LUCHA POR LA TIERRA Y AUTODEFENSA DE LOS TERRITORIOS

Conflicto Interfluvio Teuco Chaco (Alfredo Galarza)
El interfluvio Teuco-Bermejito está ubicado en el Departamento General Guemes de la provincia de Chaco (Republica Argentina). El área comprende 214.000 hectáreas, en la actualidad 150.000 de ellas son propiedad de la comunidad aborigen mientras que las 64.000 restantes han sido destinadas a la relocalización de la población criolla.

Al final delcapitulo 5, en este libro, comentamos cierta lógica del sistema capitalista estatal urbanocéntrico colonial moderno, en el cual al principio del proceso de colonización de población, privilegia a hombres y mujeres no indígenas para impulsar un ciclo de acumulación de capital. Casi siempre el proceso de acumulación de capital, se rige por un modelo productivo que considera al ecosistema un recurso y que ya esta internalizado en las y los colonos que vienen a repoblar el territorio, que se despoja a los pueblos originarios por medio de la violencia.

Lo paradógico del modelo de colonización capitalista, es que privilegia el asentamiento de población criolla al comienzo, y luego cuando las lógicas de acumulacion de capital entran en declive, se termina despojando y pauperizando a esa misma población criolla que fue privilegiada en un principio. Se podría decir que la lógica sistémica chupa, absorbe todo lo posible y luego escupe los recursos que le han dado vida, sean estos humanos o no.

A fines del siglo XIX comenzó la llegada de pobladores criollos (provenientes de Salta) al Interfluvio Teuco- Bermejito con el fin de llevar a cabo actividades ganaderas. La llegada de los criollos fue conflictiva, pues en dicho territorio habitaba el pueblo qom, por lo que se produjeron enfrentamientos armados entre ambos grupos.

El asentamiento de los criollos estuvo apoyado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, por lo que la corporación militar permitió saldar las fricciones ocasionadas (Balazote, 2002:167). Las disputas territoriales entre criollos y tobas llevaron a que en 1919 se reunieran varias comunidades del Interfluvio para ver cómo solucionar este problema.

Posteriormente, un grupo de ancianos tobas viajó a Buenos Aires para plantearle su situación al presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quien decidió otorgarles 150.000 hectáreas de tierras por medio de un Decreto firmado el 19 de Febrero de 1924, donde estipula que la Dirección General de Tierras deberá facilitar la concentración de los indígenas dentro de la superficie indicada y que será exclusivamente para el uso de los mismos. Es importante mencionar que la población toba ya ocupaba las 150.000 hectáreas de tierras otorgadas por el presidente Alvear; sin embargo, no tenían seguridad jurídica sobre las mismas.

A pesar de que el Decreto de 1924 establecía que las 150.000 hectáreas ubicadas en el Interfluvio Teuco – Bermejito eran para uso exclusivo de los tobas del norte, la Dirección General de Tierras, de la provincia del Chaco, dictó una resolución que permitió que pobladores criollos y gringos se asentaran en dichas tierras, razón por la cual, el gobernador Juan S. Mac. Lean pidió el desalojo de los intrusos dentro de la Reserva Aborigen (CELS, 1991:16). Los reclamos del Gobernador no fueron escuchados y comenzaron a llegar más inmigrantes a la zona.

A partir de 1924, el auge de las explotaciones algodoneras y forestales en el Interfluvio fue muy fuerte; sin que los pobladores tobas y criollos pudieran oponerse, dada la precaria tenencia de la tierra que detentaban (Balazote, 2002: 167). Por medio de la Ley 14037 dictada en 1951, el Chaco dejó de ser territorio nacional y pasó a ser provincia. Dicha Ley estableció que toda la legislación vigente hasta ese momento en el territorio tenía continuidad; sin embargo, en 1955, el Decreto de 1924 fue anulado, quedando esas tierras comprendidas bajo el régimen de la Ley No 16 de tierras para su venta. Esto permitió que se vendieran muchas de las tierras que estaban comprendidas dentro de la Reserva Aborigen y que los compradores adquirieran títulos de propiedad (Barrios, 2005:4).

Los reclamos tobas no se hicieron esperar y en 1957 hubo una reunión en Pampa del Indio con motivo de la celebración del día del Indio Americano y el reclamo de los derechos de los indígenas por la tierra. Fue durante este mismo año que se creó la Dirección Provincial del Aborigen con el objetivo de que el gobierno provincial atendiera las demandas de la población indígena. En 1974, los delegados tobas viajaron a Buenos Aires para solicitar ante el Gobierno, la propiedad de las tierras que les había concedido el presidente Alvear. Cinco años después, el gobernador Palacios entregó 10.000 hectáreas en el paraje Olla Quebrada (dentro del Interfluvio). La titularidad de las mismas se otorgó en propiedad individual adjudicándose 50 hectáreas por familia; sin embargo, “la superficie adjudicada no cumplía lo pactado dado que significaba sólo 6.6% de las 150.000 hectáreas prometidas. Por otra parte, de manera inconsulta se avanzaba sobre el tipo de propiedad (individual) al tiempo que se resolvía sobre las dimensiones de las unidades económicas sin tener en cuenta las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias tobas involucradas” (Balazote, 2002:168). En 1986, el Instituto de Colonización vendió 50.000 hectáreas dentro de la Reserva Aborigen (Asociación Meguesoxochi y SCI, 1989, documento interno). Estas fueron las primeras ventas de tierras que el Instituto de Colonización hizo en el Teuco – Bermejito a hijos de inmigrantes llamados comúnmente “gringos.” De igual manera, en 1987, se vendió un lote de 8.125 hectáreas a la empresa Delgado Neuquén (Asociación Meguesoxochi e INDES, 1995:1, documento interno).(Jimena Ramos Berrondo)

La ocupación del territorio del Interfluvio responde pues a la coexistencia de población aborigen asentada desde tiempos lejanos y una corriente de pobladores blancos dedicados a la ganadería que se inserta luego de la derrota militar de los primeros. La competencia territorial hizo que las relaciones entre criollos y aborígenes fueran conflictivas, aunque esto no significa que muchas relaciones de vecindad no se hayan construido en base a confianza y cooperación.

En el territorio habitan familias criollas, tobas y wichis; debido a ello se configura un escenario interétnico signado por la multiculturalidad. Las actividades productivas más importantes son: la ganadería desarrollada casi exclusivamente por unidades domésticas criollas, la caza, pesca y recolección llevadas a cabo históricamente por familias aborígenes, pero que hoy, ante la crisis económica también son practicadas por numerosos grupos criollos pauperizados y la cosecha del algodón. Esta última actividad ha sido últimamente dejada de lado por parte de los productores locales debido a su falta de rentabilidad. La crisis de las modalidades productivas locales así, como los cambios acaecidos en los procesos de trabajo de los cultivos industriales (como el algodón) que limitan notablemente las posibilidades de inserción laboral estacional, agrava las condiciones de subsistencia de las familias del interfluvio.

Los procesos de avance de las fronteras agrarias, la implantación de las agroindustrias y la especialización en la producción de cultivos industriales, la creciente concentración del capital y las variaciones acaecidas en la composición orgánica de capital de cada rama productiva con significación en la región han modificado las condiciones de vida de las unidades domésticas asentadas en el interfluvio.

El stock ganadero esta conformado mayoritariamente por vacunos y caprinos siendo significativo el porcentaje de ovinos porcinos y equinos. Según el Relevamiento realizado por el Proyecto Integrado Teuco-Bermejito realizado en el año 2.000, los pobladores del interfluvio poseen 15.345 vacunos (40,20%), 12.197 caprinos (32.20%), 5.517 porcinos (14,30%), 3.844 ovinos (10.10%), y 1.213 equinos (3.20%) lo que arroja un total de 38.116 cabezas. La cantidad de cabezas corresponde al censo ganadero realizado a 310 grupos domésticos criollos asentados en el área, lo que representa 122, 9 cabezas por unidad productiva. Bajo estos datos se encubre la gran heterogeneidad de los productores ganaderos del interfluvio. Una considerable proporción de Grupos Domésticos se encuentra sumamente pauperizado y sus estrategias de vida se asemejan a la población aborigen. A medida que desciende el número de animales cobra mayor importancia la caza, pesca y recolección y la venta ocasional de fuerza de trabajo.

La diferenciación social de los ganaderos es realmente significativa. Un reducido número de productores ocupa grandes extensiones y disponen de más de trescientas cabezas de ganado mayor, incorporando ocasionalmente fuerza de trabajo asalariada. Frente a este caso (por cierto excepcional teniendo en cuenta las condiciones de vida del resto de la población criolla), encontramos un amplio conjunto de grupos domésticos que disponen de escasas cabezas de ganado y deben "salir a hacer changas" fuera de su predio o a mariscar en el monte para garantizar su subsistencia.

La comercialización de la producción ganadera se realiza en el ámbito local/regional. Los precios abonados por el ganado en pie son sumamente bajos y el pago se lleva a cabo en plazos que oscilan de uno a tres meses. La mayor parte de los productores trasladan el ganado a las localidades urbanas de Castelli y Villa Río Bermejito, ambas situadas en el Departamento General Guemes. Esto ocasiona grandes pérdidas a los ganaderos dado que es muy significativa la disminución de peso ocasionada por el desplazamiento de los animales. Es importante señalar que la calidad del ganado es mala, el acceso a nuevas tecnologías y créditos que permitan revertir estas condiciones es muy limitado y la comercialización de su producción sumamente dificultosa.

La ausencia de controles sanitarios, la carencia de asistencia técnica y la dificultad para acceder a nuevas tecnologías impiden iniciar procesos de reconversión productiva. Debido a esto la actividad ganadera del interfluvio se centra en el abastecimiento de los mercados locales. Pese a las limitaciones señaladas, esta actividad es muy importante para los pobladores criollos ganaderos, dado que la mayor parte de los ingresos se originan en la venta de animales en pie, siendo además muy significativo el aporte proteico a la dieta familiar.

La ganadería es concebida como incompatible con las prácticas agrícolas y el desarrollo de chacras por muchos productores del interfluvio. La incursión de los animales en huertos y sembradíos destrozando los cultivos origina fuertes disputas entre vecinos. Esto sucede por la ya señalada ausencia de alambrados que delimiten tanto los predios como las áreas específicas destinadas a cada proceso productivo. El conflicto adquiere una dimensión claramente étnica en la medida que los ganaderos son criollos y las familias especializadas en plantaciones y chacras son mayoritariamente aborígenes.

El discurso de los pobladores criollos remite a otros aspectos. Su llegada a la región es recordada como una contribución a la civilización. Es a partir del poblamiento de sus mayores llevado a cabo a principios de siglo que pudo transformarse una tierra hasta ese momento concebida como improductiva. El pionerismo surge en la medida que se consideran como avanzada de la civilización y el orden, un orden que permitió el afianzamiento del Estado nación. La representación del espacio indígena como un ámbito poblacionalmente vacío (terras nullis) culturalmente atrasado y económicamente improductivo resultó funcional para justificar el proceso de apropiación territorial y la implementación de mecanismos que permitieran la valorización de la fuerza de trabajo indígena.

En consonancia con estas representaciones, los pobladores criollos del interfluvio enfatizan que ellos han contribuído al afianzamiento de un orden productivo local y esto es merced al trabajo realizado como ganaderos. La representación que hacen de la categoría trabajo presenta algunos aspectos interesantes. Es trabajo aquello que modifica la naturaleza y las prácticas económicas que requieren trabajo son sólo aquellas que ellos desarrollan. Las actividades de caza, pesca y recolección realizadas por aborígenes no constituirían desde esta concepción, trabajo. Se las remite o bien al ámbito de la naturaleza simplificando las prácticas como una relación interespecies o bien se les confiere un aspecto lúdico y recreativo. Mariscar es una actividad más próxima al entretenimiento que a una penosa búsqueda de la subsistencia diaria.

