueblo palestino han restado protagonismo a los sucesos registrados en Argelia en los últimos meses, a lo que ha contribuido la deliberada opacidad informativa del régimen argelino y la falta de interés siempre cómplice de la gran mayoría de los medios de comunicación occidentales. Y, sin embargo, seguramente las revueltas populares en Argelia sean uno de los fenómenos sociales más interesantes que se han producido en mucho tiempo en el Mundo Árabe, por lo que suponen de esperanza en la capacidad de movilización de sus pueblos, por haber servido para desenmascarar definitivamente a un régimen enrocado en la explotación económica y la exclusión política de su pueblo con la connivencia interesada de los países occidentales y por la relevancia de Argelia como ejemplo emblemático de la evolución y las tendencias sociales, políticas y económicas del Mundo Árabe en las últimas décadas.

El 18 de abril de este año, las revueltas provocadas en la principal ciudad de la Kabylia argelina, Tizi Uzu, a raíz de la muerte en una comisaría de un joven beréber tras las manifestaciones conmemorativas de la "primavera beréber" de abril de 1980 causaron, si nos fiamos del recuento oficial -maquillado según todos los indicios-, 55 muertos por heridas de bala de la policía. Tras unas semanas de continuos incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad que no tardaron en extenderse por todo el país, el 14 de junio tuvo lugar en Argel, desafiando el estado de emergencia vigente desde 1992, la mayor manifestación conocida en Argelia desde su independencia en 1962, con cerca de un millón de manifestantes y violentas escenas de enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios. Desde entonces, el régimen argelino ha impedido cualquier nueva manifestación masiva fuera de la Kabylia mediante un estricto control policial de las vías de comunicación hacia Argel.

Las manifestaciones han servido para clarificar la situación en Argelia, y de ellas destacan sobre todo dos circunstancias. Por un lado, aunque inicialmente se pedía el reconocimiento de la lengua amazigh como lengua oficial, el movimiento de protesta no tardó en dirigirse directamente contra los símbolos y los representantes de un régimen al que ya se identifica con la hogra (término típicamente argelino que significa a la vez injusticia y humillación del poderoso hacia el oprimido). Más allá de algunas reivindicaciones inmediatas -como la retirada de las fuerzas de la gendarmería de la Kabylia y la liberación de los detenidos-, la explosión de ira popular estaba protagonizada por jóvenes sin nada que perder y que coreaban lemas antisistema como "Poder asesino", "No a la dictadura", "Basta de corrupción" o "Sin perdón". Además, el protagonismo de la convocatoria y coordinación de las manifestaciones ha correspondido a una estructura organizativa neotradicional sui generis, el Comité de los Pueblos y de las Tribus de la Kabylia, ajeno en todo caso al sistema de partidos establecido (aunque el Frente de Fuerzas Socialistas de Hocine Aid-Ahmed ha sido el que más se ha identificado con las revueltas, exigiendo la disolución del gobierno y la creación de una comisión de investigación internacional, y la Asamblea por la Cultura y la Democracia (RCD) se retiró del gobierno de Buteflika el 1 de mayo). Tanto una como otra ponen de relieve la necesidad de renovación absoluta de las instituciones que vertebran la sociedad argelina.

Reacción significativa
La reacción del gobierno argelino ante las revueltas, al margen de la brutal represión, resulta sintomática. Tras casi quince días de tenso silencio sobre las mayores revueltas populares desde 1988, el Presidente Abdelaziz Buteflika -que entretanto no dudó en mantener el viaje que tenía programado a la cumbre africana sobre el SIDA, un problema prácticamente inexistente en Argelia- inició una gira por la zona desértica del Sahara del sur del país, prácticamente deshabitada si se excluye a las tribus tuaregs, para, el 30 de abril, dirigirse desde allí al conjunto de la nación, denunciar de manera imprecisa la "injerencia extranjera" en los disturbios y anunciar simplemente la creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido. No es de extrañar que, ante esta demostración de ineptitud, el diario nacional al-Watan se preguntara retóricamente en un editorial: "¿Para qué sirve el gobierno?" La respuesta de la Asamblea Nacional argelina no resultó menos reveladora: tras apoyar la iniciativa de Buteflika, aceleró la aprobación, el 16 de mayo, de una reforma del Código Penal que endurece las penas por difamación, injurias al ejército y a los representantes del orden público y "lesa Presidencia", que ahora pueden ser castigadas con penas de cárcel de hasta dos años y fuertes multas, en un intento de acallar la relativamente libre prensa argelina.

