Ecosocialismo del Siglo XXI y modelo de desarrollo bolivariano, los mitos de la sustentabilidad ambiental y de la democracia participativa en Venezuela, Garcia-Guadilla

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Interrogantes y objetivos

Marcha por el agua y la vida, contra la explotacion de carbon, respeto al medioambiente y demarcacion de tierras ancestrales, Zulia, Venezuela.

Venezuela es un país con una economía mineroextractiva basada en la explotación del petróleo, el cual fue nacionalizado hace casi cuarenta años, y de otros recursos naturales no renovables que ocasionan fuertes impactos en el medio ambiente. El modelo capitalista-neoliberal ha sido atacado constantemente por el gobierno del presidente Chávez pesar de que ha servido de orientación en los últimos diez años para diseñar las políticas económicas que fundamentan el modelo de desarrollo bolivariano. Por otro lado, la democracia participativa resultante del proceso constituyente de 1999 no se ha plasmado en una democracia ambiental a la hora de resolver los conflictos ambientales que han surgido, los cuales se han multiplicado desde que Chávez ascendió a la Presidencia de la Republica; por esa razón, los nuevos derechos sancionados en la Constitución de 1999 (García Guadilla, 2001), se han quedado en el texto y no han contribuido a resolver los graves conflictos ambientales, tal como lo ofreciera Chávez en su primera campaña presidencial de 1998.
En la década transcurrida desde 1999 a 2009, muchos de los conflictos y movilizaciones ambientales por demandas materialistas y posmaterialistas han

1 Este artículo se ha nutrido del análisis hemerográfico, documental, y de los materiales de entrevistas a los ambientalistas sobre algunos de los conflictos que se reseñan. Dicho material forma parte del proyecto de investigación titulado “La constitucionalización de nuevas ciudadanías y racionalidades, actores sociales y gestión de conflictos sociopolíticos”, el cual fue llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Gestión Ambiental, Urbana y Socio-Política (Gaus) de la Universidad Simón Bolívar .Dicho proyecto fue coordinado por María Pilar García-Guadilla y fue financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

tenido como actores a las organizaciones ambientalistas 2 , a las comunidades indígenas, a los sectores populares e incluso a las organizaciones de derechos humanos y como bandera de lucha la Constitución de 1999 que fuera aprobada mediante un proceso constituyente. Tal como lo expresara Fudeci (García-Guadilla, 2008) 3 , una de las organizaciones ambientalistas:
Fudeci (2008): Preservar el ambiente (…), es importante que eso esté allí en la Constitución, es simplemente una herramienta para que las ONG's puedan presionar al gobierno de turno y recordarle que la Constitución lo obliga a cumplir con esos deberes ambientales y la ayuda a la comunidad indígena.

Al igual que en décadas pasadas, los autodenominados “ambientalistas” se definen como el conjunto de actores que defienden demandas materialistas y posmaterialistas en temas vinculados con la problemática tanto de los países industrializados como del Tercer Mundo. El movimiento ambientalista ha tendido a articularse alrededor de las luchas de los ecologistas y de las comunidades indígenas y, dada la definición amplia que utilizamos en este trabajo, también se han articulado, aunque en menor grado, alrededor de las luchas por la ciudadanía de los sectores populares y de la clase media urbana 4 . De hecho los aliados de las luchas del movimiento indígena han sido los ecologistas y las organizaciones de derechos humanos. Frecuentemente, fueron estas organizaciones quienes los acompañaron y, en ocasiones, representaron ante la opinión pública.

2 Utilizaremos el término movimiento ambientalista en forma amplia para referirnos a la articulación y movilización de los diferentes movimientos sociales en torno al desarrollo sostenible y, por tanto, en torno a los conflictos auto-definidos como ambientales por los propios actores que participan. De esta forma el movimiento ambientalista incorpora en sus luchas no sólo la dimensión ecológica sino también la social, cultural y económica. No obstante, el término ambiental también se utilizará de forma mas restringida para denominar las luchas de los ecologistas a favor de la preservación o conservación y protección del ambiente.
3 En el caso de las organizaciones ambientalitas, el material de entrevistas que se cita procede de la base de datos del Estudio del Fonacit (García-Guadilla, 2008).
4 En el caso de los sectores populares urbanos, las demandas giran alrededor de la dotación de servicios básicos tales como el agua, el aseo urbano, drenajes y de infraestructura social para la salud de los que carecen. Estos movimientos ambientalistas populares de base urbana se asocian con las carencias de servicios básicos y calidad de vida. Por su parte, las clases medias han defendido los escasos espacios verdes y de recreación; un ejemplo de este tipo es la lucha contra la construcción del Museo Francisco de Miranda en el Parque del Este de Caracas o contra las invasiones del Parque El Ávila; también se han manifestado contra los desarrollos habitacionales de alta densidad en la zona de La Carlota. En la última década, el movimiento popularurbano no se ha articulado con los movimientos ciudadanos de clase media ni con el movimiento ambientalista; tampoco se han articulado con los movimientos campesinos, indígenas o sindicales.

Los conflictos más significativos de esta década tienen que ver con los posibles impactos negativos de las actividades extractivas y de los megaproyectos energéticos propuestos a nivel nacional e internacional para reducir la dependencia de Estados Unidos y lograr la integración de América Latina y el Caribe mediante la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) 5 . Las comunidades indígenas, los ecologistas y en algunos casos las organizaciones de derechos humanos han sido los actores más activos contra tales políticas y propuestas vinculando sus demandas con el cumplimiento de los derechos sancionados en la Constitución Bolivariana de 1999, donde, por primera vez y como resultado de un proceso constituyente, se incorporaron los derechos indígenas y ambientalistas y se extendieron los derechos humanos y socioculturales (García-Guadilla, 2001).

EL modelo de desarrollo bolivariano ha sido definido discursivamente por los voceros gubernamentales, incluyendo el presidente Chávez, como “sustentable, endógeno, equitativo y participativo”; sin embargo, la alta diversidad y cantidad de conflictos existentes y su naturaleza cuestionan la supuesta y discursiva “sustentabilidad y endogenismo” del mismo. Las ofertas electorales del presidente Chávez en 1998 de apoyo a las luchas que venían dando los ambientalistas e indígenas en torno a los conflictos existentes para el momento, junto con su discurso de sustentabilidad ambiental y las críticas al “neoliberalismo y al capitalismo salvaje”, crearon la expectativa entre los movimientos sociales de que a partir de su llegada a la Presidencia se instauraría una visión más ambiental y, por tanto, más cónsona con un desarrollo sustentable. Sin embargo, tales expectativas fueron frustradas por el modelo de desarrollo que se propuso. Por tanto, en este trabajo se desarrollarán algunos de los conflictos ambientales que constituyen el soporte del actual modelo de desarrollo bolivariano donde al menos tres de ellos se iniciaron antes de que Chávez asumiera la Presidencia, aun cuando las decisiones finales fueron tomadas durante su mandato. Se trata de la explotación minera en la Reserva Forestal de Imataca, la explotación del carbón en la sierra de Perijá y el tendido eléctrico a Brasil. Estos tres conflictos reflejan la continuidad de las políticas de desarrollo del gobierno actual con las de los gobiernos anteriores las cuales fueron tildadas por el presidente Chávez y sus seguidores de “neoliberales, capitalistas y destructoras del ambiente”.

5 Según Nahir Silva (2008). “El ALBA es una propuesta de integración económica y posteriormente política de carácter continental formulada desde el proyecto económicopolítico de la Revolución Bolivariana del gobierno venezolano para reformular el liderazgo político, económico, social y militar en Latinoamérica y el Caribe”; (…) es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos”. Por lo tanto, el ALBA es un proyecto diametralmente opuesto a la visión generalizada de globalización e integración político económica entre estados soberanos.

Marcha por el agua y la vida, contra la explotacion de carbon, respeto al medioambiente y demarcacion de tierras ancestrales, Zulia, Venezuela.

Venezuela es uno de doce países miembros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa) la cual supone quinientos siete proyectos (507) distribuidos en diez ejes de desarrollo de los cuales Venezuela participa en el Eje Andino, junto con Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú y en el Eje Escudo Guayanés con Brasil Guyana y Surinam (República de Venezuela, 2001, 2007; Pdvsa, 200, 2005a). El Iirsa requiere de la construcción de grandes obras de infraestructura como vías de comunicación y transporte (carreteras, represas, gasoductos e hidrovías) a lo largo y ancho de América del Sur, las cuales se localizarían en zonas sumamente frágiles y biodiversas que en opinión de MacElhiny(2008) “coinciden con las últimas reservas ambientales que existen en América Latina” por lo que el proyecto ha generado profundo rechazo de parte de los movimientos ambientalistas de toda la región. Por ello, adicionalmente a los tres problemas anteriormente mencionados donde al menos dos de ellos se vinculan con este último megaplán, en este trabajo también se abordará el conflicto entre los ambientalistas venezolanos y el gobierno en torno al IIrsa focalizando la evaluación en la integración de Venezuela con Brasil y Argentina a través de la construcción del Gran Gasoducto del Sur que debe atravesar 8.000 kilómetros 6 . Debido a los altos impactos socio-ambientales a gran escala que suponen estos megaplanes que son la base del ALBA, sus críticos comparan sus efectos perniciosos sobre el ambiente con los del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), su contendora ideológica.

La mayoría de estos conflictos no son nuevos puesto que, como dijimos, algunos se iniciaron en los gobiernos anteriores; tal es el caso del conflicto minero de la Reserva Forestal de Imataca y del tendido eléctrico, pre-existentes bajo la presidencia de Rafael Caldera, o los conflictos alrededor de la explotación del carbón y otros minerales como el oro y diamantes de anterior data. Incluso el proyecto IIrsa tampoco es nuevo, pues, con diferente nombre, proviene de la segunda presidencia de Carlos A. Pérez., hace casi veinte años.

6 Otros conflictos ambientales que no serán discutidos directamente en este trabajo porque duplicarían la extensión del mismo son los siguientes:
1) las denuncias y acciones de los ecologistas en contra de la invasión al Parque Henry Pittier, uno de los parques más antiguos y emblemáticos en lo que respecta a su alta biodiversidad;
2) la lucha de las comunidades indígenas yukpas por la demarcación de las tierras indígenas ancestrales que se encuentran en áreas de desarrollo ganadero o minero;
3) la invasión de zonas protectoras debido a su valor ambiental o por ser áreas de resguardo de cuencas para el suministro de agua o por ser zonas frágiles, en los alrededores de las ciudades de Valencia y Caracas por parte de los sectores pobres rural y urbanos;
4) la invasión al Parque El Ávila en la ciudad de Caracas;
5) la construcción de infraestructuras en parques urbanos como el Parque del Este;
6) el crecimiento incontrolado de la legma en el lago de Maracaibo en el estado Zulia; y
7) los conflictos vinculados con la distribución equitativa del agua potable, el servicio de recolección de la basura o aseo urbano, la dotación de cloacas y las condiciones de salubridad, entre otros, los cuales consideramos como problemas ambientales de acuerdo con la definición amplia del ambientalismo del Tercer Mundo que utilizamos.

Dentro de este contexto, el presente trabajo pretende hacer una crítica sustantiva a las racionalidades y prácticas de la década chavista en materia ambiental, contrastándolas con las racionalidades y perspectivas de los movimientos socio-ambientales. Se parte de la premisa de que, en contraste con el discurso y las propuestas utópicas que han planteado para Venezuela algunos voceros gubernamentales sobre el desarrollo endógeno sustentable y sobre todo el ecosocialismo del siglo XXI, la praxis del modelo de desarrollo que denominaremos bolivariano bien puede tildarse de “desarrollista y neoliberal”.

También se pretende demostrar que dicho modelo no garantiza la democracia participativa y viola algunos de los derechos derechos socio-ambientales, indí- genas y humanos que se incorporaron en la Constitución de 1999 después de muchos años de luchas.