La producción ganadera esta circunscripta al abastecimiento local y dispone de nulas posibilidades de ampliar sus márgenes de comercialización. Además, las distancias a los principales centros de consumo constituye una difícil barrera a superar. Este escenario parece colocar a la población del interfluvio en los márgenes del sistema. Producen mercancías cada vez menos apetecibles, aún para los poco exigentes mercados locales. A su vez la inserción en el proceso de trabajo de los cultivos industriales de la región es año a año mas dificultosa. Los grupos domésticos del interfluvio producen mercancías no requeridas y fuerza de trabajo que no tiene mayores posibilidades de inserción en las actuales condiciones de producción. Una de las explicaciones mas frecuentes de este cuadro de situación consiste en ponderar los avances tecnológicos de manera tal que muchas formas productivas van quedando rezagadas y por tanto pierden competitividad y vigencia.

Esta concentración de capital que implica una gran modificación en la composición orgánica de capital de cada rama productiva hace que muchos prácticas productivas (como es el caso de la ganadería) pierdan sus posibilidades. Otras explicaciones enfatizan la incidencia del proceso de globalización económica en ámbitos locales (entendido en principio en sus aspectos meramente arancelarios que facilitan la libre circulación de mercancías) dando cuenta de la extinción de prácticas productivas a partir de las características de los mercados no ya regionales o nacionales sino mundiales. En este sentido, la competencia y las fluctuaciones del precio internacional del algodón afectaría de manera decisiva a los grupos domésticos aborígenes que se ven obligados a abandonar, por lo menos transitoriamente, su producción algodonera (perdiendo así su condición de pequeños productores). Multiculturalidad y economía: El caso del interfluvio Teuco-Bermejito (Juan Carlos Radovich - Alejandro Balazote)

Dos características importantes del Teuco Bermejito son su heterogeneidad y su alto grado de dispersión territorial. A su vez, el territorio está conformado por 24 parajes separados por grandes distancias, hecho que dificulta la comunicación entre los diferentes grupos poblacionales. Incluso, existen varios asentamientos de familias que viven en zonas donde es imposible acceder con vehículos. Los servicios básicos (salud y educación) son escasos y se concentran, sobre todo, en el principal poblado, El Espinillo.

El desarrollo de las comunidades tobas del Interfluvio solo se entiende a partir de los vínculos que han tenido con las ONG e iglesias. A principios del siglo XX, llegaron al Chaco los primeros misioneros protestantes que tuvieron contacto con los tobas. Posteriormente, en 1964, se estableció la Junta Unida de Misiones (JUM), la cual ha tenido una participación muy importante en la recuperación de tierra a través de compras y gestiones ante el Instituto de Colonización (IC).

La JUM ha tenido un rol fundamental en la formación de líderes tobas a través de la fundación del Centro Educativo Rural El Colchón (CEREC), donde hasta el día de hoy se imparte educación bilingüe, así como cursos sobre el manejo de huertas, apicultura y cría de ganado lechero. Fue en este centro donde se formaron el primer diputado toba, Nieve Ramírez, y el que fuera presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Orlando Charole. A partir de los años ´70, llegaron al Interfluvio Teuco -Bermejito diversos delegados del Servicio Civil Internacional de Bélgica (SCI), una ONG fundada en 1920 para promover la paz y los servicios internacionales a través del voluntariado. Algunos de los proyectos que realizaban eran la creación de huertas para el cultivo de zapallo, melón y sandía.

A través de la experiencia de trabajo que tuvieron la JUM y el SCI con los aborígenes, se fueron percatando de como los intrusos los despojaban de sus tierras y les cortaban los árboles de sus predios. Durante los ´80 se intensificaron las ventas de tierras y las autorizaciones de tala de montes en el Teuco – Bermejito, hechos que “amenazaron la subsistencia de los tobas y dinamizaron su proceso de movilización y concientización étnica” (Balazote, 2002, p. 168). Ejemplo de lo anterior, fue la organización de una asamblea de 200 representantes de 52 comunidades aborígenes reunidos en el poblado de Quitilipi, donde reclamaron la venta de tierras que hizo el gobierno provincial y la efectivización del Decreto de 1924, por medio del cual el Presidente Alvear decidió otorgar 150.000 ha de tierra a los tobas del Teuco Bermejito. El problema era que nadie poseía una copia del Decreto, la JUM y el SCI se habían enterado de éste por medio de charlas que habían sostenido con ancianos tobas de la comunidad y porque los títulos de propiedad de tierra de los pobladores criollos decían: “Reserva Aborigen.”

Fue así como el SCI, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), logró encontrar el Decreto de 1924 en el Archivo de la Nación; y comenzaron a agilizar los trámites que debían hacerse para su ratificación, así como la búsqueda de fondos para la mensura de las 150.000 ha, condición previa y necesaria para la entrega del Título Comunitario. Por su parte, los tobas organizaron diversas asambleas comunitarias en los parajes de Lapelolé y Olla Quebrada donde reunieron cerca de 1000 personas de las 15 comunidades tobas del Teuco – Bermejtito, así como aborígenes que provenían de Formosa y Resistencia. Durante las asambleas se hizo énfasis en el reconocimiento de los derechos territoriales adquiridos y la defensa de las tierras otorgadas por Alvear. Además, se planteó la importancia de reivindicar la cultura y las tradiciones del pueblo toba, rescatando los relatos de los ancianos de las comunidades, quienes contaron la importancia de la relación armónica entre los tobas y la naturaleza, así como sus ritos y creencias. Fueron estas reuniones y otras realizadas anteriormente, la base de la creación de la Asociación Meguesoxochi en 1989, cuyo nombre fue elegido en honor al guerrero toba que defendió las 150.000 ha del ejército argentino durante el siglo XIX. La asociación con personería jurídica era el requisito necesario para la obtención del Título Comunitario de Tierras. La Comisión Directiva de la Asociación está integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Además, acordaron elegir representantes indígenas y no indígenas así como asesores técnicos jurídicos y colaboradores comprometidos con su causa.

El proceso que siguió a la conformación de la Asociación Meguesoxochi fue duro y difícil, pues fue necesario superar diferentes conflictos al interior de la organización. Uno de los debates más fuertes radicó en que algunos tobas buscaban que les entregaran títulos de propiedad individual mientras que otros defendían la entrega de un Título Comunitario. Para los dirigentes de la Asociación Meguesoxochi, se debía priorizar la propiedad comunitaria sobre la individual, ya que, si se otorgaban títulos de propiedad individual sería más largo y costoso el proceso de mensura de tierras. Asimismo, pensaban que la entrega de títulos individuales llevaría a que varios vendieran sus tierras y quedaran nuevamente sin tierra. En todos estos conflictos intervinieron las organizaciones del tercer sector como la JUM y los delegados belgas, mismos que acompañaron a los tobas durante todo el proceso. Mientras que los indígenas contaban con el apoyo de diversas organizaciones del tercer sector, los criollos no contaban con ningún tipo de ayuda ni asesoramiento por parte de ninguna organización. Las asambleas entre aborígenes y el Gobierno con motivo del inicio del proceso de la ratificación de las tierras, así como las mensuras que comenzó a realizar el IDACH; provocaron incertidumbre y señales de alerta entre la población criolla.

La lucha de la Asociación Meguesoxochi por el Título Comunitario de tierras afectó a las familias criolla de la zona, pues cuando éste fuese entregado quedarían legalmente como intrusos, y por ende, tendrían que salir del territorio. Esto movilizó a un grupo de familias criollas para conformar la Comisión de Ganaderos de la zona del Teuco – Bermejito, teniendo como objetivo pedirle al gobernador Danilo Baroni y al IC que respetaran sus derechos adquiridos sobre las tierras. Sin embargo, estos intentos fueron en vano pues el gobernador Baroni ratificó el Decreto de 1924 por medio del Decreto 116/91, en el cual se establece que los ocupantes no aborígenes dentro de las 150.000 ha debían ser desalojados y compensados con tierras fuera de la Reserva Aborigen.

Para celebrar la ratificación del Decreto de 1924 se hizo una ceremonia en Olla Quebrada junto con el Gobernador y los ministros del Chaco. Por su parte, el gobierno nacional manifestó su apoyo a la comunidad toba por medio de la visita del presidente Carlos Menem al Interfluvio Teuco - Bermejito, donde reiteró públicamente que la restitución de las 150.000 hectáreas era un hecho y que sólo faltaba proceder a mensurar la propiedad antes de entregar el Título Comunitario de tierras. Además, se comprometió a apoyar el Proyecto de Mensuras por medio del Fondo Nacional Arraigo. El Fondo Nacional Arraigo constaba de $350.000, y fue entregado al gobierno provincial para que el Instituto de Colonización ejecutara las mensuras, mismas que fueron realizadas sin discutir el presupuesto con el resto de las organizaciones involucradas, y sin tomar en cuenta la participación de la Asociación Meguesoxochi y de los pobladores criollos en el Proyecto. El descontento de los tobas y los criollos aumentó cuando el Instituto de Colonización autorizó la ampliación de mensuras a familias de ganaderos de Sáenz Peña en medio de la Reserva Aborigen, por lo que decidieron cortar la ruta 68 durante 10 días en señal de protesta (Asociación Meguesoxochi e INDES, 1995:4, documento interno). Por su parte, el SCI logró posicionar los reclamos de la comunidad toba a nivel internacional.

El reconocimiento del Decreto de 1924 marcará el inicio de diversos conflictos en distintos niveles. Por un lado, se incrementaron las tensiones entre las organizaciones comunitarias y el Instituto de Colonización. En este sentido, los criollos y los tobas denunciaron que el IC hizo un mal manejo del Fondo Nacional Arraigo, concediendo escaso margen de participación a las asociaciones comunitarias; y otorgando autorizaciones para la ampliación de mensuras a ganaderos de Sáenz Peña dentro de la Reserva Aborigen. Todas estas quejas y descontentos de la población se cristalizaron en la conformación de la Comisión Mixta Interministerial (CMI), donde participaron organizaciones del tercer sector (JUM, Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, Instituto Nacional de Desarrollo Social y Promoción Humana e Instituto de Cultura Popular), los representantes de las asociaciones indígenas y el gobierno provincial. El objetivo la Comisión fue dar celeridad al proceso de entrega de tierras a la población aborigen en el marco del contexto de la reforma constitucional de 1994 y la aprobación de los artículos 37 y 42 de la constitución de la provincia.

A nivel local, el reconocimiento del Decreto de 1924 significó una lucha entre aborígenes y criollos, donde se debate quién es el dueño legítimo de las tierras y quiénes tienen derecho sobre las mismas. Estas tensiones se trasladaron al ámbito de las ONG que ejecutaron proyectos de desarrollo durante el periodo de 1991 -2000. Así, mientras algunos técnicos compartían la visión de que el territorio debía ser para uso exclusivo de los tobas, otros pensaban en un uso compartido entre éstos y la población criolla.

En 1999, el contexto político de la provincia del Chaco favoreció que predominara la visión de la relocalización de la población criolla, dejando de lado algunas propuestas que había hecho el INDES, en conjunto con la Meguesoxochi, para permitir que las familias criollas permanecieran en el territorio aborigen. Esto se debió, principalmente, al proyecto de reelección del gobernador Rozas y a la venta de tierras fiscales. Es decir, si los criollos hubieran permanecido como ocupantes dentro de las 150.000 ha, el Gobernador hubiera tenido que compensar a la Asociación Meguesoxochi con tierras fuera de la Reserva Aborigen. Esto hubiera implicado un costo económico y político muy alto, ya que hubiera tenido que abrir un proceso de investigación para averiguar a quiénes les fueron concedidas las tierras fiscales y revertir las adjudicaciones otorgadas. Además, diversas ONG sostienen que Rozas fue muy hábil para cooptar a líderes tobas y criollos a través del ofrecimiento de puestos en el IC y la municipalidad, por lo que esto permitió que los presidentes de las asociaciones comunitarias apoyaran su proyecto de relocalización.

Finalmente, en diciembre de 1999, el Estado Provincial, entregó el Título Comunitario de las 150.000 ha a las comunidades toba del Interfluvio, lo que constituyó la mayor restitución de tierra a los indígenas en propiedad comunitaria en la historia del país. A partir de este momento, los criollos conformaron la Asociación de Familias Criollas Organizadas por las Tierras del Interfluvio (FORTIN), cuyo objetivo radica en dar cumplimiento a la Ley de Re-localización, por medio de la cual se firmaron convenios de relocalización entre el IC y las familias criollas , en estos se contemplaba: la adjudicación en venta de una parcela; la construcción de una vivienda rural; la provisión de agua potable; y el acceso a créditos para la apertura de áreas cultivables. La organización FORTIN estuvo conformada por los mismos líderes criollos que en su momento integraron la Comisión de Ganaderos de la zona del Teuco-Bermejito.