Contra todo pronóstico, la comisión de investigación ejecutó con inusitada rapidez su mandato, presentando un informe el 29 de julio que desde luego constituye un ejercicio de transparencia sin precedentes. Tras negar la existencia de ninguna prueba de "complot interno o externo" que, según el propio Buteflika, había "atizado los odios y sembrado la subversión y la división", el informe de la comisión de investigación atribuye la principal responsabilidad a las fuerzas de la gendarmería: "la reacción violenta de la población ha sido provocada por la acción, no menos violenta, de los gendarmes, que durante más de dos meses ha alentado y mantenido los acontecimientos: tiroteos con fuego real, saqueos, pillajes, provocaciones de todo tipo (...) La violencia registrada es la propia de una guerra, con el uso de munición de guerra. Las fuerzas de seguridad intervinieron sin control de las autoridades civiles, como estipula la Ley", lo que es una forma de sugerir la verdadera estructura de poder militar que subyace en la fachada civil del régimen que ofrece Buteflika. Termina el Informe con un diagnóstico absolutamente preciso: "las causas profundas son sociales, económicas e identitarias, debidas a abusos de todas clases", y la "responsabilidad se sitúa en las altas esferas". [*1]

Las revueltas populares han deslegitimado definitivamente -si aún era necesario- no sólo a Buteflika, que en su momento despertó ciertas esperanzas de cambio, sino al propio "estado mayor de los generales" que detenta el verdadero poder desde principios de los años noventa y que, desde hace algunos meses, parece sentirse acorralado. En un ambiente en el que proliferaban las denuncias y testimonios sobre la involucración directa del ejército argelino en algunos de los episodios más sangrientos atribuidos a las guerrillas islamistas, las desapariciones y las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad, [*2] el 25 de abril pasado el general en la reserva Khaled Nezzar, ministro de Defensa de 1990 a 1993 y miembro del núcleo duro del poder (junto con los generales Mohamed Lamari, Tewfik Médiéne, Smain Lamari y Larbi Belkheir) se vio obligado a huir apresuradamente de Francia -con el apoyo logístico y diplomático del gobierno francés, que convirtió su visita privada en una visita oficial- ante la admisión a trámite de una querella criminal por torturas presentada ante la Fiscalía de París. Y eso sólo meses después de que, en noviembre de 2000, Amnistía Internacional publicara un informe demoledor sobre las violaciones de los derechos humanos en Argelia. [*3]

Pero sobre todo han desplazado el centro de atención de la violencia islamista hacia las causas profundas que crearon el sustrato económico y social en el que ésta prendió. Las revueltas han servido al menos para poner fin a una coartada que el régimen argelino ha utilizado para perpetuarse en el poder y reforzar sus mecanismos de control económico, político y militar en los últimos diez años: la de que todos los problemas de Argelia se debían a la existencia de un movimiento fundamentalista islámico violento que había que erradicar militarmente antes de que cualquier reforma fuera posible. Es decir, el fin de la coartada que justifica tanto el estado de emergencia como la negativa del régimen a todo diálogo con la oposición política (que en 1995 mostró un mayor "sentido de Estado", cuando todos los partidos de la oposición negociaron la denominada "Plataforma de San Egidio", un "contrato nacional" por el que se comprometían a resolver todos los conflictos de forma pacífica, abruptamente rechazada por las instancias oficiales y acogida con indiferencia por la comunidad internacional) y la omnipresencia del ejército como garante de la independencia de Argelia. Precisamente, de lo que hay que librar al pueblo argelino, según un editorial de otro de los diarios nacionales argelinos, Le Quotidien d'Oran, es "de sus falsos electos, corrompidos hasta los tuétanos, de sus falsos gobernantes, despreocupados hasta la inconsciencia, de los herederos de los colonizadores, de los nuevos señores y de los señores y las sanguijuelas de siempre". Un tajante estado de situación que seguramente podría aplicarse a algún país más de la región.

La parálisis de las instituciones argelinas no sólo se ha puesto de relieve en su actitud ante las revueltas. La Ley de Concordia Civil, que el Presidente Buteflika hizo aprobar en referéndum en septiembre de 1999 (en un intento por recuperar la legitimidad democrática que no había conseguido en las elecciones presidenciales de abril de 1999, en las que en el último momento se retiraron los otros seis candidatos entre denuncias de fraude generalizado), ha sido un fracaso en toda regla, tanto desde el punto de vista de la lucha contra la violencia -durante el primer semestre del 2001 ha habido 1.600 muertos oficiales como resultado de acciones de la guerrilla islamista, lo que supone una cierta mejora con respecto a los 2.000 muertos mensuales de hace tres o cuatro años, pero dista mucho de permitir dar por resuelto el conflicto- como desde el punto de vista político, pues a la vista está que, aunque ha servido al régimen para ganar algo de tiempo, no ha conseguido consolidarlo políticamente. La situación se encuentra, en este sentido, absolutamente enquistada, con el riesgo que supone la militarización de la sociedad civil que se ha impulsado en los últimos tres años con la creación de "grupos de autodefensa" en las zonas rurales, que ha supuesto armar a más de 100.000 milicianos y amenaza con perpetuar la violencia.