Para la revisión crítica del discurso y de las praxis del modelo de desarrollo Bolivariano se analizarán, en primer lugar, las diferencias o semejanzas que existen entre el modelo bolivariano y el modelo capitalista-neoliberal cuyos efectos destructivos sobre el medio ambiente y la población tanto cuestiona el discurso del ecosocialismo del siglo XXI. También se estudiará si la praxis de este discurso es coherente con los enunciados de la democracia participativa y protagónica que sanciona la Constitución de 1999. Se partirá del análisis del ecosocialismo del siglo XXI para ver en qué medida éste o algunas de las ideas que le antecedieron como el desarrollo endógeno han servido para enfrentar los problemas ambientales que han surgido en esta última década. Adicionalmente, se evaluará si los derechos ambientales, humanos e indígenas que se desprenden del texto constitucional han orientado la praxis del modelo de desarrollo bolivariano que se autodefine como “sustentable y de democracia participativa y protagónica” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999): ¿los lineamiento del discurso ecosocialista sirven o no de base para transformar el modelo de desarrollo precedente el cual fue considerado por el propio presidente Chávez como “no sustentable” en uno “sustentable”?, ¿la lógica de la democracia participativa inscrita en la Constitución de 1999 está orientando la participación y negociación entre el Estado y las organizaciones y movimientos sociales a la hora de resolver los conflictos ambientales? En síntesis: ¿puede un modelo extractivo como el venezolano, que se caracteriza por los altos impactos ambientales y socio-ambientales que genera, llegar a ser sustentable en el contexto del autodenominado socialismo del siglo XXI?, ¿es posible construir un modelo sostenible de forma democrática en un país donde el petróleo y, en general, la explotación de los recursos naturales no renovables constituyen la fuente principal de ingresos económicos? y, finalmente, ¿qué retos plantea el desarrollo sustentable al socialismo del siglo XXI?

El discurso ecosocialismo del siglo XXI en Venezuela
Antecedentes y discurso del ecosocialismo del siglo XXI Durante los primeros años del gobierno del presidente Chávez se acuñó el término “desarrollo endógeno sSustentable” a partir del concepto de desarrollo sustentable del Informe Brundtland (1987) al cual se agregó el calificativo de “Endógeno” 7 . Este desarrollo endógeno sustentable que implicaba la sustentabilidad ecológica, económica y social, se definió como “un modelo de desarrollo que permite armonizar las actividades socio-culturales y económicas, con el mantenimiento de la integridad de la naturaleza” (Fergusson, s/f). Según este autor, el desarrollo endógeno sustentable es:
Fergusson (s/f): … una estrategia socio-política de cambio estructural, para mejorar la condiciones de vida de la población y sus comunidades, partiendo de las potencialidades de los ecosistemas presentes en su ámbito de acción…”

Con frecuencia, se ha utilizado el término “endógeno” para referirse al tipo de desarrollo “que se origina o nace en el interior. Aquello que se origina en virtud de causas internas” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, MCT, s/f) y donde las comunidades participan en la elaboración de sus propuestas. Con este tipo de desarrollo supuestamente se desarrolla “la autoestima, la soberanía y la dignidad de los pueblos”:
MCT (s/f): Su meta es el desarrollo en el nivel local, de la comunidad pero este desarrollo transcienda hacia arriba, hacia la economía, hacia el mundo.

El modelo de desarrollo endógeno sustentable se ha intentado concretar en propuestas de experiencias microlocales, solidarias y supuestamente participativas. Sin embargo, estas experiencias difícilmente se articulan con el Modelo a escala nacional, el cual viene siendo definido desde “arriba”; es decir, desde la Presidencia de la República y no desde “la comunidad”. En algunas ocasiones, el término “endógeno” parte de un juicio de valor donde se contrapone lo “local y lo propio” que se considera como “bueno” con lo “externo y ajeno” que se considera negativo. En consonancia con el rol económico tan importante que tiene el petróleo en Venezuela, este desarrollo se fundamenta en los hidrocarburos que son “un instrumento en la lucha contra la pobreza y energía para el Desarrollo Sustentable” nacional e internacional (Pérez, s/f) porque se utilizan:
Pérez (s/f): … los ingresos petroleros para financiar programas sociales, educativos, sanitarios y económicos, las Misiones Sociales y Productivas, coordinadas por los Ministerios respetivos.

7 Si bien el énfasis de este tipo de desarrollo es la escala o ámbito local, la adición al desarrollo sustentable del término “endógeno” no parecería necesaria ya que el Informe Brundtland también incluye y enfatiza el ámbito de lo local.

El término “ecosocialismo del siglo XXI”, es relativamente reciente pues su uso se extendió entre algunos medios intelectuales adeptos al presidente Chávez a partir de 2007 coincidiendo con la propuesta de reforma constitucional que buscó dotar de una base constitucional al socialismo del siglo XXI.

Ambos discursos, el del desarrollo endógeno sustentable y el del ecosocialismo del siglo XXI simplifican la explicación sobre la crisis ambiental y civilizatoria demonizando al capitalismo, al neoliberalismo, al imperialismo y a la Globalización los cuales se consideran como la causa de todos los males. Por tanto, se considera que los conflictos y problemas ambientales se resolverán por la mera transformación del capitalismo al socialismo y mediante la aplicación de determinadas estrategias locales, incluida la creación de “una conciencia revolucionaria”.

Fergusson (s/f): La acción revolucionaria debe estar dirigida a producir los cambios en la dinámica económica y social (modos y medios de producción, así como las formas de distribución de lo producido), de manera que ésta se haga ambientalmente sustentable y sustentada… La “sociedad ecosocialista” con la que sueñan sus exponentes representa una vuelta a las utopías románticas de los siglos XIX y de la misma forma que el desarrollo endógeno sustentable hace énfasis en la comunidad local o la “comuna” y en las redes de solidaridad visionadas por la contracultura del siglo pasado. Quizás por esta razón, los discursos de los exponentes del ecosocialismo del siglo XXI así como también los del desarrollo endógeno están desconectados de los impactos del desarrollo extractivo y, por tanto, poco sirven para analizar las praxis del Modelo de Desarrollo Bolivariano al que ni siquiera se refieren, menos aún cuestionan.

Las alusiones críticas al capitalismo fueron el centro del foro denominado “Ecosocialismo del Siglo XXI” 8 realizado en la sede de Pdvsa en mayo de 2007. El discurso bolivariano dejó claro que el capitalismo es una fuerza social “anómica y enajenada” que todo lo mercadea y que privatiza la riqueza. Según este discurso, el fenómeno del consumismo y productivismo somete al hombre

8 Dicho foro, uno de los primeros si no el primero en Venezuela, que fue planteado como “un encuentro para el intercambio de ideas” y que fue realizado el 15 de marzo 2007 en el Auditorio de Pdvsa con el auspicio del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Pdvsa y el Ministerio del Ambiente con la participación de Néstor Francia, Francisco Javier Velasco y Eddy Gómez como ponentes y Ana Elisa Osorio como coordinadora. La Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria del Ministerio del Ambiente hizo una invitación “especial a “los Consejos Comunales, Comités Conservacionistas, Mesas Técnicas del Agua, Componente Social del Río Guaire, Vigilantes Voluntarios y otras organizaciones sociales con las cuales articulamos trabajo en el área ambiental tanto en el Distrito Capital y Vargas como Miranda” (Hoja Informativa Foro, 2007).

y a la naturaleza y por ello, la producción capitalista convierte al sujeto en objeto y enajena la vida humana. Consecuentemente, la Hoja Informativa (2007) del foro señala que:
Hoja Informativa (2007:) El desafío de construir el Socialismo del Siglo XXI ha puesto en el centro de la discusión pública la necesidad del análisis crítico y desprejuiciado de aspectos derivados de las experiencias del siglo XXI para recuperar la credibilidad en el socialismo como proyecto de emancipación frente al cuadro de destrucción provocado por el Capitalismo.

En la introducción al Foro, Ana Elisa Osorio, asesora ambiental de Pdvsa y exministra del Ambiente, planteó como uno de los objetivos “discutir sobre el Desarrollo que queremos”, añadiendo, que se trata de “un desarrollo sustentable desde el punto de vista humano y social, centrado en el respeto a la vida”. En este contexto, el diputado la Asamblea Nacional de la Comisión de Ambiente Eddy Gómez, uno de los exponentes del foro, recordó la frase de Michael Lowy quien dice: “la razón capitalista está llevando al planeta a una situación catastrófica desde el punto de vista del medio ambiente, de las comunidades”; por tanto, señaló, el socialismo del siglo XXI debe “trascender el capitalismo de modo de instalar una sociedad mas justa y humana”.

El diputado Gómez tipificó “la crisis ecológica del modelo capitalista”, la cual se caracteriza por la “contaminación del aire, del agua potable y del ambiente; que llevan al recalentamiento del Planeta; la destrucción acelerada de los bosques tropicales, la reducción de la biodiversidad, el agotamiento de la tierra, la desertificación y a acumulación de basura principalmente nuclear y la manipulación genética entre otros temas,” como un problema político mas que técnico concluyendo así que el problema “ambiental es un problema político”.

En el discurso de los adeptos al proyecto del presidente Chávez, el ecosocialismo del siglo XXI es visto como “la propuesta de un socialismo capaz de incorporar de manera plena la dimensión del equilibrio ambiental como contexto de superación de todas las formas de dominio y explotación” Según Gómez (Foro Ecosocialismo del Siglo XXI, 2007) la respuesta desde el Ecosocialismo a la arriba denominada “crisis ecológica del capitalismo” debe fundamentarse en las estrategias siguientes:
Goméz (2007) 1. La transición desde la representación a la participación. 2. La transición desde la propiedad privada y la gestión vertical de los medios de producción hacia la propiedad colectiva. 3. Las luchas contemporáneas contra la homogeneización cultural. 4. La transición desde la era de las energías contaminantes hacia la era de las energías limpias. 5. El desplazamiento de la sociedad patriarcal. 6. La conciencia revolucionaria.

Según Velasco (2007), uno de los teóricos sobre el ecosocialismo del siglo XXI en Venezuela, algunos de sus rasgos definitorios se fundamentan en las teorías socialistas y del anarquismo y en parte de la crítica que hizo Marx, los socialistas y algunos anarquistas al capitalismo. Puesto que autores como Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci y Bakunin, entre otros, no abordaron el tema ecológico propiamente dicho y dado que el capitalismo de hoy en día no es el mismo de antes, aun cuando mantenga la explotación y la depredación, se considera que hay que incorporar o abordar nuevos temas tales como el indígena y el de las estructuras socio-culturales. Para romper las formas de dominación entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza, se propone un enfoque desde la ecología social, definida como teoría revolucionaria de los siglos XXI y XX, a la cual se le agregan algunos elementos ambientales para constituirla en el fundamento del ecosocialismo.

Velasco parte de una visión catastrófica del capitalismo al cual, al igual que el presidente Chávez, responsabiliza por todos los males sociales y ambientales: Velasco (2005): De manera creciente, el capitalismo deja a su paso un cuadro desolador constituido por ciudades frías y deterioradas, campos estériles, aguas y aires envenenados y graves perturbaciones climáticas, en medio de las cuales millones de seres humanos padecen de manera creciente los rigores de la miseria, la explotación y el desarraigo (…) Nunca antes hemos estado tan cerca de una catástrofe general. (p. 16). Esta visión asume implícitamente que la simple eliminación del sistema capitalista en Venezuela automáticamente conllevaría a una sociedad sustentable: los problemas ambientales serán resueltos en el socialismo del siglo XXI porque en tal sistema se “protegerá el entorno natural, se destruirá el capitalismo, se creará una sociedad democrática e igualitaria con producción de valores de uso para satisfacer las necesidades básicas y surgirá “el hombre solidario” (Velasco, 2007).