A la entrega del Título comunitario y la ratificación de la Ley de Relocalización comenzaron a ponerse en marcha acciones de gestión territorial en el Teuco – Bermejito, fue así como un profesor y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), entre ellos una funcionaria de la Secretaria de Planificación y Evaluación de Resultados (SPER) y un líder del Servicio Internacional de Bélgica (SCI) decidieron apoyar al gobierno provincial en el diseño del Proyecto de Desarrollo Integrado Interfluvio Teuco Bermejito (PDITB). Para ello, se propuso la conformación de una Comisión Mixta Provincial (CMP), cuyas principales responsabilidades consistieron en: diseñar y planificar el PDITB; buscar fuentes de financiamiento; y realizar un censo para conocer las características de la población afectada, así como ahondar en la realidad de los criollos e indígenas.

La CMP estaba organizada en dos niveles de trabajo: central y local. El primero estaba a cargo de la SPER, además de contar con la colaboración de diversas secretarías y el Instituto de Colonización (IC). Estos actores se reunían cada dos meses en Resistencia con los pobladores del Teuco – Bermejito para debatir ideas y propuestas en torno al Proyecto. Por su parte, el IC fue el encargado de coordinar los equipos técnicos a nivel local, en conjunto con otras instituciones (UNNE, ONG Interactions, Municipio de Villa Río Bermejito y asociaciones comunitarias). En este marco, los actores organizaban jornadas con los criollos y tobas con el objetivo de conocer sus intereses, y someter a consulta y consenso las ideas y propuestas surgidas a nivel central.

Los integrantes de la CMP definieron que el objetivo del Proyecto sería crear condiciones para el desarrollo sustentable, tanto de los indígenas que recuperaron sus tierras como de los pobladores criollos que se vieron forzados a ser relocalizados (PDITB, 2001d:6, documento interno). A su vez, el Proyecto se dividió en 4 programas principales: nuevos asentamientos; adaptación a la nueva situación; sustentabilidad ambiental; y desarrollo regional y diversidad cultural. Las actividades principales planificadas para cada uno de ellos fueron: la creación de infraestructura física (caminos, escuelas, puestos sanitarios) y la construcción de viviendas y represas para familias criollas; el traslado de 284 familias criollas junto con sus unidades productivas a las nuevas tierras; la capacitación de criollos y tobas en actividades productivas y manejo de bosque; y la creación de normas de convivencia para criollos y aborígenes, así como el fomentar la cultura tradicional, respectivamente.

Cada programa tenía su propio responsable, quien estaba a cargo de coordinar diferentes acciones con otros organismos del gobierno provincial, así como de encontrar los fondos necesarios para financiar sus actividades. La primera fase de diseño y diagnóstico del PDITB fue financiado por la provincia del Chaco y por la Comisión Federal de Inversiones (CFI), contando con un presupuesto total de $20.372.880. El programa al que se le destinaron mayor número de recursos fue el de Nuevos Asentamientos (69% del presupuesto total del PDITB), estando a cargo del IC.

Si bien el PDITB tenía planificado diversas líneas de acción éstas no pudieron ser concretadas debido a la divergencia de intereses entre los actores y la crisis económica nacional y provincial de 2001. En este sentido, los conflictos del PDITB se encuentran en diferentes niveles; por un lado, entre los actores gubernamentales (SPER e IC) y no gubernamentales (ONG Interactions). Por otro, entre los beneficiarios de los proyectos (las asociaciones Meguesoxochi y Familias Organizadas por las Tierras del Interfluvio FORTIN). El cambio de gestión de gobierno en 2003 tuvo una fuerte incidencia en el PDITB, ya que el entrante Secretario de la SPER tenía una visión muy distinta con respecto a la de su antecesora, así como con su equipo. Mientras que la Secretaria anterior buscaba el desarrollo integral del Teuco – Bermejito por medio de la articulación de los diferentes programas propuestos, el nuevo secretario priorizó las acciones que tenían que ver con la infraestructura (construcción de caminos y viviendas), aspecto que fue compartido por el responsable de la coordinación del Proyecto a nivel local, el Vocal del Instituto de Colonización.

El Instituto de Colonización consideraba que era un gasto y una pérdida de tiempo las actividades para fomentar los lazos de convivencia entre criollos y aborígenes. El PDITB muestra la manera en que los actores que tuvieron mayor poder y financiamiento, como el IC, fueron los que terminaron imponiendo su visión sobre lo que debía hacerse en el territorio, esto se trasladó a los equipos técnicos a nivel local; en este sentido, una consultora de la SPER sostiene que “quedaran a cargo del Proyecto los que tenían la capacidad para recorrer el territorio, pero no precisamente los que tenían una visión integrada”.

En consecuencia, los equipos técnicos de la SPER y la ONG Interactions se enfrentaron con los equipos del Instituto de Colonización debido a que no cumplió con lo establecido en los Convenios de Relocalización (construir las represas y otorgar tierras según la unidad productiva de cada poblador criollo). Respecto del primer tema, los técnicos de la SPER y los criollos sostenían que lo más importante era preparar el campo de la parcela donde iban a ser reubicados; con lo cual, hacían énfasis en que se les diera capacitación para la siembra de pastura para alimentar a su ganado, y en contar con agua. En contraposición, para los agrimensores del IC lo más importante era “que los criollos que vivían en ranchos tuvieran acceso a una vivienda.”

El proceso de asignación de tierras estuvo acompañado de reuniones entre técnicos y pobladores criollos, quienes tenían que confirmar si la información recolectada en el censo era correcta; y si la cantidad de tierra que se les otorgaba a las familias era acorde al tamaño de su unidad productiva. Los técnicos de la SPER e Interactions critican que el IC no respetó los criterios acordados conforme a los cuales se debería haber asignado la tierra a las familias criollas, esto hizo (Ramos Berrondo, 2010) “que las disputas con Colonización fueran cada vez más grandes”. De igual manera, líderes de la JUM piensan que el IC tendió a favorecer a las familias que estaban afiliadas al Partido Radical, entre ellos, a los líderes de FORTIN.

Los Conflictos entre los principales actores de la CMP tuvieron como consecuencia que varios abandonaran el Proyecto; y que las decisiones a nivel local quedaran en manos del equipo del Instituto de Colonización.

Si bien el entonces gobernador del Chaco Ángel Rozas se había comprometido a relocalizar a todas las familias criollas para el año 2004, hasta el momento sólo se han relocalizado 62 familias criollas de un total de 280, poco menos del 25%. Además, se han entregado 82 parcelas de tierra, pero las familias no han podido trasladarse porque el gobierno provincial no ha proporcionado los vehículos ni el apoyo necesario para relocalizarlos junto con sus unidades productivas.

Durante las jornadas de consulta ampliada que hicieron los técnicos del PDITB con los pobladores, salieron a relucir diferentes conflictos entre criollos y aborígenes: la permanencia de las familias mixtas en el territorio y el uso de los recursos naturales por parte de la población criolla. Por consiguiente, a través del Programa Diversidad Cultural (contemplado en el PDITB), se buscó consensuar ciertas reglas que regularan la convivencia entre tobas y criollos, a éstas se les llamó Normas de Convivencia.

Mientras que los dirigentes de la FORTIN buscaban que se dejara permanecer a las familias mixtas, los dirigentes de la Asociación Meguesoxochi se negaban ante este pedido. No obstante, las opiniones del líder de la Meguesoxochi diferían de las de otros aborígenes, quienes pedían que los criollos permanecieran en la Reserva Aborigen. Al final, dentro del marco de las Normas de Convivencia pactadas entre los presidentes de la asociación FORTIN y Meguesoxochi, en presencia del IC y la ONG Interactions, se logró llegar a un acuerdo para que las familias mixtas permanecieran en el territorio; no obstante, el actual Presidente de la asociación toba desconoce estos acuerdos y afirma que la comunidad rechaza que las familias mixtas se queden dentro de la reserva aborigen.

Con respecto al otro tema de controversia entre tobas y criollos, el uso de los recursos naturales, Balazote & Radovich (2004) opinan que “existen dos construcciones opuestas: los primeros tienen una visión de autoconsumo y cuidado del medio ambiente, y los segundos consideran importante la comercialización y la explotación de los recursos”.

Cabe destacar que las relaciones entre criollos y aborígenes difieren según los parajes del Interfluvio donde habiten. Los conflictos entre los criollos y los tobas, y el distanciamiento entre las comisiones directivas de las asociaciones Meguesoxochi y FORTIN, han tenido como consecuencia que sus líderes no estén comunicados para defender su territorio de los intrusos; un problema frecuente en un territorio tan amplio y disperso como el Teuco - Bermejito. En 2009, el Intendente de Villa Río Bermejito y un empresario maderero usurparon algunas tierras de la Reserva Aborigen, alambrando ciertos lotes sobre los que colocaron su ganado.

Para muchos técnicos que trabajaron en el Proyecto de Desarrollo Integrado Interfluvio Teuco Bermejito (PDITB) uno de los aspectos que más vulneran a las asociaciones Meguesoxochi y Familias Organizadas por las Tierras del Interfluvio (FORTIN) es su debilidad organizacional; la cual se manifiesta en su dificultad para mantener la personería jurídica de sus organizaciones; administrar fondos provenientes de los proyectos; y gestionar recursos naturales como el agua y la madera. Ambas organizaciones tienen problemas para cumplimentar los trámites que solicita la Dirección de Personas Jurídicas, pues deben rendir un estado financiero de los bienes de la organización, hecho que se dificulta cuando no se cuenta con un contador ni con un registro de los gastos realizados por la misma. A pesar de haber tenido capacitaciones respecto al manejo del presupuesto, las asociaciones comunitarias han mostrado tener diversos problemas cuando se les asignan fondos provenientes de proyectos.

Al igual que la falta de acceso al agua, el control de la tala de madera por parte de intrusos también ha sido un problema difícil de evitar. Así, el Vicepresidente de la FORTIN sostiene que “ni los tobas ni los criollos tienen la preparación para eso del manejo forestal, por eso viene cualquier obrajero y les saca la madera a cualquier precio.” Esto se vio agravado por medio del Decreto 1702/99, el cual, en opinión de Roze (2007) “autoriza el permiso de aprovechamiento forestal a las asociaciones aborígenes; legitimando la depredación de los bosques de las reservas aborígenes debido a la conveniencia de los funcionarios con los productores forestales” (p. 370). En este sentido, la ex Coordinadora del PDITB explica que cuando se otorgan permisos forestales en el predio indígena, ellos son los responsables de que se cumpla con la norma; sin embargo, no cuentan con la capacidad para controlar cuánta madera les sacan los obrajeros. En efecto, la pobreza y la urgencia de dinero hace que muchos pobladores hagan acuerdos internos con los madereros, donde generalmente reciben el dinero por adelantado, perdiendo la capacidad de cuantificar la deuda que van contrayendo a lo largo del tiempo, un problema común que se presenta en diversas organizaciones indígenas de la zona.

La alta dependencia que tienen las organizaciones comunitarias sobre los recursos externos, favorece su cooptación por parte de agentes que tienen intereses sobre sus recursos naturales, en este caso la madera. Esto hace que los dirigentes cooptados rompan con los acuerdos comunitarios que se tienen respecto del cuidado de los recursos naturales, generando conflictos entre aquellos miembros de la comunidad que buscan cuidar el ambiente por medio de la regulación de la tala de madera, y los que buscan obtener beneficios económicos a través de su venta.

Algunos convenios de tala del monte, fueron firmados por referentes de la asociación Meguesoxochi sin consulta previa a su comunidad; y el Instituto de Colonización y la Dirección de Bosques, avalaron la venta de madera, ya que consideraban que era legal, por estar autorizada por un dirigente de la asociación indígena.

La presencia de madereros en el Teuco – Bermejito causó descontento entre las comunidades aborígenes, quienes bloquearon ciertos caminos para impedir el paso de los madereros y exigieron que se llamara a elecciones para renovar la Comisión Directiva de la Asociación. El líder de entonces reconoció sus errores ante los miembros de la comunidad y estuvo de acuerdo en llamar a elecciones. La lucha por dirigir la Comisión Directiva muestra el apoyo que tienen las diferentes facciones de la Asociación Meguesoxochi por parte del gobierno provincial y las ONG. Entre las principales facciones durante el año 2003 se encontraba una que contaba con el apoyo de empresarios madereros y políticos, y otra que era apoyada por la ONG Interactions.