Pero es que, además, las revueltas populares se han producido en unos momentos en que los altos precios internacionales del petróleo han permitido a Argelia obtener en el año 2000 el récord histórico de ingresos por exportaciones de petróleo, con más de 11.000 millones de dólares, lo que sin duda ha aumentado mucho el margen de maniobra del gobierno argelino para aplicar políticas distributivas a través de los presupuestos del Estado. El que no lo haya hecho pone en evidencia la naturaleza rentista del régimen argelino, que tras apropiarse de las rentas del petróleo, ha pretendido instrumentalizar la amenaza islamista para extraer una nueva renta, esta vez en términos de poder. Esa es también la lógica de las prioridades de la política económica, que desde el primer acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional de 1988 se declina en términos de ajuste, liberalización y privatización, relegando las acuciantes necesidades sociales en aras de los intereses mercantilistas de las compañías multinacionales y los países desarrollados a cambio del apoyo interesado de éstos.

Los sucesos de los últimos meses han puesto de relieve que ya no basta con meras reconducciones políticas. [*4] La propia convivencia pacífica en Argelia es hoy por hoy inviable sin una reorientación de su política económica que asegure un cierto reparto de la renta petrolera y promueva la creación intensiva de empleo, la revitalización de la caduca industria nacional y la recuperación de la producción agrícola. La extensión de la pobreza -1,9 millones de familias que agrupan a 11 millones de personas, más de un tercio de la población-, la generalización del desempleo -oficialmente con una tasa del 30%, pero próximo al 80% entre los jóvenes de menos de 25 años, que constituyen más del 70% de la población- y los efectos de exclusión que provoca la política económica argelina, contribuyen a incrementar las tensiones sociales. Además, Argelia no cuenta con la "válvula de escape" de la emigración, al estar cerrada desde 1994 la frontera marroquí y encontrarse sus costas demasiado lejos de Europa (la más cercana, a 200 kilómetros) como para "dar el salto" en patera.

Por supuesto, los acontecimientos de Argelia también ponen de actualidad la cuestión siempre espinosa de los derechos de las minorías en los países árabes. Los siete millones de beréberes argelinos desean que sus hijos puedan estudiar en su propia lengua (el amazigh está admitido en los programas escolares por la Constitución de 1996, pero sin carácter obligatorio, y el Estado no sufraga su difusión) y ver reconocidas sus particularidades sociales, pero en cambio han visto cómo, en los últimos años, se ha endurecido la legislación en la materia hasta degenerar en un auténtico apartheid cultural, especialmente desde que en 1998 la Ley de Arabización consagra la lengua árabe como única lengua en la administración y en la universidad -lo que, dicho sea de paso, actúa como mecanismo de reproducción de las elites, pues sólo éstas pueden dar a sus hijos una buena educación en francés, lengua mayoritariamente utilizada en los niveles de gobierno y en las grandes empresas. Pero la de ahora no han de verse como una revuelta beréber más, a la manera de la de 1963 o 1980; como interpretaba el diario argelino Libération, "esta vez nada de reivindicaciones culturales y lingüísticas, sino una verdadera explosión social de una juventud cuyas esperanzas se derrumban ante el espectro de un desempleo ineluctable".

Apoyo interesado
Pero si la situación interna en Argelia es insostenible, las grandes potencias mundiales no escatiman medios para apuntalar al régimen argelino. Mientras se sucedían las revueltas en Argelia, la Unión Europea (UE) intensificaba las negociaciones -que ya van por la undécima ronda- con el gobierno argelino para cerrar el nuevo Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre Argelia y la UE, que ambas partes pretenden firmar antes de que concluya el 2001 y que, casi irónicamente, contendrá una cláusula en la que se establece que el respeto de los derechos humanos es un "elemento esencial" de esa asociación cuyo incumplimiento puede dar lugar a la suspensión de todo el acuerdo. Sólo días después de la manifestación de Argel, la Comisión Europea desbloqueaba un crédito de 25 millones de euros (más de 4.000 millones de pesetas) de apoyo al sistema financiero argelino, que irá a parar a la modernización y privatización del sector financiero y a reforzar el Banco Central como órgano de definición de políticas.