Al igual que los demás proponentes del ecosocialismo del siglo XXI, Velasco no plantea una crítica de fondo al socialismo real del siglo XX en materia ambiental, a pesar de que muchos de los efectos perniciosos sobre el ambiente que se asumen intrínsecos al capitalismo fueron iguales o peores en las experiencias socialistas. Propone la ecología social como contrapartida para resolver los problemas sociales y ecológicos y fundamentar el ecosocialismo destacando algunos puntos de partida para el diseño de comunidades donde no existan los problemas del capitalismo:
Velasco (2005): … disponemos hoy de un magnifico repertorio de nuevas y viejas ideas, de cruces fecundos entre saberes, de planes, diseños tecnológicos, datos de investigación y experiencias microsociales, a partir de las cuales nos podemos aventurar a bosquejar una propuesta de ecotopía como alternativa para el siglo XXI un socialismo que combina comunidades ecológicas con democracia participativa. (p. 17) También destaca que debe dársele importancia a las “nuevas y viejas ideas, teorías, experiencias y saberes” y debe estarse “al lado de los sectores explotados por clase, género, etnia o cualquier cosa” ya que esta perspectiva es “humanista y ecocéntrica” e intenta “no sólo salvar al ser humano sino al sistema de vida también.

Las propuestas de Velasco (2005, 2007), además de estar basadas en visiones catastrofistas no fundamentadas, rememoran a los socialistas utópicos del siglo XIX. Se asume la falacia ecológica de que el nivel societal resulta de la simple agregación del nivel micro y que, por tanto, el modelo de desarrollo sostenible se construye participando en los niveles comunales: la sociedad ecosocialista se fundamenta en la construcción de redes de comunidades autosustentables que no trasvasan el ámbito microlocal. Tal como el nombre lo indica, la propuesta de Velasco es una “ecotopía” que nada tiene que ver con la praxis del modelo de desarrollo bolivariano. No obstante, esta utopía que promueve la estructuración de la sociedad alrededor de “una red de comunidades que actúan en sintonía con los ecosistemas y las ecorregiones” ha tratado de abrirse camino a través de la modificación y sobre todo inclusión de artículos en la rechazada reforma del Estado de diciembre de 2007. Recientemente, se han incorporado algunas de estas ideas en la propuesta de Ley de Ordenamiento del Territorio que está en discusión en la Asamblea Nacional.

La transformación social a que aluden reiteradamente los discursos y acciones del presidente Hugo Chávez parte de la premisa del “empoderamiento del soberano”, alias “pueblo”. Para ello, se enfatiza una democracia de tipo local que a nivel ambiental se concreta en organizaciones tales como las mesas técnicas del agua, cooperativas de la basura y consejos Comunales entre otras organizaciones que tienen entre sus funciones y competencias la identificación, resolución y control social de los problemas ambientales. Más recientemente, se ha acuñado el término “comuna”, todavía carente de contenido, para designar a la unidad política, ambiental, socio-cultural y territorial que, según el discurso del socialismo del siglo XXI, debe participar en los procesos de toma de decisiones Néstor Francia (2007) señala que no basta con el cambio socialista para enfrentar tales crisis ecológicas; se necesita de un cambio “civilizatorio” el cual debe de partir de nuestra propia cultura para enfrentar el antropocentrismo y “recurrir a la concepción que nuestros ancestros tenían de la naturaleza. También se ha utilizado el término desarrollo endógeno sustentable (Fergusson, s/f) para referirse a la necesidad de un cambio de “lógicas (procedimientos, modos de pensamiento) y los sentidos (contenidos y significados) imperantes” dentro del proceso revolucionario.

Si aceptamos que el “modelo civilizatorio” parece ser el fundamento de la crisis ecológica tanto del capitalismo como del socialismo; su transformación debería ser incorporada en una nueva visión del desarrollo que pretenda ser sustentable ambientalmente. Sin embargo, la visión del Ecosocialismo del siglo XXI no concreta planteamientos claros acerca de cómo llevar a cabo ese “cambio civilizatorio, de lógicas o de sentidos”; ni siquiera hace mención a los retos para la sustentabilidad ambiental que se derivan de una economía de carácter mineroextractivo como lo es la venezolana cuya explotación, tal como se ha señalado, genera tan altos impactos ambientales 9 .
Además, el énfasis del discurso del presidente Chávez en la participación y gestión, local sin la correspondiente participación en los niveles intermedios y altos, desconoce que la gestión democrática requiere también de la participación en las decisiones extralocales y nacionales lo que supone de la existencia de nuevos mecanismos que la faciliten. La praxis del modelo de desarrollo bolivariano Las utopías del ecosocialismo del siglo XXI poco se vinculan con la realidad o praxis del modelo propuesto por el gobierno para orientar el desarrollo de la década pasada y de las dos décadas por venir, es decir, para el período 2001- 2030 al que los planes de desarrollo que analizaremos se refieren 10 .
Para ser sustentable, el modelo de desarrollo bolivariano debería de contener en sí mismo los elementos para la sustentabilidad ambiental, equidad social y sostenibilidad económica. Si se desea que, además de sostenible ecoló- gicamente, sea democrático tal como lo estipula la denominada “democracia participativa y protagónica” de la Constitución de 1999, su definición debería ser también participativa. Más aún, si el Modelo Bolivariano pretende trascender las limitaciones del capitalismo y del socialismo real, debería de contener los elementos para producir los cambios socio-culturales necesarios que coadyuven a la transformación del modelo civilizatorio. Tal como ha sido señalado, el modelo de desarrollo bolivariano para el período 2001-2030, elaborado cuando el precio del petróleo era elevado, se

9 Resulta paradójico que los profesionales venezolanos hayan emitido un comunicado en contra de la energía nuclear sin haber cuestionado las energías que derivan de los combustibles sólidos (Manifiesto Ecosocialista de los Profesionales Venezolanos, 2005).
10 Entre los planes mas importantes se encuentran: El Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación 2001-2007 (República Bolivariana de Venezuela, 2001) con sus correspondientes Planes de Desarrollo Regional, El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (República Bolivariana de Venezuela, 2007), El Plan de Siembra Petrolera de Pdvsa 2005-2030 (Pdvsa, 2005) a desarrollarse en dos etapas: la primera etapa del 2005 al 2012 y la segunda del 2012-2030 y Los Planes Estratégicos de Pdvsa (Pdvsa, 2005). Adicionalmente, se revisaron otros documentos de interés tales como: Áreas con Potencial Carbonífero en Venezuela, Viceministerio de Energía y Minas , 2002; Plan Ferroviario Nacional, l Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado; Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y Plan de Acción, MARN, 2001 y el documento, Hacia la Minería del Futuro, Corpozulia, 2002.

fundamenta, en los grandes proyectos de desarrollo petrolero, gasífero, minero y de infraestructura, entre otros, que ocasionan grandes impactos socio-ambientales. Muchos de los lineamientos generales de los planes que le dan sustento, sobre todo en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, se quedan en un nivel discursivo, puesto que o bien no se han plasmado en las políticas concretas aplicadas por el gobierno o son de difícil aplicación debido a que resultan contradictorios entre sí. Por ejemplo, este es el caso de dos de los siete lineamientos generales que contempla dicho plan cuyo lema es: “Venezuela hacia el Socialismo del Siglo XXI”: la “Nueva Geopolítica Nacional” y “Venezuela Potencia Energética Mundial”.

Comunidades yukpas en lucha por el territorio contra el despojo

Estos dos lineamientos podrían entrar en contradicción ya que la Nueva Geopolitica Nacional destaca la necesidad de “proteger espacios para conservar el agua y la biodiversidad, preservar el equilibrio de los ecosistemas ricos en biodiversidad, alcanzar un modelo de producción y acumulación ambiental sustentable, disminuir el impacto ambiental de la intervención humana, recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados” mientras que para lograr que “Venezuela se convierta en una potencia energética mundial y regional” se requerirá aumentar la producción de hidrocarburos y construir megainfraestructuras de apoyo cuyos impactos se vinculan con la afectación negativa de los ecosistemas en zonas de alta diversidad, la reducción de la calidad y cantidad de agua sea para riego o para consumo humano, la pérdida de territorio y la reducción y degradación de los suelos dedicados a las actividades agrícolas y ganaderas entre otros impactos.

En Venezuela, los planes de desarrollo suponen la construcción de grandes proyectos de inversión petrolíferos, gasíferos, carboníferos y de infraestructura, entre otros, que se distribuyen en alrededor de tres grandes ejes (el Occidental, el Oriental y el Orinoco-Apure) (ver gráfico 1).

1. Proyectos petrolíferos
El Plan de Siembra Petrolera (2005-2030) es uno de los más importantes y contempla los desarrollos Magna Reserva, Proyecto Orinoco, Proyecto Delta Caribe, Refinación, Infraestructura e Integración. Este plan de alto impacto negativo ambiental y sociocultural abarca gran parte del territorio nacional puesto que se localiza en el río Orinoco, áreas de plataforma deltana, en la fachada atlántica venezolana; en las aguas ubicadas al norte del estado Sucre, al oriente de Venezuela, y en las inmediaciones de la península de Paraguaná, al noroccidente del país, y el área fronteriza con Colombia (Amigransa, 2005).
En Venezuela, la discusión sobre los fuertes impactos negativos que produce la actividad petrolera ha sido considerada como “tabú”, pues, si bien es cierto que una parte importante de la actividad petrolera se localiza en zonas menos sensibles desde el punto de vista ecológico, existen impactos importantes debido a las emisiones, a los derrames y a la afectación de zonas ganaderas o agrícolas entre otras razones.

Quizás la negativa a visualizar los efectos perniciosos de la explotación petrolera tenga mucho que ver con la idea promovida por los medios de comunicación, tanto en éste como en gobiernos anteriores, que la antigua Petróleos de Venezuela (Pdvsa), hoy PDV, es una empresa ambientalmente limpia “que cuida el ambiente”. No obstante, los efectos negativos de la actividad petrolera van desde el nivel local hasta el internacional. A comienzos de 2009, el gobierno propuso aumentar la producción petrolera por lo menos en un 12%, lo que significaría una inversión de unos 18,4 millardos de dólares, justo cuando los precios del petróleo ya habían bajado significativamente 11 . De concretarse esta propuesta, se incrementarían los impactos ecológicos negativos tanto en las zonas de producción actual como en las nuevas áreas de producción.
Sin embargo, la crisis económica pudiera afectar negativamente tales planes e incluso hacer que la producción se reduzca aún más para mantener precios por decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a la que Venezuela pertenece. Finalmente, en medida que la crisis se ha acentuado y existe una contracción global de créditos, las probabilidades de llevar a cabo esta propuesta, que ya había sido hecha en 2008, disminuyen considerablemente.

2. Proyectos gasíferos
Los proyectos gasíferos tienen como propósito la generación de termoelectricidad con base en la producción de gas natural en el eje Orinoco–Apure. A nivel nacional, estos proyectos se ubicarían en los mismos espacios que las actividades petroleras por lo que las zonas de desarrollo petrolífero serían afectadas doblemente ya que los impactos negativos que generan las actividades gasíferas se solaparían con los de las actividades petrolíferas.

A nivel internacional, el proyecto más significativo es el Gran Gasoducto del Sur el cual afectaría múltiples localidades de Suramérica y Centroamérica y espacios de alta fragilidad ecológica e incluso comunidades indígenas por las zonas donde atravesaría en países como Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú.

Es preciso destacar que en febrero de 2009 Brasil anunció su decisión de no construir el gasoducto debido no sólo a los altos costos sino a las “dificultades” para atravesar la “delicada región amazónica sin perturbar gravemente” el ambiente (BBC, 2009). Sin embargo, tal como lo señala la organización ambientalista, Provita, “lamentablemente, lo ecológico no fue la razón principal

11 Según la noticia dada por El Nacional (20/02/2009) este precio de 18,4 millardos de dólares está “muy por encima del cálculo de 8 millardos de dólares que hizo en junio de 2008 el ex ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez).

por la que se detuvo el proyecto”; “fueron más de peso las razones económicas y políticas que las sociales y ambientales que deberían ser las de más peso” (BBC Mundo, 200).