El problema de la madera continúa hasta el día de hoy, y el mismo Presidente que acusa a al ex presidente de la Asociación de haber vendido la madera, es acusado por miembros de la comunidad toba y la Asociación FORTIN por hacer contratos de madera con reconocidos madereros y políticos de la zona. Recientemente, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) acusó a la Meguesoxochi por haber firmado acuerdos con empresas forestales bajo la autorización de la Dirección de Bosques de la Provincia y el IC (Gacetilla del Chaco, 2012 ; Centro Mandela 2012).

Cabe destacar que a lo largo de la historia del Teuco – Bermejito se ha dado mayor predominancia a lo que piensan los agentes externos al territorio (técnicos, líderes indígenas) que ya no viven en el territorio y están colocados en diversas instituciones de la administración pública provincial que a los pobladores que ahí habitan. En este caso, el actual Presidente de la Meguesoxochi no vive en el Teuco – Bermejito y su legitimidad y representatividad son cuestionadas tanto por la comunidad toba como por los técnicos de los proyectos.

El L´Patac es una cooperativa de manejo de bosque y cuidado de los recursos integrada por criollos y tobas (pertenecientes a la Meguesoxochi). Esta se conformó en 2007 con fondos provenientes de la Unión Europea. La cadena para la producción y venta de madera consiste en que la Meguesoxochi le venda la madera a la Cooperativa para que la procesen en el aserradero y posteriormente la comercialicen con la ayuda del Centro Tecnológico de la Madera (CEDETEMAC), con la finalidad de usar los fondos para las necesidades de la comunidad. Sin embargo, la Cooperativa no tiene la capacidad de procesar la madera, ya que el aserradero está totalmente abandonado.

Es importante mencionar que mientras los criollos y los indígenas luchaban por tener una mayor incidencia en el proceso de relevamiento y mensura; se discutía cuáles eran los proyectos más prioritarios para el desarrollo del Interfluvio. A partir del Decreto 116/91, la Asociación Meguesoxochi había manifestado su interés respecto al aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, por lo que solicitó una escuela secundaria con régimen especial para capacitar a los tobas en esas temáticas. Posteriormente, con ayuda del SCI, se lograron conseguir fondos de una ONG francesa llamada Árboles de Vida, a través de la cual se envió a dos líderes tobas al Centro de Formación Profesional Forestal (CFPF) en Francia, entre ellos se encontraba el futuro presidente de la Asociación Meguesoxochi, Jerónimo López, quien estudió en Bélgica cuando era adolescente. Otro proyecto de importancia que fue implementado en el Interfluvio durante la década del 90 fue el “Proyecto de Desarrollo para las Comunidades Tobas,” financiado por Oxfam Bélgica. Algunas de las actividades propuestas por el Proyecto fueron:

• realizar un estudio de los sistemas ecológicos de la zona;
• la capacitación en el manejo racional de los recursos;
• proyectos piloto de actividades forestales, ganaderas, agrícolas, artesanías y costura.

Si bien el nombre del Proyecto hace alusión al desarrollo de las comunidades tobas, también se trabajó con población criolla. La primera etapa del Proyecto (1991-1995) fue ejecutada por la JUM y el SCI. La segunda etapa del proyecto, iniciada en 1995, fue ejecutada por el Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES).

Respecto al posicionamiento de líderes tobas, el INDES y la JUM acusan al SCI de favorecer a ciertas familias de la comunidad toba y de cooptar líderes para el manejo de sus intereses. Ambos sostienen que los delegados belgas impulsaron la candidatura de ciertos miembros de la comunidad para ser presidentes de la Meguesoxochi y que buscaban incidir demasiado en sus decisiones sobre el territorio. Más allá de estas acusaciones, existe una lucha simbólica entre las diferentes organizaciones del tercer sector por ver quiénes son los verdaderos interlocutores de los tobas. Para los aborígenes, tanto el SCI como la JUM, han sido figuras clave en el proceso de recuperación de sus tierras; no obstante, entre los criollos y algunas organizaciones del tercer sector se encuentra el imaginario de que los belgas ayudan a los tobas porque buscan apoderarse de las tierras y la madera del Interfluvio. La cuestión sobre el qué debería hacerse con la población criolla una vez que se entregara el Título Comunitario de tierras, a la Asociación Meguesoxochi, generó una serie de opiniones contrapuestas entre las diferentes organizaciones del tercer sector y los pobladores del territorio. El SCI, sostiene que en ese entonces había muchos criollos que se encontraban en la misma situación que los aborígenes (en condiciones de pobreza y con muy poca tierra), y que era necesario establecer acuerdos para que las familias criollas pudieran permanecer dentro de la Reserva Aborigen. Por su parte, la JUM sostiene que el Interfluvio les corresponde legal y legítimamente a los indígenas y que son ellos los que tienen derecho a decidir quiénes pueden vivir en sus tierras. Hasta el día de hoy, integrantes de la JUM, luchan junto con el presidente de la Meguesoxochi para que el Gobernador desplace a las familias criollas de la Propiedad Comunitaria Aborigen.

Los criollos sostienen que fueron los belgas quienes les inculcaron a los tobas ideas separatistas y que “les metieron en la cabeza que los criollos eran intrusos y depredadores del territorio” (Carta de la Presidenta de FORTIN al Diario Norte, 1990). La oposición que manifiestan los criollos respecto del SCI tiene que ver con que generaron un cambio en las relaciones de poder entre los tobas y los criollos, pues mientras los primeros fueron adquiriendo recursos para la implementación de proyectos, conocimientos sobre la gestión del territorio y acuerdos con el Gobierno, los segundos fueron dejados de lado.

La dispersión territorial del Interfluvio y las diferencias existentes entre los parajes, llevaron a que el INDES se percatara de que la Asociación Meguesoxochi no representaba a todos los tobas del lugar; por consiguiente, hicieron hincapié en que para la conformación de los planes de gestión al interior del territorio toba también se tomara en cuenta las opiniones de las diferentes asociaciones comunitarias indígenas, y las de los pobladores criollos. En el Interfluvio existen diferentes asociaciones comunitarias indígenas que representan los diferentes parajes, así está la Asociación Comunitaria El Algarrobal, la Asociación Comunitaria el Colchón, etc.

En 1995 se elaboró un Proyecto de Desarrollo para las comunidades tobas donde se buscaba priorizar los acuerdos entre aborígenes y criollos; por otro, el Proyecto de Desarrollo Integrado Teuco – Bermejito (PDITB), impulsado por Rozas, tuvo un fuerte énfasis en la relocalización compulsiva de la población criolla. En este sentido, vale interrogarse acerca de las condiciones que permitieron formular acuerdos entre criollos y aborígenes durante 1995 y aquellas que lograron legitimar la relocalización de los criollos en 1999. Algunos aspectos en los que el PDITB se diferenciaba del Plan de posesión, repartición y gestión de la tierra, elaborado por el INDES y la Meguesoxochi, son los siguientes:

• No se contempló la posibilidad de que los criollos pudieran optar por relocalizarse fuera de la Reserva Aborigen o quedarse dentro de la misma sin título de propiedad (siempre y cuando esta última opción fuese acordada con las asociaciones comunitarias aborígenes). Si bien Carlos Gazko, presidente del Instituto de Colonización, sostuvo que los criollos podían optar por cualquiera de ambas opciones, lo que el gobierno priorizó en la práctica fue la relocalización.
• No se priorizaron las capacitaciones de actividades productivas que habían demandado pobladores criollos y aborígenes, a pesar de que se impartieron algunas capacitaciones, el PDITB tuvo como eje fundamental la construcción de infraestructura para las familias criollas que serían relocalizadas.
• A diferencia del Plan de posesión, repartición y gestión de la tierra, de 1995, que contemplaba áreas picadas de uso común para criollos y aborígenes, el gobierno provincial de Rozas hizo una división territorial donde separó la ubicación de sectores criollos y aborígenes (ver Mapa 3, Capítulo IV).

Entre 1996 y 1998, el Gobernador, el Vocal del Instituto de Colonización, el Presidente de la Asociación Meguesoxochi y el Representante de los criollos negociaron desafectar un espacio de 36.000 hectáreas dentro de la Reserva Aborigen para ser destinada como área de relocalización para familias criollas y, a cambio, compensar a los tobas con otra superficie similar, para lo cual, se decidió correr el límite de las 150.000 hectáreas hacia el noroeste. Lo anterior causó descontento entre las familias criollas que vivían fuera del límite original, pues al correrlo tuvieron que ser relocalizadas por quedar dentro de la Propiedad Comunitaria Aborigen.

Algunos factores que explican los cambios entre ambos proyectos fueron:

• el cambio de dirigencia en la Asociación Meguesoxochi
• la cooptación de los líderes criollos y aborígenes por parte del gobierno provincial
• el interés político de Ángel Rozas para reelegirse como gobernador
• la venta de tierras fiscales

La renovación de la Comisión Directiva de la Asociación Meguesoxochi tuvo como consecuencia un cambio de ideas en los líderes de la Asociación. A diferencia de la Comisión Directiva saliente, conformada por mestizos que defendían la permanencia de los criollos, la nueva dirigencia tenía una visión más radical sobre los indígenas y sus derechos sobre el territorio. Jerónimo López es un actor clave que ayuda a explicar los obstáculos que tienen las organizaciones de base para concretar sus metas de desarrollo. Por un lado fue un líder carismático que luchó por el título de las 150.000 hectáreas, por otro, fue seriamente cuestionado por los propios tobas, quienes lo acusaron de mal manejo de los recursos de la Asociación y de no haber respetado los acuerdos comunitarios en cuanto al manejo de la tala de madera.

La venta de tierras fiscales cercanas al Interfluvio, por parte del Instituto de Colonización, impidió que el gobierno del Chaco pudiera disponer de amplias parcelas de tierra para las familias criollas relocalizadas y les obligó a asignarles pequeñas extensiones de tierra, imposibilitando que tuvieran tierras ecológicamente equivalentes a las que tenían anteriormente. En 1999, el gobierno provincial elaboró un marco jurídico - administrativo para llevar a cabo el desalojo de la población criolla, enfatizando el hecho jurídico de que al otorgar el Título Comunitario de tierras a la Asociación Meguesoxochi, el criollo quedaba en condición de “intruso” por estar ocupando tierras cuyo título de propiedad estaba a nombre de la comunidad toba.

A partir de 1999, el Instituto de Colonización (con el consentimiento de los líderes de la Asociación FORTIN) empezó a fomentar la firma de Convenios de Relocalización entre las familias criollas; no obstante, la manera en que se firmaron los convenios es cuestionada por los criollos, quienes sostienen que firmaron presionados y sin tener suficiente información al respecto (Barrios, 2005:5). Los Convenios de Relocalización contemplaban la adjudicación en venta de una parcela mensurada por el Instituto de Colonización; la construcción de una vivienda rural en el predio adjudicado; la provisión de alambrados perimetrales; la provisión de agua potable a través de pozos, represas o perforaciones; y el acceso a créditos blandos y recursos tecnológicos para la apertura de áreas cultivables (Convenio de Relocalización anexo Ley 4617). Con excepción de la tierra,82 el gobierno provincial se comprometió a cubrir el resto de los ítems. La Ley provincial 4.617 estableció un plazo de 5 años para trasladar a las 280 familias que tenían que relocalizarse. El Decreto 1480 definió que para acceder a las compensaciones del desplazamiento era necesario residir en el Interfluvio con anterioridad a diciembre del año 1991, vivir a la fecha de la sanción de la norma en el Interfluvio y no ser propietarios de tierras fuera del territorio regularizado (Balazote, 2002:177).

La entrega del título comunitario y la planeación del Proyecto de Desarrollo Integrado Interfluvio Teuco – Bermejito (PDITB) Finalmente, el 30 de Noviembre de 1999, el gobernador Ángel Rozas entregó el Título Comunitario de las 150.000 hectáreas al entonces presidente de la Meguesoxochi, Jerónimo López, quien recibió el título en una gran asamblea realizada en la ciudad de Castelli.