Preguntado por la opinión que le merecían los acontecimientos en Argelia, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, no tuvo empacho en ensalzar "los esfuerzos de transparencia de Argelia a favor de la democracia y de los derechos humanos" (sic) [*5] al tiempo que anunciaba su intención de firmar un Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Argelia y buscaba con su homólogo argelino mecanismos para incrementar las exportaciones españolas a ese país que reequilibren la deficitaria balanza comercial para España. El ministro de Asuntos Exteriores francés se refugió en unas declaraciones contemporizadoras ("la historia entre Francia y Argelia no predispone a Francia a dar lecciones") que serían de agradecer si la propia Francia no las desmintiera una y otra vez cuando le conviene. Pocas semanas después, la nueva Administración norteamericana de Georges Bush, donde están bien representados los intereses petroleros, con cerca de 4.000 millones de dólares invertidos en Argelia, organizaba una visita del Buteflika a la Casa Blanca, la primera de un presidente argelino con honores plenos de jefe de Estado desde 1985.
Los ejemplos abundan. Pero lo que importa es el hilo conductor que les da sentido: tanto EEUU como la UE están dispuestos a desentenderse de la suerte del pueblo argelino y de las violaciones de los derechos humanos mientras no se interrumpa el flujo de gas y petróleo desde los campos de extracción del Sahara -felizmente alejados de cualquier núcleo de población importante-, mientras Argelia siga aplicando políticas de liberalización y privatización que faciliten la penetración de sus empresas en ese mercado, y mientras el régimen argelino asegure la contención, por los medios que sean, de las dos grandes plagas que los europeos temen sobre todo del sur del Mediterráneo: el islamismo y los flujos migratorios descontrolados. Pero el otro espectro que causa escalofríos en las cancillerías europeas es una descomposición del Estado argelino que propague la inestabilidad en una región tan sensible y tan próxima a Europa, donde viven -no hay que olvidarlo- cerca de dos millones de argelinos. En ese sentido, la explosión de ira popular en Argelia podría encender algunas alarmas sobre la capacidad del régimen argelino para controlar la situación y abrir nuevas perspectivas.

En cualquier caso, las manifestaciones en Argelia constituyen, junto con la Intifada, uno de los procesos populares más decisivos en marcha en el Mundo Árabe: si la Intifada refleja el rechazo desesperado de un pueblo ante la neo-ocupación israelí devenida de los Acuerdos de Oslo, las revueltas de Argelia representan la explosión igualmente desesperada de un pueblo ante la explotación y la exclusión que sufre a manos de su propio gobierno. En este sentido, no es casualidad que los jóvenes manifestantes argelinos aseguraran, con orgullo, que "ésta es nuestra Intifada". Ahora bien, aunque la situación en Argelia alienta algunas esperanzas en la medida en que parece encerrar un cierto germen de cambio, no hay que llevarse a engaños: también las "revueltas del cous-cous" de 1988, no menos desesperadas y sangrientas, supusieron, tras un breve paréntesis de apertura política, una nueva vuelta de tuerca de los mecanismos de control del régimen argelino, que prefirió sumir al país en una auténtica guerra civil [*6] que ha costado más de 110.000 muertos y una agobiante situación de inseguridad en amplias regiones antes que renunciar al monopolio del poder político y los privilegios económicos. Cuando se van a cumplir diez años de la suspensión de la segunda ronda de las elecciones legislativas, en enero de 1992, que puso fin al primer ciclo electoral libre de la historia de Argelia y desencadenó la deriva hacia la violencia, merece la pena recordar que las revueltas, por populares que sean, no son suficientes para desencadenar un proceso de cambio social y hacer saltar los mecanismos de control político y económico de un régimen autoritario si no cuentan con una base sólida de recursos propios y/o con apoyo externo que las consolide.

Eso hace sumamente importante la movilización a favor del pueblo argelino y el desarrollo de iniciativas de solidaridad que, en el caso europeo, deberían empezar por la simple tarea de información sobre los instrumentos y procedimientos de explotación y exclusión que sufre el pueblo argelino por parte de su propio gobierno, y como aquéllos se asocian y sirven a intereses políticos y económicos foráneos. Desde Nación Arabe contribuiremos a ese esfuerzo publicando un informe especial sobre Argelia en su próxima edición, el número 46.

Notas:

1. El texto completo del informe de la comisión de investigación fue publicado en Le Monde el 1 de agosto de 2001, pp. 14-15.
2. Véanse los recientes libros "La muerte en Bentalha. Guerra y manipulación política en Argelia", de Nestoulah Yous, Edicions Bellaterra, 2001, que en francés lleva el más inquietante título "¿Quién mató en Bentalha?", así como "La sale guerre", de Sifaoui Mohammed, La Découverte, París, 2001.
3. El texto de este informe puede leerse en inglés en www.amnesty.org
4. Un análisis en profundidad de la situación política y económica en Argelia, con una serie de recomendaciones para salir de la crisis, puede encontrarse en el documento "Argelia: una crisis inconclusa", del International Crisis Group, publicado en Africa Report, nº 24, 20 de octubre de 2000; traducido y difundido CSCAweb
5. El País, 10 de mayo, 2001, pág. 6.
6. Véase el excelente libro de Luis Martinez La guerre civil en Algérie, reseñado en el núm. 36, 1998, de Nación Árabe.