Si bien Venezuela aún no se ha pronunciado sobre la decisión brasileña, pudiera continuar con los proyecto gasíferos a nivel nacional y mediante otras vías alternas al gasoducto (por ejemplo barcos) a nivel latinoamericano, pues la suspensión de los mismos afectaría sus pretensiones de hegemonía en la región.

3. Proyectos mineros

Contaminacion por actividad minera en Venezuela

Se tiene proyectada la ampliación de la explotación carbonífera en la sierra de Perijá y a pesar de que el elevado impacto ambiental y sociocultural de las actividades de explotación ya existentes ha generado el descontento y una serie de movilizaciones relevantes de las comunidades indígenas y de los ambientalistas. También se contempla la ampliación de la explotación del oro y diamantes en la Reserva Forestal de Imataca y la ampliación de la bauxita para la producción de aluminio en el eje Orinoco-Apure. Se trata de actividades de alto impacto negativo especialmente por las zonas ecológicamente sensibles y biodiversas donde se ubican las explotaciones.

3.1. El conflicto del carbón en el Zulia
Uno de los conflictos a destacar en la década chavista son las luchas que están librando los movimientos ambientalistas contra lo que denominan el modelo depredador neoliberal vinculado con la explotación del carbón en la sierra de Perijá. Con motivo del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo lugar en Caracas (García Guadilla y Lagorio, 2006), se realizaron varios seminarios críticos del neoliberalismo. En uno de estos seminarios auspiciado por el Foro Social Alternativo, los indígenas y ambientalistas expresaron fuertes críticas al Modelo de Desarrollo Bolivariano promovido por el gobierno del presidente Chávez debido a la no consideración de los impactos negativos de los proyectos de explotación minera como el carbón sobre las comunidades indígenas y el ambiente (Soberanía.org.ve, 2006). La marcha o movilización que se realizó como parte de las actividades del FSM contra “la explotación del carbón” y en apoyo de la protección de los territorios y el hábitat de los indígenas wayúu, yukpa y bari fue un ejemplo de diversidad y pluralismo Se movilizaron organizaciones tales como la red de comunicación alternativa (Amcla), el movimiento Ezequiel Zamora y otros movimientos de base afines a Chávez, en contra de la política de corte “neoliberal de un gobierno que tiene un fuerte discurso antineoliberal” (Soberan- ía.org.ve, 2006)

El Plan de Desarrollo Regional para el Eje Occidental asume que la ordenación territorial del Estado Zulia se basará en el carbón, el cual se considera como la actividad y la infraestructura de mayor importancia. Para el desarrollo de ese eje se prevé aumentar la producción de carbón de ocho millones de toneladas a 36 millones 12 . Dentro del iirsa, estos desarrollos mineros se vinculan con la construcción de grandes infraestructuras en el estado Zulia y en otros estados de manera de dar salida a los productos mineros 13 .
En contra de las premisas de los dos modelos de desarrollo propuestos (endógeno sustentable y bolivariano), los ambientalistas han destacado que la expansión minera obedece a factores exógenos y forma parte de “la estrategia de la globalización del Banco Mundial (BM), del Banco de Desarrollo Interamericano (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). El carácter de enclave de la explotación del carbón y los graves impactos negativos socioambientales derivados, junto con la infraestructura de soporte a los megaproyectos energéticos, generarán el deterioro de los bosques y la escasez de fuentes de agua potable; es decir, producirán el sacrificio de importantes actividades económicas de la zona como la agricultura y la ganadería afectando la soberanía alimentaria ya que el estado Zulia se autoabastece desde fines de los años 80, de productos agropecuarios y pesqueros cuya producción se vería afectada.

12 La explotación actual de carbón de ocho millones de toneladas anuales está localizada en Guasare, Mina Norte y Paso Diablo y para producir los 36 millones de toneladas se extenderá desde Guasare hasta Río Tarra, Río de Oro. También se incluye en este plan que para asegurar la salida extra del carbón de Cerrejón y Santander del Norte, Colombia, construir tres grandes puertos carboneros: Pararú, en el municipio Páez, Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo/San Carlos y en Palmarejo, en La Cañada de Urdaneta, dos puertos gabarreros de carbón en el sur del lago en las poblaciones de Encontrado y Santa Rosa, varias vías ferroviarias y más carreteras para sacar por dichos puertos el carbón mineral. La mayoría de estos planes obedecen al desarrollo exógeno.
13 Según la síntesis de la ponencia de Lusbi Portillo hecha por Hinostrosa ( 2008 ): “Para Lusbi Portillo, el Eje de Desarrollo Occidental es parte de la estrategia del Gobierno Norteamericano y las empresas transnacionales que buscan imponer en el ALCA Área del Libre Comercio para las Américas, el Plan Puebla Panamá (PPP) y el plan de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (iirsa), para controlar nuestra oferta de recursos naturales en el mercado hemisférico, teniendo al ALCA como mecanismo jurídico-administrativo aduanal, y al PPP e iirsa como mecanismos de ordenación espacial con sus planes de infraestructura vial, energética, eléctrica y biogenética, a la vez que utiliza a Venezuela como enlace necesario para la salida caribeña y atlántica de los productos del Mercosur (Eje de Desarrollo Oriental) y de la CAN, Comunidad Andina de Naciones (Eje de Desarrollo Occidental), y por ello la ampliación o apertura de grandes carreteras, la creación de ferrovías, vías fluvio-lacustres de salida privilegiada hacia Puerto América., en el Golfo de Venezuela”.
http://www.elistas.net/lista/lea/archivo/indice/1/msg/4938/&actn=findMsg&text=IIRSA (consultado el 05/07/2008) y “Venezuela perderá su soberanía en los proyectos de la IIRSA Venezuela perderá su soberanía en los proyectos de la iirsa”. Lusbi Portillo - Periódico Nuestra América Rebelde. Fecha de publicación: Domingo 17/10/04 12:40pm. Consultado en URL: http://www.aporrea.org/dameverbo.php?docid=51606

Portillo (2004): Esto es lo que explica el abandono a los indígenas wayúu a que ha sometido el Estado venezolano y los Gobiernos, inclusive el Presidente Chávez, al no desarrollar las cuencas de los ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí; por esta razón, a falta de carreteras, agua potable, electricidad, educación, puestos de salud para las comunidades wayúu asentadas zonas fronterizas del noroeste del Zulia.

Todo ello lleva a pensar que el Estado Zulia ha sido declarado por el gobierno como “Zona de Sacrificio Minero Petrolero” 14 (Portillo, 2004) Portillo (2004): “Al abrir nuestras fronteras y nuestro territorio a la iirsa nuestra soberanía será afectada mortalmente cuando su territorio sea cruzado por los cuatro puntos cardinales de distintas maneras para extraer más energía fósil y trasladarla a través de oleoducto por el Pacífico colombiano, o de un gasoducto desde la Plataforma Deltana al sureste de los Estados Unidos bajo la óptica del Plan Puebla Panamá (PPP) o de carbón barato de Santander del Norte, Táchira, Perijá, La Guajira y del noreste colombiano al mismo sureste norteamericano por el Mar Caribe/Océano Atlántico a través de la Vía Alterna sobre el Puente sobre el Lago y el Terminal Carbonífero de la Isla de San Bernardo, primer y quizás único modulo a construir en Puerto América en aguas del Golfo de Venezuela.

También se afectaría la soberanía nacional ya que según Portillo (2004), en lugar de fortalecer la integración multipolar como se desea, los beneficiarios con el desarrollo del Eje Occidental serían Colombia y Brasil y a través de este último, Estados Unidos quienes se beneficiarían incluso más que Venezuela.

3.2. La explotación minera en la Reserva Forestal de Imataca.

Tala de árboles, a la extracción aurífera y a la distribución y atribución ilegítimas del terreno en la selva de Imataca, decretada reserva forestal en 1968

Se trata de otro ejemplo que demuestra la continuidad de las políticas antiambientales del presidente Chávez con las de gobiernos anteriores. Bajo la presidencia de Rafael Caldera, en 1997 se promulgó el Decreto 1.850 mediante el cual se cambiaba ilegalmente el uso de la Reserva Forestal de Imataca, protegida bajo el régimen de administración especial, para incorporar la explotación minera (oro y diamantes) y aumentar la maderera. Tal como lo señalan las personas entrevistadas, la lucha la dieron en mayor grado las organizaciones ambientalistas a pesar de que en ocasiones se aliaron con los indígenas. Informante clave, experto ambiental (2008): Yo creo que las comunidades indígenas (…) fueron totalmente neutras. Ellos esencialmente no existían dentro de la problemática, no se hicieron sentir. La lucha de Imataca la llevó el sector ambiental, el sector indígena estaba como de espaldas a esto… 14 En la actualidad, el estado Zulia es la zona de más fuertes conflictos ambientales entre las comunidades indígenas y el gobierno ya que el rol tan relevante que se le ha asignado en el modelo de desarrollo extractivo y en los planes energéticos, minero y de infraestructura están interfiriendo con la demarcación de las tierras indígenas, algunas de las cuales se encuentran en zonas de desarrollo.

Las actividades mineras que con frecuencia se encuentran ubicadas en los territorios indígenas y zonas de alta sensibilidad ambiental han tenido un impacto negativo en la ecología de los bosques a través de la contaminación de los ríos, la inestabilidad ecológica y la afectación de las condiciones de vida de los pueblos indígenas asentados en dicha zona. Por estas razones y después de un informe de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional que corroboraba los daños irreparables en las zonas afectadas por el Decreto 1850, diversas organizaciones ambientalistas se movilizaron contra el mismo con base en “la ilegalidad del decreto” y lograron su suspensión en 2001 por sentencia del entonces Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Amigransa (2008): … uno de los éxitos más interesantes fue la lucha de Imataca por el mundo entero. Nosotros estamos en las Naciones Unidas como grupo y ten- íamos redes en Asia, en Latinoamérica, en Europa. Era un movimiento mundial.

(…). La primera demanda que se metió fue la nuestra, que fue a la Comisión de Ambiente del Congreso. Eran 4 demandas, pero la primera fue la de nosotros, estaba Alerta Petrolera y Audubon. Estaba bien sustentada, tanto que nos dan la medida precautelar que impidió que el Estado venezolano pudiese entregar nuevas concesiones en Imataca o crear infraestructura minera.

Sin embargo, contraviniendo la promesa que el presidente Chávez hiciera a los ambientalistas durante su campaña por la presidencia en 1998, en septiembre de 2004, se promulgó el Decreto 3.110 que derogaba el anterior, sin escuchar la opinión de las organizaciones. Mediante este decreto se abrió nuevamente la reserva forestal a la explotación minera y maderera, esta vez en el marco de un Plan de Ordenamiento y Regulación de Uso. Este nuevo decreto también fue cuestionado por las organizaciones ambientalistas:
UNES/Chunikai (2008): Nos preocupa mucho el alto porcentaje de la explotación forestal de Imataca porque es muy destructiva y, por supuesto, el tema minero que nos motivó a movernos en aquel entonces.
Si bien se redujo el porcentaje destinado a la minería, el Decreto 3110 no satisfizo las expectativas de las organizaciones ambientalistas e indígenas según las cuales se vulneraba el derecho de los pueblos indígenas a la demarcación de sus territorios, tal como lo establece la Constitución de 1999.

Además, se ponía en peligro un ecosistema frágil que debía ser protegido, incluso, de la intensa actividad de explotación maderera, altamente depredadora del ambiente según las experiencias que se tenían con otras reservas forestales en Venezuela. Las organizaciones ambientalistas también cuestionaron el no haber tomado en cuenta los nuevos derechos ambientales e indígenas resultantes del Proceso Constituyente de 1999. Además de que en el nuevo Reglamento de Uso de Imataca elaborado en la época de Chávez permitía la minería, algunas organizaciones ambientalistas y grupos de investigadores se quejaron de que no hubo participación de los afectados y no se tomaron en cuenta los estudios de impacto ni las investigaciones que habían sido contratadas:
Acoana (2008): En Imataca partimos desde la base, yo busqué alianzas estratégicas como el Ministro del Ambiente, con una empresa maderera y con la universidad, para hacer un diagnóstico que a nadie se le había ocurrido hacer. Era ver cuál era el impacto biológico de la extracción de madera, usando comunicadores. Presentamos propuestas de ordenamiento para reservorio biológico y preservar el componente genético. Con el Ministerio del Ambiente y la empresa maderera desarrollamos un programa de investigaciones, y eso después tuvo ciertas limitaciones.