No obstante, a pesar de que el Proyecto buscó darle importancia a la participación de la Meguesoxochi y la FORTIN, dejó fuera del proceso de desarrollo del Interfluvio a organizaciones que tenían mucha experiencia de trabajo con los tobas y/ o criollos como la JUM y el INDES.

Uno de los retos con los que se enfrentaron los diseñadores del PDITB fue la falta de información sobre la población objetivo del Proyecto (criollos y tobas del Interfluvio). Por consiguiente, algunas de las primeras tareas a realizar fueron la elaboración de un censo de la población de la zona; la identificación de la población criolla que necesitaba relocalizarse; y las acciones administrativas necesarias para la mensura de las tierras. Fue a través de este censo como los técnicos y los diferentes equipos en terreno fueron tomando contacto con la realidad de la población del Interfluvio Teuco – Bermejito, así como con sus principales necesidades y demandas.

La cuestión del qué hacer con la población criolla ante la ratificación del Título Comunitario generó diversos posicionamientos entre los actores clave del Teuco – Bermejito. Para el SCI y la JUM, los criollos tenían que irse, pues los tobas eran los dueños legales del territorio y habían sufrido la opresión por parte de la población criolla. Para el INDES, existía una complementariedad económica y social entre criollos y tobas, por lo que el territorio debía tener un uso compartido. Se debe destacar la capacidad de la Asociación Meguesoxochi para apropiarse del discurso de las intervenciones de desarrollo con tal de verse beneficiada por los fondos de los proyectos implementados en el territorio. En este sentido, es notable ver cómo los dirigentes tobas acordaron hacer un uso compartido del territorio (entre criollos y aborígenes) durante la ejecución del Proyecto de desarrollo para las comunidad tobas, del INDES, y cómo luego acordaron la relocalización de la población criolla promovida por el gobernador Ángel Rozas.

Debe enfatizarse que las actividades enfocadas a la relocalización de la población criolla, promovidas por el PDITB, afectaron gravemente sus actividades productivas, pues al tener que relocalizarse en unidades menores a las que tenían, tuvieron que adaptarse a nuevo modelo productivo y cultural. En este sentido, las familias criollas no recibieron parcelas ecológicamente equivalentes, viéndose forzadas a trabajar en un campo de menor extensión, cerrado y sin agua. Se debe destacar que a pesar de que el PDITB terminó su ejecución en 2007 no todas las familias criollas fueron relocalizadas. Según cifras de técnicos del PDITB y de la Presidenta de la Asociación FORTIN, hasta el momento se han relocalizado aproximadamente 62 familias criollas de un total de alrededor de 280, poco menos del 25%. Además, se han entregado 82 parcelas de tierra, pero las familias criollas no han podido trasladarse a estas tierras porque el gobierno provincial no ha proporcionado los vehículos ni el apoyo necesario para relocalizarlos junto con sus unidades productivas. Aunque el PDITB terminó su ejecución en 2007, el proceso de relocalización continúa y sigue siendo impulsado por instituciones como el IDACH, la Organización Meguesoxochi y la JUM, quienes siguen presionando al gobernador Capitanich para que termine de relocalizar al resto de las familias criollas. Como se explicó anteriormente, no todas las familias criollas tenían que relocalizarse, pues algunas se encontraban fuera de los límites de la Reserva Aborigen y otras contaban con títulos de propiedad, a continuación se muestra una tabla que indica la situación de las familias criollas en el año 2000.

La Imagen muestra al criollo y el toba habitando el territorio del Interfluvio (representado por medio de la confluencia de los dos ríos). Los árboles representan la riqueza natural de la zona, donde abundan el quebracho y el algarrobo. Las principales actividades productivas de los pobladores se ven representadas por medio de la vaca y el pez, el primero, representa la ganadería extensiva a la que se dedica el criollo; el segundo, las actividades de caza y pesca a la que se dedican los tobas. Este logo fue realizado por los propios pobladores en una de las jornadas de consulta ampliada, que hicieron los técnicos con los pobladores, teniendo como propósito construir una visión única del desarrollo e impulsando el respeto por la diversidad cultural existente en el territorio. No obstante, una de las grandes paradojas del Proyecto consistía en que buscaba atender los conflictos y las problemáticas derivadas de la entrega del Título Comunitario de Tierras y de su principal eje de acción: la relocalización de la población criolla. Es decir, el PDITB buscaba promover la relocalización, al mismo tiempo que amortiguar sus efectos negativos (pérdidas económicas y anímicas por parte de la población criolla, ruptura de los lazos de convivencia entre criollos y aborígenes) por medio de las actividades contempladas en sus diferentes programas. A medida que el PDITB fue avanzando, se fueron acrecentando los conflictos entre los actores a cargo de su implementación debido a las diferentes visiones que tenían respecto del Proyecto y a la diferencia en la asignación de las partidas presupuestales; hecho que hizo que ciertos actores tuvieran mayor poder y disponibilidad de recursos para ejecutar ciertas acciones en detrimento de otras.

Si bien la ONG Interactions buscó fomentar que la Meguesoxochi otorgara importancia a la gestión territorial sostenible y a la búsqueda de actividades para el cuidado y manejo del bosque, la cuestión que la dirigencia aborigen ha priorizado más es la de qué hacer con los criollos que viven en el territorio. Hasta el día de hoy, algunos líderes aborígenes siguen planteando la importancia de que los criollos sean relocalizados, visión que comparten otros líderes indígenas que ya no viven en el territorio y diversas ONG que han trabajado con la población aborigen como la JUM.

Si bien no llegó a haber enfrentamientos armados, uno de los grandes temas de conflicto entre ambos grupos fue la cuestión de quiénes podrían permanecer en el territorio. Mientras que los dirigentes de la FORTIN buscaban que se dejara permanecer a las familias mixtas y a los ancianos criollos dentro de la Reserva Aborigen, los dirigentes de la Asociación Meguesoxochi se negaban ante este pedido. No obstante, las opiniones del líder de la Meguesoxochi diferían de las de otros aborígenes, quienes pedían que los criollos permanecieran en el territorio.

Durante los talleres de Normas de Convivencia, en 2004, uno de los problemas que más se enfatizó entre los criollos y los aborígenes fue el abuso y saqueo de recursos naturales por parte de intrusos. Así, se vio la necesidad de que ambos grupos estuvieran unidos para detectar cualquier tipo de explotación ilegal y que se capacitaran para el cuidado del manejo de bosque. No obstante, estas actividades no se concretaron en el marco del PDITB debido a la falta de presupuesto y de apoyo de algunas autoridades hacia el Proyecto. A partir de este momento, uno de los actores que más influirá sobre la gestión territorial de las 150.000 hectáreas será Esteban Dávalos por medio de la ejecución del Proyecto Bosques Tropicales (2004-2007), cuyas actividades contempladas (capacitación para el manejo de bosque nativo y actividades productivas) eran las mismas que contemplaba el Programa de Desarrollo Sustentable del PDITB. Cuando se planeó el diseño del Proyecto Bosques Tropicales (PBT) existían diferencias de opinión en cuanto a los técnicos que participaban en el mismo; algunos pensaban que no se debían hacer actividades conjuntas entre criollos y aborígenes, por pensar que tienen lógicas distintas; y otros, enfatizaron la importancia de que los beneficios del programa fueran enfocados hacia ambos grupos. Finalmente, se acordó trabajar con criollos y tobas por medio del fortalecimiento de la Meguesoxochi y la FORTIN, a través de capacitaciones en diversos temas: manejo del presupuesto, trabajo en aserradero, ecoturismo y apicultura entre otros.

A diferencia del PDITB, parecía que el Proyecto Bosques Tropicales (PBT) contaba con todo lo necesario para desarrollar sus actividades de manera exitosa y lograr un alto impacto en el territorio: un presupuesto de un millón de dólares; un modelo participativo centrado en las comunidades; y la presencia de diversos técnicos que capacitaban a las organizaciones en el desarrollo de actividades productivas. Al finalizar el PBT, se lograron crear dos cooperativas mixtas, ambas conformadas por tobas y criollos: Ele L´Patac, cooperativa de manejo de bosque y cuidado de los recursos, y Tala Naconat, cooperativa de ecoturismo. Sin embargo, la sustentabilidad de ambas se vio afectada por tres razones principales:

• los conflictos entre criollos y aborígenes
• la brecha existente entre técnicos y pobladores
• las limitaciones presentes en las organizaciones de base

La Cooperativa Tala Naconat cesó sus funciones al poco tiempo de haber concluido la ejecución del PBT. Hoy en día puede verse como la infraestructura que se construyó para las actividades eco turísticas, tales como, un hostal en el Interfluvio, están totalmente abandonas. Además, los ex líderes de la Cooperativa se adueñaron de ciertos recursos como las lanchas que eran utilizadas para pasear a los turistas a través del Río Bermejito (los tobas que eran miembros de la Cooperativa Tala Naconat tenian folletos de los proyectos de ecoturismo y DVDs que se hicieron para la promoción del PBT, también ofrecian un recorrido por el Interfluvio. Sin embargo, todo lo que permanece de estas actividades sólo se encuentra en los folletos y en la web, pero no en la realidad actual del Teuco - Bermejito).

Por su parte, un técnico agroforestal criollo, que también es miembro de la Cooperativa Ele L’Patac, comenta que el abandono del aserradero se debe a la falta de preparación de sus miembros, explicando que uno de los grandes obstáculos del PBT fue la gran distancia entre los técnicos y los pobladores. En su opinión, aunque los técnicos eran de la zona, tenían un lenguaje muy elevado, y lo único que les interesaba era dar la capacitación para luego cobrar su sueldo, sin importarles que los conocimientos fueran entendidos y aplicados por los pobladores. Cuando terminó la ejecución del PBT, en 2007, la Cooperativa Ele L´Patac fue contratada por el Programa Chaco Seco (un programa de desarrollo sustentable del gobierno provincial), por lo que actualmente sigue en funcionamiento y se dedica a apoyar a las familias criollas regularizadas por medio del trabajo silvopastoril, ayudándoles a hacer la limpieza de sus parcelas con el fin de que siembren pastura para sus animales. Respecto de la no continuación de algunas de las actividades del PBT, como las actividades eco turísticas y el aserradero, uno de los técnicos del PDITB explica que se debió a que estas iniciativas no fueron propuestas por los propios pobladores, sino que fueron impuestas por el PBT.

Los conflictos entre los criollos y los tobas, y el distanciamiento entre las comisiones directivas de la Asociación Meguesoxochi y la Asociación FORTIN, han tenido como consecuencia que sus líderes no estén comunicados para defender su territorio de los intrusos; un problema frecuente en un territorio tan amplio y disperso como el Teuco - Bermejito. En 2009, el Intendente de Villa Río Bermejito y un empresario maderero usurparon algunas tierras de la Reserva Aborigen, alambrando ciertos lotes sobre los que colocaron su ganado.

A medida que el Proyecto se fue implementando, surgieron a relucir diversos aspectos críticos como la permanencia de las familias mixtas en el territorio y la posibilidad de que las familias criollas sigan visitando los cementerios criollos al interior de la Reserva Aborigen. En el caso del PBT, los testimonios de los actores sostienen que existían diversos obstáculos para el funcionamiento de las cooperativas mixtas (Ele L’Patac y Tala Naconat), tales como, la discriminación entre los criollos y los aborígenes; la brecha entre los técnicos (que dieron las capacitaciones) y los pobladores; la escasa preparación de las organizaciones; y los conflictos en su interior.

La Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, “ley de Bosques”, fue sancionada por elCongreso de laNación enNoviembre de 2007 con el objetivo de reconocer, categorizar y administrar los sistemas naturales, y sus elementos para promover el desarrollo sostenible mediante la “protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad”. La meta es fomentar que los sistemas boscosos perduren en el tiempo. Esta ley, por lo tanto, establece las normativas para ordenar el uso de los bosques de todo el territorio argentino mediante dos instrumentos: El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques.