Cuando surge el decreto 1.850, el Congreso con el IVIC y la Universidad de Guayana, nos solicitó un documento para rebatir algunos aspectos del decreto. …Era un momento cuando nadie sabía dónde estaba Imataca y mucho menos lo que era una reserva forestal. (……)-Aquel decreto salió atendiendo una instrucción de arriba que venía a estimular la producción minera. Después de eso, cuando se revoca el decreto, cambia el gobierno y nos llamó muchísimo la atención que a pesar de haber estado involucrados en todo esto, no fuimos convocados para ese nuevo decreto que salió. Nos llama más todavía la atención, que sale una publicación sobre Imataca, editada por el Ministerio del Ambiente, y ni siquiera se habían citado los trabajos de investigación que habíamos hecho nosotros en la reserva. Eso deja mucho que desear sobre el proceso, porque el gobierno no consideró lo que se hizo. Fueron múltiples las estrategias utilizadas en contra de ambos decretos: diagnósticos, investigaciones, cartas, denuncias, comunicados, conformación de redes, etc.

Forja (2008): … en Imataca, no solamente hicimos un análisis profundo del caso sino que demandamos el decreto 1.850 con otros grupos y aquella demanda paralizó el decreto, eso fue en alguna medida una victoria, pero no paralizó las acciones y la gente siguió arruinando Imataca, por esa carencia de Estado. En el grupo, sacamos un comunicado y recalcamos que nos considerábamos un grupo de trabajo sino informativo. Mandó Forja varias cartas al Ministerio y nunca fueron respondidas, ni los argumentos tomados en cuenta. Después aparecieron con el decreto supuestamente consultado. Denunciamos otra vez que no aprobábamos el decreto y que está- bamos dispuestos a enfrentarlos.

Experto e informante clave (2008): El problema es que no ha habido un verdadero proceso de consulta. Si ha habido unas formalidades que se cumplieron desde el punto de vista de dar a conocer el plan. Pero realmente no hubo un verdadero diá- logo, no lo hubo en el 1850 y no lo hubo ahora con el 1310. Lo que si hubo fue un mayor número de eventos informativos, de reuniones convocadas por el ministerio, (…) Pero se supone que las reuniones eran el escenario para debatir, y allí no se debatió; ahí simplemente se expuso. Yo puedo decir con convencimiento, que proceso de consulta no ha habido… Esta falta de participación, además de frustrar las expectativas creadas por el presidente Chávez, causó un profundo malestar y desaliento entre las organizaciones ambientalistas:
Fudeci (2008): … El problema de la minería es (que como ) es ilegal no existe para el Estado y no tiene ningún tipo de control. Venezuela jamás ha recuperado un bosque, ¿qué nos hace decir que ahora con este reglamento del Imataca si se va a cumplir la Ley?. Con la nueva constitución se les reconoce a los indígenas sus terrenos de uso, eso explica un poco el conflicto entre las comunidades indígenas y la minería, pero el que sale perdiendo siempre es el indígena. El papel de las ONG’s es ayudar al Estado a desarrollar al país, ambientalmente hablando. Las ONG’s siempre somos complementarias en el trabajo ambiental, tanto en educación ambiental como en investigación y trabajo con las comunidades. En Venezuela, los Ministerios se sienten dueños de la política y desconocen a muchas ONG’s. Hay proyectos para los que ellos no nos han pedido consulta. Una de las cosas que uno siempre critica es la falta de transparencia, las concesiones, los permisos, o sea, si el gobierno realmente quisiera tener el apoyo de las ONG’s o de la sociedad civil, debería ser más transparente, de manera que no haya lugar a dudas o alguna desconfianza. El problema en este tipo de conflicto es que los políticos tratan de utilizar o de manipular las ONG’s a su conveniencia. Fíjate tu lo que pasó, el gobierno actual se opuso a Imataca y ahora tuvieron que sacar un decreto exactamente igual al que existía antes.

4. Construcción de grandes infraestructuras
El Iirsa implica la construcción del Puerto de las América que afectarán negativamente desde el punto de vista ambiental las islas del golfo de Venezuela en el estado Zulia, además de múltiples localidades de Suramérica y Centroamé- rica. Estos proyectos se vinculan estrechamente con los planes y políticas de integración energética latinomericana (ALBA) propuestos por el Presidente Chávez e implican la construcción de las grandes infraestructuras de apoyo a los nuevos oleoductos, gasoductos y líneas de transmisión de energía eléctrica propuestos.

Estos proyectos que se originan en Venezuela atravesarán e impactarán negativamente desde el punto de vista ambiental y socio-cultural también a países como Brasil, Argentina, Colombia y Panamá entre otros. Tales impactos apenas se mencionan dentro del iirsa; quizás ello se deba a que, hasta el momento, la problemática ambiental no ha representado un tema relevante para el ALBA.

En la VI Cumbre del ALBA (2008), realizada en Venezuela, se constituyó formalmente el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y entre las funciones o actividades que se les asigna se encuentran las de proponer nuevos proyectos:
VI Cumbre del ALBA … asumir una destacada tarea como promotor, articulador y ejecutor de las políticas de unidad emanadas de los acuerdos Grannacionales ya alcanzados, como asimismo la de proponer nuevos proyectos Grannacionales elaborados por los propios movimientos sociales... Sorprende que no se incluyan las actividades de carácter ambiental a pesar de que los movimientos ambientalistas y los indígenas venezolanos y latinoamericanos han rechazado los “megaproyectos de desarrollo” económico (gasoductos, oleoductos e infraestructura) que constituyen la esencia del ALBA por ser ambientalmente incompatibles con un desarrollo sostenible no sólo en Venezuela sino también en la región latinoamericana y del Caribe.

Al referirse a los proyectos contemplados en el iirsa, Amigransa (2005) señala: Amigransa: Los proyectos iirsa atentan contra la integridad de los recursos naturales, ponen en riesgo la soberanía de los pueblos y fronteras de Venezuela y otros países suramericanos y en algunos casos podrían transformar su geografía, como en el caso de la pretendida interconexión de los ríos Orinoco, Río Negro, Amazonas, y La Plata violentando maravillas de la naturaleza como lo es el Brazo Casiquiare en el Amazonas Venezolano, que conecta el río Orinoco con el río Negro. La Unión Latinoamericana impulsada por el Proceso Bolivariano Venezolano pretende ser integradora pero en la práctica termina siendo neo-colonizadora, al utilizar la potencialidad energética y económica de Venezuela para convertirse en el nuevo país prestamista e inversionista latinoamericano.

Uno de los desarrollos de grandes infraestructuras se ubica en el denominado Eje Oriental que se extiende en los estados Bolívar, Sucre, Anzoátegui y Monagas. En este eje se tiene proyectada la construcción de un puerto de alcance continental (puerto Sucre) en la península de Araya del golfo de Cariaco del estado Sucre el cual tiene como objetivo facilitar la salida de los productos mineros de Guayana y Bolívar así como también el de estimular un mayor desarrollo de los estados Sucre, Anzoátegui y Monagas. La magnitud de la infraestructura requerida (megapuerto multimodal, construcción de carreteras, vías ferroviarias y puentes sobre el río Orinoco, dragados de los ríos Orinoco, Apure y Portuguesa, construcción del proyecto hidroeléctrico de Tocota sobre el río Caroní para aumentar la generación de energía hidroeléctrica) generará fuertes impactos ambientales y socio-culturales.

Según los detractores ambientalistas, el Eje Oriental beneficiará más a las multinacionales brasileñas y a sus aliados, los capitales estadounidenses, que a Venezuela; por lo tanto, de igual manera que con el desarrollo propuesto para los ejes Orinoco-Apure y Occidental, éste no incorpora precisamente los requisitos del “desarrollo endógeno”.

4.1 El tendido eléctrico hacia Brasil: ¿sacrificio para la integración energética?

La construcción del tendido eléctrico hacia Brasil causó un impacto sobre el ambiente y las comunidades

En la misma zona de Imataca, una obra de gran escala con impactos ambientales, ecológicos y humanos de gran importancia, fue el tendido eléctrico en el estado Bolívar, dentro del Parque Nacional Canaima. Esta obra fue iniciada durante la segunda presidencia de Rafael Caldera año 1997 y retomada por el gobierno del presidente Chávez quien la inauguró a pesar del rechazo de los pueblos indígenas. Su objetivo fue suministrar energía eléctrica a Brasil y a las actividades mineras que se desarrollan en la zona. En 2002, el Presidente de la República participó en rondas de negociación con los pueblos indígenas pemones debido a su descontento con el proyecto, logrando dividir los en dos grupos: aquellos que apoyaron el proyecto y los que continuaron rechazándolo.

Audubón (2008): … con el Tendido Eléctrico los indígenas de repente estaban de un lado y luego estaban del otro, tú tienes grupo ambientales que van del centro a la izquierda con los cuales yo comulgo y con los cuales yo he tenido encontronazos.

El rechazo activo y sostenido de algunas comunidades indígenas no frenaron las obras en marcha. Según uno de los expertos e informante clave entrevistado para el estudio del Fonacit (García-Guadilla, 2008):
Experto e informante clave (2008): Las primeras manifestaciones de calle que enfrentó este gobierno fueron causadas por el Tendido Eléctrico. El objetivo perseguido con estas manifestaciones y movilizaciones era, según las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos:
Red de Apoyo (2008): … la lucha de los pueblos indígenas por la identidad, por el reconocimiento, por la autonomía, por la autodeterminación, por la no invasión, por el sentido de pertenencia de territorio.

India (2008): … en defensa de los valores de la humanidad, de la naturaleza, del ambiente, la dignidad de los pueblos, los derechos de esos pueblos, entre ellos el más fundamental y el que fue violentado en este caso, el derecho a la autonomía, a la autodeterminación, a la autogestión o autodesarrollo. Inclusive los derechos espirituales que tienen los indígenas, cuando se pasa el Tendido por encima de áreas de culto o áreas sagradas. Defendían también la prevalencia de su cultura. Amigransa (2008): Aparte del daño ecológico, y estético, de la violación a la norma, se pasa por encima de la cultura y los pueblos indígenas, (…) eso es lo que trae como consecuencia el desarrollo de ese tendido eléctrico, 700 kilómetros de vía.

A diferencia de Imataca, los indígenas que participaron activamente en el conflicto del tendido defendían no sólo los valores ambientales conjuntamente con los ambientalistas sino también principios propios como la autonomía, la salvaguarda de su identidad y el derecho a tomar sus propias decisiones, todos los cuales fueron incorporados en la Constitución de 1999. Experto e Informante clave (2008): Ahora, con el tendido eléctrico sí fue diferente.

La posición de los indígenas era defender el valor de ser ellos los dueños, los que tomen las decisiones en su propio espacio. Llegó el gobierno y entró dentro de sus espacios con un proyecto, sin haberlos consultado, sin haberlos tomado en cuenta.

Obviamente los valores que ellos estaban defendiendo eran los valores de la autonomía, los valores de su propia defensa como grupo humano que necesitan tener en sus manos su destino. Incluso los indígenas no estaban defendiendo los valores o los principios que defendían los ambientalistas.
Además de las demandas de identidad cultural, autonomía y autodeterminación y de los cuestionamientos de índole legal y técnico, las organizaciones rechazaban el impacto ambiental y sociocultural que generaría el tendido eléctrico dada la insuficiencia de los estudios de impacto ambiental realizados y la no existencia de un estudio de impacto socio-cultural a pesar que la Constitución de 1999 así lo exigía. También se cuestionaba la racionalidad del modelo de globalización hegemónica que sustenta este tipo de proyectos.

India (2008): Detrás había un modelo de desarrollo vinculado a la globalización hegemónica que implica una ampliación de mercado, de los comercios, de la disolución de las fronteras económicas. Eso pasa por infraestructuras de gran escala, por acuerdos entre empresas de gran escala. Nada que tenga que ver con los pueblos, y mucho menos con la vigencia de sus derechos, esa era la racionalidad.

Audubón (2008): Había mucho temor con el impacto ambiental; allí lo que en realidad hay es un impacto ambiental por el tendido, porque terminó yendo a lo largo de la carretera. Ese impacto a mi me preocupaba y nunca tuvimos fondos para verificar si habían aves muertas por los cables, debido a los patrones de vuelos, por ejemplo, loros que van y vienen. No había esa información y eso me preocupaba A diferencia del caso de la Reserva de Imataca, algunas de las organizaciones indigenistas fueron más activas y participaron en acciones contra la construcción de la obra; incluso, se establecieron alianzas entre los ambientalistas y los indígenas puesto que ambos cuestionaban los severos impactos ecológicos y culturales. No obstante, las organizaciones ambientalistas opinaban que el protagonismo les correspondía a los propios indígenas y que por tanto, su papel era el de darles apoyo.

Amigransa (2008): El tendido es una infraestructura minera, se mandaban cartas que eran efectivas en esa época con una movilización hacia la Presidencia de la República, el Congreso y ministerios. Eso impresionó también al gobierno. Se impresionó de la capacidad de la sociedad civil y de los grupos ambientalistas para sacar toda la información que nos rebotaban los indígenas; era información sobre el caso del muchacho que mataron por el tendido, las agresiones a los indígenas…

Forja (2008): En el caso del tendido eléctrico nosotros consideramos que era necesario que el rol principal lo tuvieran los indígenas y lo que hicimos fundamentalmente fue apoyarlos en declaraciones y en intensas actividades, a impulsar el trabajo de ellos y fueron ellos los que lideraron eso, sobre todo en la parte final. Llegó un momento en que después se tomó la Embajada de Brasil. De forma semejante al caso de Imataca, las organizaciones expresaron la falta de información de los actores involucrados sobre el tendido eléctrico, la ausencia de consulta a los afectados y la negación al diálogo por parte de los representantes del gobierno. En los momentos más álgidos del conflicto, el gobierno instaló una mesa de negociación coordinada por el entonces vicepresidente Isaías Rodríguez, donde además participaban los grupos ambientalistas e indígenas. No obstante, sin mediar razones, la mesa fue abruptamente suspendida coincidiendo con la salida de Isaías Rodríguez de la Vicepresidencia.

Red de Apoyo (2008): Hablé con personas comunes de la aldea y había gente que no sabía de lo que se estaba hablando y ya el conflicto tenía dos a tres años en pie.
Es más, cuando hicimos una caravana, por lo de Imataca y lo del tendido eléctrico y escribimos con grafito en nuestros carros, había gente que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Claro, llegar al total de la población es un asunto muy delicado y siempre va a depender de los intereses de los medios, aún así hubo suficiente cobertura, pero no fue un tema de opinión general, básicamente porque en la sociedad venezolana el tema ambiental se restringe al libro rojo, los pajaritos, el arbolito, etc., pero no había modelo de desarrollo.

Experto e Informante clave (2008): El problema es que no hubo un verdadero proceso de consulta (…) hubo reuniones casi clandestinas, nadie se enteró”. India (2008): Del punto de vista técnico y legal, se saltaron las normativas. Pero aquí lo que imperó fue la razón de la fuerza.

A pesar de la falta de receptividad gubernamental, las organizaciones destacan que “su mayor logro fue llamar la atención sobre un tema de importancia”. Quizás ello se debió a que, a través del uso de los medios de comunicación, lograron que el problema se transformara en un hecho políticamente significativo.

Forja (2008): … las movilizaciones han tenido el efecto de ayudar a sensibilizar a la ciudadanía y en alguna medida como mecanismo de presión para el Congreso.

El conflicto por el tendido eléctrico apenas se ha iniciado ya que el gobierno venezolano anunció a comienzos de 2009 que Brasil “aumentará significativamente sus importaciones de energía eléctrica de Venezuela” para lo cual se contemplan construir nuevas líneas de transmisión de energía entre Venezuela y la Amazonía brasileña de manera de ampliar sustantivamente las “compras actuales de 250 megavatios a entre 3.000 y 4.000 megavatios” (El Nacional, 2009) Dada la fragilidad ecológica y sensibilidad socio-cultural de los ecosistemas por los que debe de atravesar, adicionalmente a los impactos ambientales y socio-culturales que generarán la construcción de la infraestructura necesaria para trasladar la energía a Brasil, se agregarán los que derivan de la construcción de nuevas represas en el sur de Venezuela.

El aumento de la producción de energía hidroeléctrica se conecta también con los planes de incrementar la producción industrial del aluminio y del acero.
No obstante, la demanda y los precios de tales productos se han visto fuertemente reducidos como consecuencia de la crisis económica mundial; por tanto, no parece necesario un aumento tan sustantivo de la producción de energ- ía eléctrica a costa de la construcción de grandes represas con fines económicos desde la perspectiva de la “precaución ambiental” 15 . En contraste con la idea que se tenía en el pasado de que la hidroelectricidad proporcionaba una “energía limpia” que no dañaba al ambiente, los estudios demuestran que la construcción de grandes represas en ambientes bio y culturalmente diversos conlleva a grandes sacrificios socio-ambientales tanto en el corto como en el largo plazo. Al agotarse la vida útil de la represa, se acentúan aun más los efectos adversos sobre la salud y los costos ecológicos.

Adicionalmente, la construcción de grandes represas implica, además de los altos costos ambientales, sacrificios de territorio, y por ende, pérdida de soberanía nacional en aras de un proyecto expansionista y, por qué no, imperialista que desde el punto de vista económico beneficiaría en mayor grado a Brasil que a Venezuela. Por otro lado, resulta paradójico que, frente a la exportación actual de energía eléctrica a Brasil y, más aún, de los planes para ampliar tales exportaciones, exista un grave deterioro y escasez del suministro eléctrico nacional el cual se viene acentuando desde la nacionalización de las empresas que comercializaban la energía eléctrica: ¿cómo estas situaciones se compatibilizan con un desarrollo endógeno sustentable? .

Sin embargo, estos grandes planes adquieren una lógica desde la perspectiva del ALBA, pues se conectan con las pretensiones que tiene Venezuela de hegemonía en el Caribe y en Latinoamérica. No es casual que la información sobre la construcción de nuevas líneas de transmisión de energía para exportar a Brasil coincidieron con el pedido del presidente Lula Da Silva a “los reacios senadores del congreso brasileño” para que aprobaran el ingreso de Venezuela Al Mercado Común Suramericano (Mercosur) 16 . Refiriéndose al Parque Nacional Canaima por el cual atravesaron las grandes torres de transmisión del tendido eléctrico a Brasil, la organización ambientalista, Audubón destacó:
Audubón (2008): Lo más preocupante era la vejación a la majestad del parque. Tú creas un Parque Nacional y tú lo creas a perpetuidad y tú no lo tocas bajo ningún concepto. Bueno el asunto es que comienzan a surgir todas las teorías de todo el mundo, y nosotros nos damos cuenta de que la parte económica es bien importante porque se está mancillando un Parque Nacional en aras de un contrato que para Venezuela no tiene ningún beneficio. A cuenta de qué, tú tienes que empeñar tu Parque Nacional para

15 Las incertidumbres ambientales que suponen la falta de información científica sobre los impactos negativos que tienen las grandes represas en ambientes frágiles desde el punto de vista ecológico deberían llevar a tomar decisiones con base en el criterio de “precaución ambiental: abstenerse de actuar antes de conocer los impactos y poder controlarlos.
16 Venezuela solicitó su admisión como quinto miembro al Mercosur en julio de 2006; si bien su pedido fue aprobado por Argentina y Uruguay, no tiene aún el respaldo legislativo de Brasil y Paraguay

conseguir que te acepten en el Mercosur para ganar indulgencia con Brasil.

Sacar el aspecto político de la discusión seria una gran cosa, si se pudiera dejar eso de lado y pensar en el país. Allí una de las cosas más necesarias es hacer un ordenamiento territorial y desafectar no en base a que esta es la zona donde se tiene la concesión.

Construyendo el modelo de desarrollo sostenible: Democracia ambiental y la cuestion del poder
El modelo de desarrollo bolivariano visto por los ambientalistas
Las organizaciones han destacado que el paradigma de desarrollo no ha cambiado con la llegada del presidente Chávez; se trata de un cambio del discurso dentro de las mismas prácticas. También se preguntan si es posible concretar propuestas de desarrollo sustentable en una economía extractiva basada en los combustibles fósiles. La organización ambientalista Amigransa lo tipifica de la manera siguiente:
Amigransa (2008): Ese modelo no sólo mantiene el viejo paradigma, sino que profundiza el modelo de desarrollo capitalista y neoliberal basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, donde lo ambiental está totalmente subordinado y la participación protagónica de las comunidades y movimientos sociales se desestima (…). Este modelo ha traído la destrucción irreversible de los recursos naturales con la consecuente pérdida de diversidad biológica, el aumento del endeudamiento y la dependencia, la asociación con empresas trasnacionales de conocida trayectoria anti-ambiental y vulneradoras de los derechos humanos y un sin fin de contradicciones que terminan impidiendo un proceso auténticamente transformador que erradique la pobreza y garantice la soberanía política, económica y ambiental de nuestro país.

Por su parte, una de las representantes del Grupo Ecológico Mujer y Ambiente (GEMA) entrevistadas destaca:
GEMA (2008): Todavía el modelo no ha cambiado; para mí, cambiaron muchas cosas pero el modelo sigue estando centrado en la explotación de recursos naturales, del petróleo, del oro, del carbón y para mi eso tiene que cambiar. De la misma forma se expresa la organizaron ambientalista Acoana: Acoana (2008): El desarrollo minero sigue siendo la estrategia importante para este gobierno, este gobierno dice que le está dando peso al desarrollo energético del país (…) El Ministerio del Ambiente sigue siendo el responsable por la conservación del ambiente, pero el gobierno sigue privilegiando un modelo de desarrollo que es destructivo del ambiente.

Según el movimiento ambientalista, la aplicación de los macroplanes descritos ocasionan y ocasionarán elevados costos y graves impactos ecológicos y socio-culturales tanto en el medio ambiente como en las comunidades indígenas. Ello revela que se trata del viejo paradigma y de la profundización de un modelo de desarrollo no sostenible desde el punto de vista ambiental muy diferente al que visionan los ambientalistas. El documento de Amigransa, GAUS y otras organizaciones, (Amigransa, 2005), el cual sirvió de base para convocar al seminario alternativo del Foro Social Mundial (FSM), realizado en Caracas en el 2006, destaca textualmente: El modelo bolivariano de desarrollo que se está implementando en Venezuela hace inalcanzable ese "otro mundo posible" por el cual luchamos los pueblos del mundo, pues no sólo mantiene el viejo paradigma, sino que profundiza el modelo de desarrollo capitalista y neoliberal basado en la sobre-explotación de los recursos naturales, donde lo ambiental está totalmente subordinado y la participación protagónica de las comunidades y movimientos sociales se desestima... (www.amigransa.blogia.com).

(GEMA) (2008): … cómo creer en un proyecto (…)si tiene sus bases en la misma búsqueda de producir, producir, producir, en el mismo sistema económico. Me explico, es decir producir, producir, producir, pero producir para qué y para quién Dentro del modelo bolivariano, los conflictos en materia ambiental no son considerados relevantes por parte del Estado, pues éste no los toma en consideración para definir prioridades en materia de política pública. Es por ello que las políticas expuestas presentan serias contradicciones con la normativa legal y con los valores de protección ambiente.