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), según el cual cada Provincia debe clasificar los bosques existentes en su territorio de acuerdo a tres categorías:

• Bosque de alto valor de conservación, que no deben modificarse
• Bosque de mediano valor de conservación, que pueden someterse a un aprovechamiento sustentable
• Bosques de bajo valor de conservación, que pueden ser eliminados para destinar el suelo a otros usos

La Ley 26.331 establece 10 criterios para categorizar los niveles de conservación de los bosques. Cada criterio tiene asignado tres valores de conservación. Siendo el menor valor uno (1) considerado como el de menor importancia para la conservación, el dos (2) un valor intermedio y el valor tres (3) como el máximo en importancia para la conservación. Los criterios definidos son:

• Superficie
• Vinculación con otra comunidad naturales
• Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional
• Existencia de valores biológicos sobresalientes
• Conectividad entre ecoregiones
• Estado de conservación
• Potencial forestal
• Potencial de sustentabilidad agrícola
• Potencial de conservación de cuencas
• Valor que las comunidadesindígenas y campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de susrecursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura.

El Chaco es una de las provincias de la región chaqueña que posee más superficie en categoría verde (31% de sus bosques, 1.531.575 ha) así expuestos a futuro desmonte. En cambio, posee la menor cantidad de áreas protegidas (categoría roja) con sólo el 5% de su territorio (288.038 ha).

El principal problema que afecta al bosque nativo en la Provincia del Chaco es el desmonte o deforestación debido al avance de la frontera agropecuaria y al desplazamiento de la ganadería hacia el norte de la provincia. Es la causa principal y más visible de la pérdida de los bosques nativos.

El segundo problema, que por ser menos visible no deja de ser importante es la degradación del bosque. Es un proceso que da como resultado un bosque empobrecido por la pérdida de biomasa, además de la degradación del suelo, disminuyendo así sus posibilidades de proporcionar bienes y servicios. La explotación forestal no sustentable y la ganadería a monte no planificada en cuanto a la carga animal y clausuras, o ambas cuando actúan en forma conjunta son sus principales causas. Durante los años 2003 y 2004 se desmontaron en la Provincia 47.253,56 ha y 63.981,79 ha respectivamente, marcando un récord en su historia. Según datos oficiales, la producción forestal registrada promedio del momento fue de más de 1,3 millones de toneladas.

A partir de 2013 tanto desde la asociacion FORTIN, como del FNC (Frente Nacional Campesino) y de distintos activistas que luchan contra la deforestación, denuncian el avance de las corporaciones madereras en la zona del Interfluvio Teuco - Bermejito. Estas corporaciones cuentan con permisos otorgados por la Dirección de Bosques y estan actuando en complicidad con algunos referentes de la asociación Meguesoxochi.

En junio de 2016 se crea la comisión independiente y autónoma Meguesoche Llallaxpi en la zona del Interfluvio. El objetivo es crear una herramienta de lucha de los pobladores indígenas del monte, para lograr que del territorio sean retiradas las 300 familias criollas, que hoy se encuentran dentro de las tierras que les corresponden por ley a la comunidad qom. Ésta comisión autónoma e independiente denuncia además, la relación de complicidad entre el gobierno, las madereras y la actual asociación Meguesoxochi. En un comunicado declaran lo siguiente:
"Hacemos saber que no reconocemos a ninguna entidad gubernamental como la garante o representante de nosotros. Que desconfiamos y descreemos de la institucion IDACH pues todo allí, hermanos nuestros de piel, ya no de sangre (pues su sangre ahora es para con el dinero) nunca han atendido nuestros reclamos. De igual manera para con el subsecretario de gobierno Zenon Cuellar, y los diputados Andrea e inocencia Charole, quienes lo único que defienden son los intereses de la política y el mal gobierno.

A continuación expresamos el siguiente comunicado de difusión;

Comision Meguesoche llallaxpi.

Que necesitamos abogado, eso le escuchamos, que hay que aprender las leyes, que hay que hacer denuncia, que hay que hablar la fiscal, que hay que ver al juez, que hay que presentar en la fiscalia, que la carta documento, que la ley, que el papel, que la cautelar. Y sabemos ahora que todo eso cambia, cuando nos hacemos visibles no con notas sino con el cuerpo. Hoy levantamos un cerco a la policía que intento reprimirnos, y con jarras de agua hirviendo, botellas de vidrio con mecha y combustible, palos y maderas, frenamos el posible desalojo, sacamos de su oficina a quien manda, y obligamos a todas las autoridades a hacerse presente en el puente santa ana.

Allí les escuchamos, dicen que nada puede hacer el gobierno, que depende de la justicia. Pero la justicia nada hace. Que hay que seguir denunciando, que hay que hacer denuncia penal, y juicio.

Nosotros decimos, que estamos cansados de seguir las reglas de un juego que no empezamos ni para el que jamas fuimos consultados. Que para el día martes tendremos una reunión donde nosotros, nosotras decidiremos como continuar. Y a todos y todas hacemos saber que para nosotros, dar la vida por la tierra es la mejor forma de aceptar una posible muerte, que el miedo ya lo perdimos, pero no perdimos la lucha, la rebeldía y la resistencia, desde impenetrable chaco, comisión meguesoche llallaxpi

de la toma del poder de arriba a la construccion del poder de abajo"

Un mes antes de la creación de la comisión Meguesoche llallaxpi, la organización del Consejo Qarashe, dentro de la cual esta la organización qom Baqnoq del Interfluvio Teuco, habia realizado una medida de fuerza bloqueando tres puentes, exigiendo a la asociación Meguesoxochi, quien figura como entidad a cargo de la tutela de esas tierras comunitarias, que inicie todas las acciones legales necesarias, para el desalojo de las 300 familias criollas, que en forma ilegal ocupan parte de ese territorio desde hace varios años.

Por otra parte se solicita al gobierno provincial que tome cartas en el asunto para re-ubicar a estas trescientas familia criollas, como también cesen los cortes y permisos de explotación de madera a cargo de la secretaria de bosques de la provincia del chaco.

La asociación Meguesoxoche formada por propios indígenas Qom, se encuentra en este momento siendo deslegitimada por gran cantidad de pobladores de la misma etnia, que denuncian como sus propios hermanos son los que permiten el ingreso de grupos empresariales que se encargan de desmontar y cortar decenas de algarrobo muchas veces con la complicidad de la secretaria de bosques, la policía y autoridades provinciales.

Con su medida de fuerza el Consejo Qarashe expreso lo siguiente en un comunicado:
"Quedan temporalmente cerrados todos los accesos a nuestro territorio y exigimos que en un corto plazo el gobierno provincial re ubique a las 300 familias criollas que en forma ilegal habitan nuestro suelo. Solicitamos también a los miembros de la asociación meguesoxoche el cese de permiso de tala de algarrobo y permisos para venta de madera. Y denunciamos la complicidad del gobierno provincial y la secretaria de bosques con grupos empresariales que entran en nuestro territorio para realizar trabajos de desmonte."

La organización Baqnoq del paraje El Algarrobal tiene una mujer indígena como referente, se llama Ercilia Celín, y esta organización, fue una de las primeras en unirse al Consejo Qarashe. En los primeros momentos de la organización indígena, las cuestiones primordiales de la lucha eran donde vivir y que comer, la lucha por la vivienda y el bolsin de comida. Ahora la lucha es por el territorio, es por eso que se formó la comisión independiente y autónoma Meguesoche llallaxpi, también conocida como la Megue rebelde.

"Al señor Kelo Quiroga.
Hacemos saber a su persona que las 1200 hectáreas que usted ocupa en la actualidad las cuales están ubicadas dentro de las 150.000 hectáreas designadas al pueblo Qom, pasaran de ahora en mas a ser ocupadas por familias qom. Que es decisión de la comisión autónoma meguesoche llallaxpi darse a la defensa del territorio que de por si es del pueblo qom. Sus cabezas de ganado que son 60 y no 300 como usted nos contaba han sido decomisadas, hasta que usted halle un lugar para las mismas. Durante el tiempo que tarde en reubicarlas, los terneros que nazcan pasaran a ser usufructuados por las familias ocupantes. Sus tranqueras han sido cerradas con candado y se han formado comités de vigilancia. Su entrada de ahora en mas estará permitida con previo permiso solicitado a las familias ocupantes.

Toda amenaza que desee realizar hágala en la comisaria por que a su palabra no le tememos y sepa que estamos dispuesto a llegar a un enfrentamiento armado si usted continua insinuando que va a matar a quienes entren en lo que usted llama su propiedad.

Con respecto a su puestero, damos a conocer que el es una persona de bien a quien usted mantuvo en condiciones de precariedad absoluta y con un salario denigrante para lo que es su trabajo. Que la comisión autónoma ha decidido darle permiso a que siga en esas tierras hasta que encuentre un lugar digno y que como comisión solicitaremos al instituto de colonización la reubicación de esa persona en tierras que le sean propias.
Sin otro particular, atentamente, comisión autónoma meguesoche llallaxpi."

Este proceso de lucha por el territorio y recuperación de tierras continua hasta el dia de hoy. La lucha por la relocalización de las 300 familias criollas que ocupan el Interfluvio Teuco - Bermejito y la lucha contra ciertas lógicas punteriles, que se fueron enquistando en la asociación Meguesexochi y el desconocimiento de estos liderazgos indígenas, que se han vuelto idénticos a la lógica del capital, la politica y la burocracia.

Comisiones y Consejo de Recuperación Territorial, Miraflores, Chaco (Alfredo Galarza)
Un poco de historia: en el año 1931, el Gobierno Nacional propuso a través del gobernador del territorio nacional del Chaco Mac Lean, un acuerdo con los caciques qom Augusto Soria, Cabito Leiva y Juan Alegre, quienes vivían en las tierras donde actualmente se asienta la ciudad de Castelli. En ese entonces el gobierno se comprometió a entregar a las comunidades una fracción de 10.000 hectáreas, a cambio de que abandonen la zona de Castelli. La Ley Nacional N° 5.730 declara el territorio como "Villa Rural Indígena".

Pero estas tierras que fueron cedidas a los caciques, ya estaban habitadas por indigenas wichi y qom, que se asentaban en la región llamada Mañec Ñoom, en la zona noroeste de las 10.ooo hectáreas donde podían dedicarse a la marisca (caza y pesca), ya que esta zona era rica en humedales. Estos clanes indígenas no tenían cacique, estaban liderados por Qiaxauaic.

Las tierras que el gobierno nacional cedió a los caciques, que no eran originarios de las 10.000 hectáreas, originó malestar en los habitantes originarios. Los caciques Soria, Leiva y Alegre se asentaron en la zona hoy conocida como Central Norte, precisamente en el centro y norte de las 10.000 hectareas. Con el paso del tiempo, con la complicidad del gobierno, los caciques vendieron las tierras de la región de Mañec Ñoom a criollos terratenientes y se comenzó con el despojo de tierras de las comunidades indígenas.

En la memoria de los mas antiguos se halla grabada la historia del despojo. Es por eso que en un proceso de revisión histórica, un puñado de indígenas de ascendencia wichí y qom, comenzaran un proceso de recuperación de tierras en el año 2018, justo en el lote 24, que es propiedad del empresario Sosa, cuyos lotes están en la zona conocida como Mañec Ñoom; que fueron los territorios que los caciques que hicieron un trato con el gobierno nacional, terminaron vendiendo esas tierras, que eran codiciadas por los terratenientes que buscaban enriquecerse con la tala del monte y la actividad agropecuaria.

Esas tierras eran parte del territorio ancestral de los pueblos aborígenes del Chaco, pero con el correr del tiempo muchas de estas parcelas se fueron adjudicando a pobladores criollos y gringos que llegaban para trabajar la tierra o criar animales. Hoy, muchos tienen títulos de propiedad y otros están con permisos de ocupación otorgados por el organismo oficial de Tierras del Chaco.

Antes de que el gobierno nacional acordara la creación de la reserva indígena ya había presencia de población criolla. En 1910 se estableció un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, siguiendo el curso del río Bermejo. En 1919, y especialmente en 1923 se realizó una campaña para desarrollar el cultivo del algodón en el Chaco, lo que atrajo a inmigrantes europeos a la zona. En 5 de octubre de 1940 mediante la Ley N° 73.346 se cambia el nombre a la reserva indigena por "Miraflores". La creacion de las primeras instituciones y asentamiento de los primeros pobladores se producen en el lote 87 de dicha reserva.

En 1951 se crea la provincia del Chaco. La provincia del Chaco desconoce los acuerdos que habían tenido los pueblos indigenas con el gobierno nacional en 1931. En el año 1978 durante el gobierno de Serrano el municipio se apropia 3 lotes mas sin dar de baja los lotes que pertenecen a las comunidades indígenas, acentuando y profundizando el despojo de tierras.

El Gobernador Rolando José Tauguinas creó el municipio de tercera categoría en 1992, y se nombró delegado organizador a Antonio Prieto. El edificio del centro cívico se utilizó como sede municipal. Un municipio de tercera categoría tiene entre quinientos y mil quinientos habitantes.

En el año 1994 con la reforma de la Constitucion, hay una clausula transitoria que obliga en el termino de un año a otorgar el titulo de reserva indígena al municipio de Miraflores.

A medida que pasa el tiempo el pueblo de Miraflores va creciendo expandiendose por el lote 88, 93 y 94. Cada lote son aproximadamente 100 hectareas. El lote 88 tiene fallo favorable en la justicia que determina que dicho lote pertenece a la comunidad indígena, por ende el lote 93 y 94 le corresponde la misma figura legal.

Pero el despojo no termina solamente en la expansión del pueblo de Miraflores. La situación en los campos pertenecientes a las 10.000 hectareas es crítica para los pueblos originarios. Para el año 2018 las familias indígenas poseen un poco mas que una tercera parte de su territorio.

A mediados de 2018 un joven indígena, Francisco Titi Segovia, comenzó un proceso de recuperación de tierras. Titi Segovia es descendiente de Qiaxauaic, antiguo morador de las tierras de la zona hoy conocida como Miraflores, incluso antes del acuerdo con los caciques Leiva, alegre y Soria, ya vivian los antepasados del Titi en estos territorios. Titi Segovia no tenía experiencia piquetera, ni formaba parte de ninguna organización indígena del impenetrable. Él era un joven danzista de un culto evangélico indígena. Según sus palabras: una fuerza espiritual que viene de Dios lo guiaba a recuperar las tierras que fueron de sus abuelos y abuelas. Pero no solamente una fuerza espiritual, sino tambien un proceso de rescatar la memoria del despojo, que sufrieron los antiguos habitantes de estos territorios.

Acompañado por adolescentes y algunos adultos comienza la toma, armando una pequeña choza de plasticos sostenida por unos palos. El lote que estaba recuperando pertenecía al empresario Sosa, un acaudalado y poderoso empresario de Miraflores. Los aprietes y las agresiones no se hicieron esperar. El empresario acompañado por matones y a veces por la policía hostigaban a Titi Segovia y a quienes los acompañaban. En los momentos dificiles, ayudado por la oración, sacó fuerzas para resistir en la adversidad y se convirtió en ejemplo para las familias indígenas.

Luego, una recuperación de tierra, y otra, y otra... Se fueron multiplicando, hasta llegar a ser miles de hectareas las que se estaban recuperando. A medida que se fueron expandiendo las recuperaciones se empezaron a formar comisiones por cada toma. Y así sobre la marcha se fue conformando el Consejo de Recuperación Territorial Qiauxaiacq, sin estar influenciado por ningún partido político, sindicato u organizacion piquetera. Un verdadero movimiento social indígena.

A mediados de septiembre desaparece el hermano Silverio Enrique, un hermano qom de perfil muy bajo, silencioso, de pocas palabras. Silverio apoyaba a las familias indígenas que estaban recuperando tierras. Al termino de una semana aparece su cuerpo sin vida y de manera apresurada, se le realiza una autopsia y se lo entierra sin más. Silverio vivía en el lote 63 y su cuerpo fue hallado muerto en el lote 42. Son muchos los que piensan que plantaron el cadaver, despues de días de haberlo matado. Otra muerte más impune en el impenetrable chaqueño.

Del 19 al 21 de octubre de 2018 se organizó el "Encuentro de la Tierra" convocado por el Consejo y las Comisiones de Recuperación Territorial de Miraflores. En dicho encuentro se encontraron hermanas y hermanos indígenas qom y wichi de distintas zonas del impenetrable: Sauzalito, Central Norte, Media Luna, Riacho de Oro, Algarrobal, Agua dulce. El encuentro se realizó en el lote recuperado al empresario y politico kirchnerista Bacileff Ivanoff, ex-gobernador de Capitanich. Las hermanas y hermanos hablaron en su idioma de cuestiones de tierras, de su cultura, de sus antepasados, de la dura realidad que estan viviendo, de espiritualidad, un sin fin de temas que tienen que ver con su realidad. Recalcaron la necesidad de seguir articulando distintas luchas y geografias. Es en este encuentro, que los compañeros wichi de Sauzalito, comentaron que estaban armando la guardia comunitaria indígena. Contaron que a pesar de que ellos tienen título de propiedad comunitaria de sus 100.000 hectareas, tienen muchísimos problemas con el narcotráfico, que le esta robando la madera, los peces, la miel e introduce un montón de droga en los territorios, quebrando los vinculos comunitarios y por consiguiente, creando nuevas problemáticas.

Cabe destacar que al encuentro de la tierra no asistió ninguna organización politica, piquetera o sindical. Los hermanos indigenas del consejo de Recuperación supieron llevar el ritmo de la asamblea, todas y todos tuvieron su lugar para expresar su palabra, todo quedaba anotado en un acta y la jornada se finalizaba con unas oraciones colectivas, ya que la mayoría de las hermanas y hermanos del Consejo de Recuperación de Tierras son evangelistas. En el encuentro que duró un par de dias, tambien hubo espacio para que un grupo de mujeres se animara a soñar con organizar un encuentro de mujeres en Miraflores. En una asamblea delinearon las pautas de ese encuentro que llamaron "Encuentro de mujeres y saberes" y que se realizo el 8 y 9 de diciembre de 2018.

Cuando la potencia de las luchas del abajo empiezan a sacudir las estructuras racistas y capitalistas de la sociedad de Miraflores, y de esa manera llegan a oidos del gobierno provincial, es cuando el poder político del Chaco empieza a tomar nota y organiza, con los tres poderes del Estado provincial (ejecutivo, legislativo y judicial), una mesa tricameral para comenzar un diálogo.

A principios de noviembre de 2018 se reunió en la ciudad de Castelli el Consejo de Recuperación Territorial y la mesa tricameral. La mesa tricameral escuchó durante mas de 8 horas las palabras de las familias indígenas y tomó nota a traves de un traductor, ya que las familias del Consejo de Recuperación iban a hablar en su idioma originario y no en castellano.

A principios de diciembre de 2018 la mesa tricameral se hizo presente en los territorios recuperados para iniciar una recorrida, con gran cantidad de efectivos policiales de por medio. Eso no impidió que horas antes de la llegada de los funcionarios, el Consejo de Recuperación Territorial recuperara el lote 37. En ese contexto los funcionarios describieron que "la situación es altamente difícil de resolver", pero agregaron que no por eso, se frenara el intento de resolverlo de "manera pacifica y ordenada". Aproximadamente se estima en unas 3.700 hectareas lo que el Consejo de Tierras recuperó. Cada lote recuperado para el gobierno es una causa judicial.

Comunicado del Consejo de Recuperación de Tierras ante la visita de la comisión tricameral:
"La oscura luz oscura.

Siguen sin poder verla. Buscan anteponer sapiencia donde gobierna el sentir y la magia
Trata de ser luz tú mismo en la oscuridad y descubrirás que lo que pasara a guiarte no será lo que tus ojos alcancen a ver, sino lo que tus sentidos te ayuden a percibir.
Así trata de percibir nuestro dolor de siglos, nuestra paciencia masticando dolor, nuestra lengua transportada en susurros, el soportar el despojo, la humillación y la indiferencia. Has de todo eso una luz y veras que lo que tienes es una oscura luz oscura.

El gobierno conformo ahora una mesa donde los tres poderes del Estado prestaran sus oídos y nos cederán la palabra. Pero y el sentido?, habrá sentidos?, corazones dispuestos a dejarse destripar?, ojos dispuestos a cerrarse para poder ver?.

Por qué cuando el relato no es de hoy, la única forma de entenderlo es con los ojos cerrados y la imaginación. Sabes imaginar ver a tu pueblo despojado, maltratado, a tus autoridades asesinadas, a tus abuelos y abuelas muertas de hambre y de frio, de espada y de pólvora?

No precisamos una mesa señores del poder. Nosotros hoy no precisamos de ustedes. Acaso no entienden que lo que se inició no es un proceso de dialogo, sino de recuperación. Nosotros podemos contarles lo que queremos, pero no negociar sobre lo que ustedes quieren. Nosotros no tenemos derechos, tenemos algo más fuerte que eso. Porque nuestra pre-existencia muestra algo fundamental.
Mientras que aquí no había leyes, ni tratados, ni plumas, ni títulos, nosotroas teníamos un espacio y un lugar. Hoy hemos sido arrinconados por medio de leyes, tratados, títulos y también balas.

Desde el impenetrable chaqueño Comisión de Recuperación Territorial."

En los lotes recuperados ya estan empezando a armarse las primeras huertas. Al estar los lotes recuperados bajo una causa judicial, el municipio de miraflores no quiere alquilar el tractor para realizar el arado de los campos. Es por eso que el consejo de Recuperación de tierras articula con la UCC (Unión Campesina del Chaco) el brazo campesino de la CCC, que a su vez pertenece al PCR, para el alquiler de un tractor para empezar a producir verduras en los lotes recuperados. También se estan empezando a armar corrales para las cabras y chanchos, como así también pequeños emprendimientos para hacer ladrillos, para poder empezar a construir viviendas en los lotes, ya que la mayoría de las familias continuan habitando las chozas precarias de plásticos y palos, de cuando empezaron a recuperar las tierras de sus abuelas y abuelos.

La sociedad criolla de Miraflores, a medida que avanzan las recuperaciones de tierras, empieza a visibilizar su racismo y su descontento por la inacción del gobierno, que no reprime a los pueblos indigenas, que segú ellos, muestran una total falta de respeto por la propiedad privada y las leyes. Es por eso que conformaron el Frente de Criollos Autoconvocados, para empezar a organizarse y ver de frenar el proceso de recuperacion de tierras y poder seguir garantizando el reconocimiento de la propiedad privada, en los terrenos que fue avanzando el municipio a lo largo de los años, como asi también, la situacion de las hectareas de los campos que fueron recuperados por las familias indígenas. Según la mirada de los criollos, los pueblos originarios no tienen documentos que avalen que Miraflores es una reserva indígena reconocida por el gobierno; además, muchos criollos alegan que el Instituto de colonización cedió las tierras al municipio de Miraflores y que éste, luego les vendio la tierra legalmente. Según el representante legal de los criollos, Gustavo Del Corro, el Frente de Criollos Autoconvocados, no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno Provincial de reconocer las tierras a la población indígena. Es por eso que la situación entre criollos e indígenas en Miraflores se esta poniendo cada vez más tensa.

El mismo día que terminó el Encuentro de la Tierra, un grupo de criollos golpeó a Domingo Soria y le produjeron heridas cortantes con cuchillo, en la cabeza y en el cuerpo. Soria que es discapacitado y sordomudo, se desmayo producto del ataque y los agresores aprovecharon para romperle algunos muebles y vidrios de la casa.

Uno de los problemas mas importantes que tiene el gobierno del Chaco con el conflicto por la tierra en Miraflores, es que pone en riesgo de implementación un proyecto de acumulacion de capital basado en el turismo. En el año 2011 cuando muere el empresario Manuel Roseo, al quedar sin herencia se confisca la estancia La Fidelidad, que tiene 150.000 hectareas en la provincia del Chaco. Del lado formoseño la propiedad cuenta con 100.000 hectareas mas. Pero es a traves de la Administración de Parques Nacionales, mas el gobierno del Chaco y diversas organizaciones ambientalistas que se impulsa este proyecto y se declara el Parque Nacional El Impenetrable. Se dice que es el primer parque nacional impulsado por la gente a través de un proceso participativo y es financiado por ONGs y la CLT (The Conservation Land Trust)

Según los defensores del proyecto: "el Parque Nacional El Impenetrable tiene todo el potencial para atraer e incrementar el flujo turístico en el norte argentino, conectando los destinos orientales (Iguazú, Iberá) con los andinos (Salta y Jujuy) que hoy día aparecen desconectados y hacen que el turista tenga que elegir uno en detrimento del otro. De este modo, el Parque Nacional El Impenetrable funcionaría como una suerte de puente turístico donde su fortaleza radicaría en producir una experiencia de turismo de naturaleza, basada en el avistaje de fauna, según los más altos estándares internacionales, como ocurre en los grandes parques de África, Australia, Norte y Centro América."