Provita (2008): Siempre han existido problemas ambientales en el país (…) las debilidades que veo es que no hay mecanismos de aplicación de todo lo que se ha establecido y no hay mecanismo de control y vigilancia, de que se apliquen las sanciones. En el área ambiental es raro ver una persona que sea sancionada por destruir un bosque o alterar el curso de un río, hacer un ecocidio de fauna en su proceso de cacería, cosas así sabemos que hay. En los últimos años se ha notado una especie de desaliento hacia el sector ambiental, se ha visto como más prioridad hacia el aspecto de ordenamiento mercantilista de la nación, aunque tenemos un marco legal bastante completo.

UNES/Chunikai(2008): Nos afecta a nosotros como tal (…) la situación de los bosques o de la selva tropical al sur del Orinoco; entre ellos la Reserva Forestal de Imataca, el Parque Nacional Canaima, la cuenca alta del Caroní, la Reserva Forestal Caura y Amazonas. Los intereses desarrollistas del Estado han estado siempre allí, la diferencia es que ahora se manejan en unos niveles de oscuridad, unas situaciones que nadie conoce y se disfrazan con un discurso populista y que para darle recursos a los pequeños mineros que hace que se distorsione la información. No sabemos qué está pasando en el sur de Venezuela. (…) Esto no es una lucha de los malos contra los buenos, sino de concepciones atrasadas que desconocen una realidad mundial.

Democracia ambiental y la cuestión del poder
El discurso del ecosocialismo parte de una ética democrática ya que la democratización económica o socialización de las fuerzas productivas significa que las grandes decisiones sobre la producción y la distribución serán tomadas por “la sociedad misma después de un debate democrático y pluralista en el cual se opongan las propuestas y las opciones distintas” (Koven y Lowy, 2005). Esta ética se consideraría como condición necesaria para la introducción de otra lógica socioeconómica y de otra relación con la naturaleza; es decir, contribuiría a la transformación del modelo civilizatorio.

A pesar de que los diferentes autores que han hablado del ecosocialismo del siglo XXI parten de las ideas anteriores, en la praxis del llámese desarrollo endógeno sustentable o ecosocialismo del siglo XXI no se aborda la pregunta fundamental:¿cómo trascender la democracia local que es la prioridad y donde se pudiera incidir en decisiones tales como la dotación de los servicios básicos de agua, cloacas y recolección de desechos entre otros y participar también en la definición y construcción del modelo de desarrollo sostenible? Es decir, ¿cómo incidir también en la protección de los parques nacionales, en la reducción de los niveles de contaminación, en la protección de las fuentes de agua e, incluso, en decisiones de política de mayor alcance como los planes de desarrollo nacionales o en las estrategias de integración internacionales? Más aún ¿cómo transformar al individuo y, de esta forma, al modelo civilizatorio? Si bien la participación es un derecho constitucional que la “democracia participativa” promueve, en la definición de los planes y políticas de desarrollo y en las decisiones sobre el Modelo de Desarrollo Bolivariano, resulta más un mito que una realidad. A diferencia de algunos países latinoamericanos como Brasil e incluso Bolivia, en Venezuela la organización social que constituye el tejido social bolivariano no es el resultado de la participación o el consenso entre ciudadanos sino que está siendo promovida desde el Estado; es decir, ha sido creada o impuesta desde arriba, frecuentemente mediante decreto presidencial, por el presidente Chávez. Este hecho pudiera afectar la autonomía de tales movimientos; al respecto, Rafael Uzcátegui destaca lo siguiente:
Uzcátegui (2006): Parte de la desmovilización de los movimientos sociales responde a esta lógica: haber tomado partido y haber asumido, a ciegas, la agenda política impuesta desde arriba, postergando sus propias reivindicaciones. Otro capítulo corresponde a las expectativas creadas por parte de los activistas sociales frente a un gobierno “progresista y de izquierda”, portavoz de un discurso que ha asumido el lenguaje de los propios movimientos, pero cuya política concreta va en otra dirección.

Las relaciones de cooptación, bien sea por parte del gobierno o de los partidos políticos de la oposición, han sido relativamente frecuentes en los últimos tiempos debido al escenario tan polarizado que existe en el país y del que no escapan las organizaciones ambientalistas, a pesar de que en ellas este fenómeno no es tan marcado como en las nuevas organizaciones bolivarianas (García-Guadilla 2008a). En este sentido, Venezuela es un escenario pertinente para adelantar algunas consideraciones sobre los retos de “las transformaciones” y la obtención por parte de los movimientos sociales del poder necesario para lograrlas, pues existen dos posiciones en torno al rol de los movimientos sociales y su correspondencia con la revolución bolivariana (GarcíaGuadilla y Lagorio, 2006). Mientras algunos ven con entusiasmo las alianzas entre el gobierno y algunas manifestaciones sociales, hay otros que alertan sobre las posibilidades de cooptación por parte del gobierno. Algunos analistas han propuesto que hay que olvidarse de la autonomía de los movimientos sociales y centrarse en la cuestión de la hegemonía. De hecho, en el seno del FSM (2006) 17 de Caracas se reprodujo el debate que se viene dando desde los primeros foros de Porto Alegre sobre la necesidad o no de “tomar el poder” y ejercerlo como condición para llevar a cabo las transformaciones sociales que se propugnan (García-Guadilla y Lagorio, 2006). Mientras los defensores de la toma del poder argumentaban que éste es útil y necesario para instrumentar cualquier proyecto de transformación social, sus detractores advirtieron que el poder político concentra fuerzas contrarias a un proyecto de emancipación. Tal como lo demostró la experiencia de este FSM, la discusión está lejos de ser resuelta y requiere abordar algunas consideraciones sobre el poder y sobre la relevancia que tiene tal discusión en el escenario político venezolano tanto para el gobierno como para los propios movimientos sociales.

De la experiencia venezolana, se desprende que la posibilidad de que los movimientos sociales se mantengan autónomos no depende sólo del gobierno o de los partidos políticos, ya que tales movimientos se manejan dentro de diferentes contextos o escenarios, los cuales, dependiendo de su origen, identidades y cercanía del poder, facilitan o dificultan la posibilidad de establecer bien sea relaciones de cooptación o de autonomía. Ello lleva a múltiples interrogantes que se esbozan a continuación con el propósito de servir de orientación a futuras investigaciones, puesto que no constituyen el objetivo de este trabajo: ¿cómo conceptuar o re-conceptuar la “autonomía” y el “poder” cuando el gobierno, al menos a nivel retórico, expresa los mismos intereses y parte de principios ideológicos propios de los movimientos sociales?, ¿cómo interpretar la relación Estado-sociedad cuando el marco constitucional incluye los

17 En el FSM, sobre todo en el Foro Alternativo organizado por grupos ambientalistas venezolanos, se cuestión la implantación de prácticas depredadoras del medio ambiente y que atentan contra derechos garantizados en la Constitución de 1999, como el derecho que tienen los indígenas a la salvaguarda de su identidad (Foro Alternativo). También, en algunas mesas de este foro, se discutieron temas ambientales en su acepción más amplia: "Políticas energéticas, impactos socio-ambientales y construcción de una plataforma energética de los pueblos", "Ecología y socialismo", "Construyendo la democracia participativa para el desarrollo sustentable", "No a la mina, la mina contamina", y "Visión crítica del modelo depredador.

derechos demandados por los movimientos sociales y éstos se dirigen al gobierno como garante de tales derechos?, ¿cómo determinar el balance óptimo entre apoyo crítico y autónomo y cooptación social desde el poder?, ¿existe una diferencia entre la revolución bolivariana y el Estado bolivariano?, ¿quién es el sujeto que hace la revolución?, ¿se puede crear desde arriba el movimiento social o implantar desde el gobierno, las transformaciones sociales? Desde aquellos que se oponen al gobierno: ¿cómo articular redes desde la sociedad organizada dentro de una situación de polarización política, como la que existe en Venezuela?, ¿hasta qué punto pueden trabajar juntos organizaciones y movimientos oficialistas y opositores? Bossi (2008) señala que quien insiste en “la autonomía de los movimientos sociales quedó relegado al corporativismo, oponiendo autonomía a hegemonía y renunciando a la lucha por la construcción del ‘otro mundo posible’, que pasa por la conquista de los gobiernos, para afirmar derechos dado que el neoliberalismo es una máquina de expropiación de derechos”. Destaca que la lucha de los movimientos sociales tiene una dimensión política acorde al momento histórico y que éstos deben “acompañar permanentemente a la lucha de los gobiernos revolucionarios, impulsando las transformaciones estructurales de la sociedad, combatiendo en todos los frentes a la contrarrevolución y acelerando los procesos de unidad nuestramericana”. En franca discrepancia con los movimientos sociales que se consideran como los portadores de nuevos valores, lenguajes, códigos y símbolos y, por tanto, los paladines de los cambios del modelo civilizatorio, Sader (Bossi, 2008) señala que los movimientos sociales no son cruciales para lograr las transformaciones estructurales: “Nunca los movimientos sociales, autónomamente, dirigirán o han dirigido un proceso de transformación en la sociedad”.

Para hacerlo, tuvieron que construir un partido, lo que implica restablecer “una nueva forma, las relaciones con la esfera política, para poder construir una hegemonía alternativa”
Por lo tanto, uno de los desafíos del movimiento ambientalista en particular y de los movimientos sociales en general, sobre todo de aquellos que manifiestan afinidad ideológica con el modelo bolivariano, es cómo obtener poder para lograr la transformación de las relaciones sociales y del modelo de desarrollo vigentes sin caer en las redes clientelares gubernamentales que podrían facilitar su cooptación y consiguiente pérdida de autonomía. Debe de destacarse que en Venezuela las manifestaciones de poder autónomas, o las de contrapoder para emplear el término que usan Hart y Negri (2002), están teniendo dificultades para expresarse y/o se están redefiniendo. Tal como lo expresó en el FSM el teórico John Holloway (2002):
… en el caso de Bolivia, Venezuela y Brasil, no hay que decir de antemano que no es posible cambiar la sociedad desde el estado (…) El gran peligro que hay en Venezuela (…) es que el movimiento desde arriba vaya tragando y comiendo al movimiento desde abajo, como pasó en la Unión Soviética y en Cuba

El desafío, por tanto, es cómo visibilizar la supuesta democracia “participativa-ambiental” que, según el discurso presidencial, debería estar fundamentada en “el soberano o pueblo organizado”, es decir, en los movimientos sociales y lograr las transformaciones del modelo civilizatorio que se requieren para un desarrollo sostenible. Pudiera plantearse la hipótesis de que los movimientos sociales venezolanos se visibilizan y empoderan cuando se alían con determinadas estructuras de autoridad, sea el gobierno o los medios de comunicación, y que, paradójicamente, al establecer estas alianzas tienden a perder su autonomía y a desmovilizarse como movimientos sociales 18 .

El mito de la sustentabilidad del ecosocialismo del siglo XXI en Venezuela
El modelo de desarrollo venezolano está atado a la explotación de sus recursos naturales; el hecho de que el Estado sea el dueño de los principales recursos naturales y medios de producción y que sus discursos enfaticen la sustentabilidad no garantiza un modelo de desarrollo sustentable. Se ha responsabilizado al “capitalismo salvaje y a las políticas neoliberales” y, en consecuencia, a la propiedad y explotación privada de los recursos por un mayor deterioro ambiental. Sin embargo, la realidad venezolana demuestra que la explotación de recursos naturales o su transformación (petróleo, minería, hidro-electricidad, aluminio, acero, petroquímicas, etc.) por parte del gobierno no sigue los lineamientos del discurso ecosocialista; por el contrario, reproduce las prácticas tildadas de “neoliberales o del capitalismo salvaje” en materia ambiental generando impactos negativos tan fuertes o mayores que en el pasado. Hace más de una década (García-Guadilla y colaboradores, 1997) se cuestionó fuertemente la sustentabilidad del modelo de desarrollo existente bajo la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, cuyos lineamientos fueron diseñados dentro de la transición política y de los nuevos escenarios que abrió la crisis de los años 90. Doce años más tarde, los escenarios político-sociales han cambiado e incluso se ha incorporado el discurso crítico antineoliberal, sin embargo, la lógica que orienta el proceso de desarrollo y, sobre todo, el modelo civilizatorio detrás de éste hacen inviable, al igual que en el pasado, la sustentabilidad a largo plazo del modelo propuesto.

La percepción del neoliberalismo como el causante de todos los males en Venezuela no es siempre cierta, ya que existen males que continúan e, incluso, pueden exacerbarse dentro de gobiernos que se definen como antineoliberales, como lo es este caso. A diferencia de algunos gobiernos que se tildan de antineoliberales, el neoliberalismo ha desarrollado algunos controles a tales impactos para asegurar la supervivencia del modelo

18 Esta hipótesis será desarrollada en otros trabajos.

El antineoliberalismo al enfatizar desmedidamente lo económico se olvida muchas veces de los impactos negativos de sus propias políticas de desarrollo económico sobre los indígenas, las mujeres, el ambiente y la población en general. Basta mencionar las movilizaciones a favor de la vida, el ambiente, la identidad cultural y, en general, los derechos sancionados en la Constitución bolivariana de 1999 que desplegaron los indígenas y ambientalistas contra la explotación y expansión de los desarrollos carboníferos de la sierra de Perijá en el Foro Social Mundial realizado en Caracas en enero de 2006. Los indígenas y ambientalistas, a los cuales se sumaron movimientos sociales como la red de comunicación alternativa (Amcla), el movimiento Ezequiel Zamora y otros movimientos de base afines a Chávez, quienes se movilizaron contra la política de corte “neoliberal” de un gobierno que tiene un fuerte discurso antineoliberal. Ello indica que, si bien el discurso antineoliberal pudiera ser un paso para la instrumentación de un modelo más justo, la falta de consideración de los nuevos derechos dentro de una visión pluralista pudiera indicar que no lo es todo.

Si bien a nivel discursivo, el presidente Chávez y algunos voceros institucionales como el MARN reniegan del capitalismo y del neoliberalismo, el modelo de desarrollo bolivariano previsto para orientar las políticas económicas del 2001-2030, sigue siendo la continuación y ampliación del actual modelo extractivo lo que implica la generación de fuertes impactos ambientales y supone una racionalidad de carácter desarrollista, instrumental y neoliberal.

Kovel y Lowry (2002) plantean en el Manifiesto Ecosocialista resultante del Taller sobre Ecología y Socialismo realizado en Vincennes, Paris, que una sociedad con un alto grado de armonía con la naturaleza debería llevar a “la extinción de la dependencia de los combustibles fósiles” los cuales, consideran como consustanciales al capitalismo industrial. Eliminar tal dependencia “puede proporcionar la base material para la liberación de los países oprimidos por el imperialismo del petróleo” y reducir el calentamiento global y otros problemas que se desprenden de la crisis ecológica. De ello se desprende que Venezuela deberá resolver la paradoja que se desprende de ser una sociedad de economía dependiente de la producción y exportación de combustibles fósiles si desea lograr un modelo sustentable. El dilema que se presenta es: ¿cómo prescindir de los combustibles fósiles para lograr un desarrollo sostenible? y ¿cómo puede mantener las pretensiones de hegemonía en la región Latinoamericana y del Caribe si prescinde de éstos? Es un hecho que hasta el momento el gobierno ha descuidado los problemas ambientales y no se ha preocupado por los impactos ambientales que pueden generar sus políticas, tendiendo a descalificar las críticas del movimiento ambientalista acusándolos de “antipatriotas e imperialistas” como lo hizo a quienes criticaron el tendido eléctrico a Brasil (García-Guadilla, 2001). Por otro lado, los costos ambientales y socio-culturales negativos que se desprenden de la ampliación de la frontera minero-petrolera prevista en los planes no se distribuyen de forma equitativa, siendo, por lo general, las comunidades indígenas las más afectadas. El modelo, además, vulnera los derechos constitucionales a un ambiente sano que tienen los venezolanos. Al menos ésta es la visión que tienen los ambientalistas quienes concluyen que, en lugar de un modelo alternativo de desarrollo sostenible, el modelo de desarrollo bolivariano representa la continuación y acentuación del viejo modelo “liberal, desarrollista y capitalista”.

Los múltiples conflictos que han movilizado a las organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos revelan la existencia de un conflicto de racionalidades o de valores y derechos constitucionales entre los diferentes actores, difícil de resolver (García-Guadilla, 2001). Cada uno de los actores involucrados tiende a expresar visiones diferentes e, incluso, antagónicas sobre la forma de resolver los problemas; todas ellas se basan en la Constitución de 1999. Según la visión, se priorizaban diferentes derechos constitucionales y formas de democracia. Por ejemplo, mientras que el gobierno priorizó el derecho al desarrollo económico, inscrito en la Constitución, al estimular el desarrollo forestal de Imataca y el proyecto del tendido eléctrico, los ambientalistas defendieron los derechos ambientales de protección de una zona ecológicamente sensible. Por su parte, las comunidades indígenas se dividieron entre quienes defendían los derechos a la identidad cultural y al ambiente y los que se alinearon con los argumentos y ofertas de tierras y otros beneficios del presidente Chávez y se pusieron del lado del desarrollo económico. Por otro lado, mientras las organizaciones ambientalistas, indígenas y de derechos humanos privilegiaron la relación directa con el Estado sin pasar por la mediación institucional o de los partidos políticos lo que implica una apelación a la democracia “participativa” cuasidirecta para resolver los conflictos, el gobierno terminó desconociendo las demandas y valores constitucionalizados de estos grupos al tomar las decisiones unilateralmente.

En síntesis, ni la constitucionalización de las demandas ambientales, ni la propiedad gubernamental de los principales recursos naturales, ni el discurso antineoliberal, antiimperialista y antiglobalización del gobierno, ni siquiera su propuesta discursiva del ecosocialismo del siglo XXI han sido suficientes para transformar el modelo de desarrollo neoliberal y capitalista imperante en Venezuela. Por todas las razones expuestas en este artículo, dicho modelo no parece ser sustentable ambientalmente ya que los planes y políticas de desarrollo previstos no han cambiado la lógica productivista, instrumental y desarrollista de los modelos anteriores.

Kovel y Lowy, (2002) destacan que el ecosocialismo debe ser entendido “como una línea de razonamiento encaminada a ser un nuevo sistema socioeconómico, basado en una lectura de la crisis actual y las condiciones necesarias para superar dicha crisis social y ecológica”. En este sentido, las posibilidades de un ecosocialismo del siglo XXI en Venezuela pasan, en primer lugar, por superar la profunda brecha que existe entre el discurso y la realidad del modelo de desarrollo haciendo una lectura objetiva de la crisis ambiental, y, en segundo lugar, por la construcción colectiva de tal modelo.

Del lado de los movimientos ambientalistas, también se requiere de una lectura objetiva sobre la crisis socio-ambiental y de una formulación de propuestas realistas y de carácter alternativo vinculadas con las identidades propias. Se requiere también de mayor articulación para aumentar su capacidad de “construir significados, lenguajes y símbolos nuevos”. La gran heterogeneidad ideológica y las diferencias de clase social (sea entre los ambientalistas, entre los indígenas y ecologistas, o entre los ecologistas y algunos sectores populares) dificulta tal lectura y formulación de propuestas articuladas. Esta heterogeneidad ha contribuido al distanciamiento interno y ha dificultado las alianzas que existieron en el pasado alrededor de los intereses estratégicos de los ambientalistas. Todo ello ha influido para que el movimiento ambientalista ampliado haya perdido poder. Por ejemplo, las diferencias de identidades y, por tanto, de intereses, al interior de cada uno de los actores que conforman el movimiento ambientalista, tuvo efectos negativos en el establecimiento de alianzas estratégicas en algunos de los conflictos; por ejemplo, los indígenas se dividieron a favor y en contra del tendido que promovió el presidente Chavez y no todos los indígenas afectados por la explotación del carbón en el Zulia se han sumado a los reclamos. En la toma de los indígenas yukpas de fincas que supuestamente se encuentran en las tierras que reclaman como propias, con base en la demarcación que se está realizando de acuerdo con la Constitución, no participa toda la etnia. Finalmente, algunos indígenas se incorporaron en las actividades de la minería en la Reserva Forestal de Imataca o en algunas de las cuencas principales.

Resulta plausible que, dadas la gran heterogeneidad ideológica de los grupos que apoyan al presidente Chávez y la falta de un proyecto ideológico claro y compartido al interior del movimiento chavista, puedan tejerse estrategias que no necesariamente tengan como referentes al neoliberalismo o al antineoliberalismo. Este pudiera ser el caso de los movimientos sociales ambientalistas e indígenas, que, si bien son antineoliberales por definición y muchos de sus miembros apoyan a Chávez, trascienden tal dicotomía en la medida que cuestionan el modelo civilizatorio y demandan la transformación de la racionalidad política, cultural, de género, social y ambiental por mencionar algunas de sus dimensiones. Sin embargo, pueden existir rasgos neoliberales conviviendo con expresiones discursivas antineoliberales como es el caso del modelo de desarrollo económico venezolano.

La concepción de transformación revolucionaria implícita en el modelo de desarrollo no es diferente al de los años 60 y en todo caso sus lineamientos vienen desde arriba. Desde entonces, los movimientos sociales que han surgido y que demandan no sólo valores materialistas, sino también el respeto a los derechos humanos, a la cultura propia, a la equidad de género y a un ambiente sano, no pueden ser entendidos exclusivamente de acuerdo con la lógica neoliberal o antineoliberal porque ambas pueden ir en contra de la promoción de estos valores. Por ejemplo, en Venezuela, Brasil y Argentina, donde los gobiernos tienen un discurso y supuestamente unas estrategias antineoliberales, las comunidades indígenas, los movimientos ambientalistas y las personas desplazadas por los grandes proyectos de infraestructura y desarrollo se encuentran movilizadas en contra de los grandes proyectos carboníferos, petrolí- feros, y de construcción de oleoductos, gasoductos y grandes obras de infraestructura que son precisamente la supuesta base de un nuevo modelo de integración llamado ALBA. Muchas de estas decisiones, originadas en Venezuela, se han tomado de manera unilateral y no participativa y al igual que su contendor, el ALCA, prioriza valores económicos neoliberales sobre derechos sancionados constitucionalmente.

La verdadera revolución según Mires no se da sólo en los planos económico y social sino también en el cultural, ambiental y de género; es decir, significa un cambio del modelo civilizatorio. En ese sentido, el modelo de desarrollo bolivariano, al igual que en el caso de otros gobiernos de izquierda, puede generar resistencia y movilización en contra de parte de los movimientos sociales antineoliberales y antiglobalización por tratarse de un modelo depredador del medio ambiente que ocasiona elevados impactos negativos en las comunidades, sobre todo indígenas: ¿se puede hablar de justicia, equidad social y solidaridad cuando el modelo de desarrollo no toma en cuenta la dimensión ambiental o la equidad intergeneracional; cuando sacrifica el bienestar y el derecho a la identidad cultural de sus comunidades indígenas en aras del desarrollo económico o de una integración latinoamericana (llámese ALCA o ALBA) que trasciende las expectativas de bienestar de los actores nacionales cuando no reconoce el impacto negativo que tienen los megaproyectos que se diseñan (llámense éstos gasoductos, oleoductos o grandes obras de infraestructura) y cuyos costos se invisibilizan en aras de una nueva visión sobre la integración latinoamericana?; ¿puede hablarse de un modelo revolucionario que no estimule prácticas y relaciones más equitativas con el ambiente, con sus comunidades y con las generaciones futuras?

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