En Agosto de 2017 se anunció el primer paso para la puesta en marcha del corredor ecoturístico del Litoral, que incluye al parque El Impenetrable como clave en un megaproyecto junto a Iguazú y Moconá (Misiones), Iberá (Corrientes) y Bañado La Estrella (Formosa). El nombre de este ambicioso proyecto es Master Plan El Impenetrable que según el gobernador del Chaco Peppo dijo lo siguiente: "Se trata de una inversión de más de 100 millones de pesos que va a permitir la infraestructura que esta propuesta turística requiere."

Hoy el proyecto Master Plan se encuentra en una segunda etapa que es el proceso de implementación. Durante estos dos primeros años se elaboró la documentación necesaria para obras que financia el BID a través de Ministerio de Turismo de la Nación, de un plan pensando en el desarrollo de El Impenetrable con eje en el turismo y la necesidad de puesta en valor de esos territorios

En diciembre de 2018 las secretarías nacionales de Ambiente y de Turismo, junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, anunciaron licitaciones en el sistema de Parques Nacionales a fin de que inversores privados puedan realizar emprendimientos en las primeras 37 "Oportunidades Naturales". Se prevee la instalación de pequeños hoteles de 5 estrellas en lugares estratégicos y la inversión privada de campamentos de lujo dentro del área de los Parques Nacionales.

En febrero de 2019 el consejo de Recuperación de Tierras se enteró, que el gobierno y empresarios habían estado recorriendo la parte norte de los lotes recuperados, conveciendo a las familias indígenas de las bondades y mejoras económicas que traería la implementación del proyecto Master Plan El Impenetrable. El gobierno y los empresarios, para poder hacer viable el proyecto de ecoturismo y hoteleria, necesitan extender la carretera que termina en el pueblo de Miraflores. Serían aproximadamente 150 kilometros de carretera, los que faltan construir para conectar el Parque Nacional El Impenetrable.

Los pueblos originarios del impenetrable nunca fueron consultados para la implementación de dichos proyectos. No hubo consulta previa como lo establece la constitución. Es por eso que el consejo de Recuperación de Tierras dice, que sin la devolucion de las 10.000 hectareas de la su reserva indígena, no hay Master Plan El Impenetrable.

Algunas estimaciones señalan que si bien en América Latina y en África, la cantidad de turistas ha crecido de forma explosiva en las últimas décadas, con incrementos que entre 1990 y 2000 rozan el 95%; la capacidad de los países de retener las ganancias se halla muy retrasada, al punto que por cada U$S 100 que los turistas gastan, sólo entre el 5 y el 10% queda en los destinos (Moragues Cortada, 2006).

Pero además de ello, el turismo abre la puerta a flujos de capitales internacionales interesados en el desarrollo inmobiliario y se alza como una de las principales vías de acumulación. En muchos casos, las iniciativas son más cercanas a los intereses de las elites locales, los inversionistas extranjeros y las agencias de viajes que a los de las poblaciones locales y en muchas ocasiones, la actividad induce procesos de especulación y gentrificación que exacerban las desigualdades sociales y espaciales. Allí donde los bienes que hacen parte de la reproducción de pescadores y campesinos son objeto de patrimonialización o mercantilización, se intensifican los conflictos socio-territoriales por el control y uso de los bienes comunes, se agudizan las dinámicas de segregación y se promueve la turistificación estetizante de los espacios de la vida diaria (Cruz Coria et al, 2013).

Los enclaves turísticos no escapan a las características que exhiben los enclaves productivos (Judd, 2003); constituyen espacios cerrados que separan a los turistas de los lugares comunes y, tanto hacia adentro como hacia afuera, ponen en marcha diversas formas de control autoritario que alimentan la ilusión de seguridad controlada. Las islas de riqueza en que se expresan, diferenciadas y segregadas de los paisajes circundantes, constituyen nodos de circuitos internacionales del capital en los que reina el lujo; burbujas estetizadas y estandarizadas que regulan los deseos, consumos, tiempos y movimientos de los visitantes.

A nivel internacional, se han encontrado interesantes contribuciones que hacen foco en los procesos de mercantilización y las dinámicas de acumulación por despojo que activa el turismo rural, en especial allí donde arrastra a la órbita del mercado y de la propiedad privada bienes comunes con valor de uso en manos de indígenas, campesinos y pescadores ( Mondaca, 2013; López Santillán & Marín Guardado, 2010; Green & Adams, 2015; Cruz Coria et al 2013; Stonich 1998; Aponte Motta y Ochoa, 2010; Palafox Muñoz, 2013.). Estas contribuciones aportan claves para el estudio del extractivismo, no sólo porque consideran los múltiples despojos que se activan al ritmo de la implantación de enclaves; también porque visibilizan la capacidad re-des-territorializadora que la actividad ejerce sobre la naturaleza, la cultura y las subjetividades y su escasa capacidad de tramar lo rural.

En contraposición con quienes veían que el acceso del neoliberalismo se correspondía con la retracción del Estado, quienes recorren estos ejes develan su re-configuración. El Estado resulta un actor de importancia en las geografías del capital (Franquesa, 2007); a través de los planes de ordenamiento territorial, incide en los procesos de selectividad diferencial (Gudynas, 2010) y ajusta sus prácticas de gobernanza para facilitar la extracción de plusvalía (Harvey, 1989). En materia de política ambiental, resulta un actor central; no sólo co-actúa montajes de sentido que anclan, recortan y acotan el alcance que otorga a la naturaleza y a la sustentabilidad; marca coordenadas al juego político; gestiona e interviene y, al hacerlo, algo del orden de la violencia pone en juego (Swyngedouw, 2011). Lejos de desaparecer, el Estado respalda, a veces promueve, estos procesos (Harvey, 2005) y si bien por momentos su acción se debilita, surgen nuevas vinculaciones, redes y rearticulaciones (Dematteis y Governa, 2005).

Podemos entender entonces a los proyectos ecoturísticos en los parques nacionales, como otra de las formas en que se manifiesta la acumulación de capital extractiva o acumulación por desposesión; ademas de contar estos procesos, con una activa participacion del Estado para generar un ciclo de acumulacion de capital -siendo mucho mas que socios complementarios en el emprendimiento-, la lógica misma del capital y del Estado, se imbrinca, se fusiona y se nutre no solo para generar ganancias, sino que se despoja al territorio de todas las lógicas y practicas, de como conciben los pueblos indigenas la vida no solo de los seres humanos, sino de la espiritualidad que tienen los animales, las plantas, los rios.

Cuando el proceso de recuperación de tierras paso de los campos, a algunas parcelas donde se expandió ilegalmente el Municipio de Miraflores, la situacion de conflicto racial profundizó la preocupación de los criollos ante el empoderamiento de la comunidad indígena. A mediados de marzo de 2019 el Consejo de Recuperación territorial comenzo a recuperar una hectarea y media en el lote 93. Este terreno estaba a nombre del criollo Darío rojas. También en el predio hay un galpón de la asociación "SOS aborigen" que dice que iban a enseñar a trabajar la miel a los aborígenes, y recibian un subsidio del gobierno, pero la comunidad indígena nunca recibio la capacitación, ni los beneficios.

El 20 de marzo de 2019 un grupo de 50 criollos, algunos con armas de fuego, agredieron a los indígenas que pacificamente estaban ocupando la tierra que le corresponde. A medida que el conflicto avanza, la comunidad criolla se empieza a organizar, realizan asambleas y hasta usan la modalidad del piquete para hacer escuchar sus reclamos y solicitar una audiencia con el gobierno de la provincia del Chaco. Estos reclamos por parte de la población criolla interpelan algobierno para que los escuche y de alguna manera frene el proceso de recuperación de tierras. Los criollos ademas estan preocupados porque tienen locales comerciales y propiedades en el municipio de Miraflores.

Los criollos siempre fueron críticos de los piquetes y cortyes de ruta, pero ahora que ven peligrar sus propiedades y privilegios, empiezan a usar las mismas modalidades de lucha que antes criticaban. El 26 de marzo de 2019 la comunidad criolla se encontraba cortando la ruta y al mismo tiempo miembros del consejo de Recuperación Territorial efectuaba un corte de ruta para hacer escuchar sus reclamos. A continuación el comunicado del Consejo de Recuperación de Tierras:
"Informamos que;

El Consejo de Recuperación Territorial llevara acabo un corte de ruta por dos horas.
Para reclamar que los tres poderes de la provincia se expidan sobre el problema de tierras en Miraflores.
Por su parte personas de alto poder adquisitivo y propiedades en Miraflores junto con algunos criollos también saldrán a la ruta pidiendo se respeten sus derechos.

Nosotros nomas un rato vamos estar la ruta, por que donde mas queremos estar es en nuestra tierra.
Ahora las gentes de plata, esos que siempre criticaban la ruta ayer hicieron corte y hoy otra vez.
Ya sabemos, hay mucho negociado por la tierra nuestra y entonces cuando parece que peligra los negociados salen reclamar.
Nosotros vamos estar un ratito con un solo pedido
'Que nos devuelvan las diez mil hectáreas'

Desde el Impenetrable chaqueño.
Consejo de Recuperación Territorial"

A fines de marzo otro se vivió otro hecho de agresión protagonizado por criollos. Un grupo de criollos qe estaban en la plaza reunido con funcionarios del Estado, reclamando por el tema de sus propiedades y la recuperacion de tierras, vió a Pablo Denardi. Lo empezaron a perseguir en sus motos y a intentar agredir, a pesar de que estaba con su hijo de 3 años. Pese a que apedrearon el vehículo rastrojero en el que estaban, lograron escapar.

Pablo Denardi es un joven no indígena que hace más de una década vive en el impenetrable chaqueño. Él pertenece al Consejo Qarashe y acompaña la lucha indígena, no es el líder del movimiento indígena. Pero para la población criolla, es Pablo Denardi quien le mete ideas extrañas a los pueblos indígenas, para que luchen por sus derechos, para que recuperen la tierra. Esta sociedad criolla no puede entender que los pueblos indios sean los conductores de su propio destino, que sean ellos mismos los que llevan adelante estas luchas. La lógica colonial, entiende que siempre hay un lider que lleva por las narices a la gente a protestar y a luchar contra la injusticia, a cambio de un puñado de recursos, que estos liderazgos aprender a gestionar en nombre de otras y otros. Pero en el caso de las recuperaciones de tierras en Miraflores, estamos ante un auténtico y verdadero movimiento social indigena, que un dia dijo "Ya basta" y comenzó a organizarse segun sus modos, su espiritualidad y sus propios tiempos.

Las últimas novedades respecto al conflicto por la tierra en Miraflores son las siguientes: el presidente del Instituto de Colonización del Chaco, Walter Ferreyra lideró una reunión con ambos grupos (Frente de Criollos Autoconvocados y el Consejo de Recuperacion Territorial) y remarcó que se está trabajando en la difícil tarea de “sortear un reclamo histórico que tienen las comunidades sobre 10 mil hectáreas, y que es de muy difícil solución porque hay cuestiones que ya están consolidadas jurídicamente a lo largo del tiempo pero que ahora generan incertidumbre”.

En el documento entregado a cada una de las partes, se establece que, en caso que la comunidad indígena acepte la creación del tejido municipal, el Gobierno le concedería por medio de compras y expropiaciones los campos lindantes al pueblo y darían solución a quienes sean expropiados con el pago, por mejoras realizadas y campos en otros sitios.

El gobernador Domingo Peppo recibió el 24 de abril de 2019 en la Unidad Regional Centro de Sáenz Peña a referentes comerciantes criollos por el conflicto de tierras en Miraflores, el Gobernador aseguró que “no existirán nuevas usurpaciones ni situaciones de violencia”, para ello dispuso el refuerzo policial, con un comando especial radicado en el municipio de Miraflores. El Jefe del Ejecutivo chaqueño adelantó que reforzarán la situación policial con un comando especial radicado allí y también dando a este comando participación dentro de la mesa tricameral que ya se encuentra analizando soluciones. El presidente del Instituto de Colonización, habló del reclamo que lleva más de 89 años y aseguró que “hoy tiene su punto más álgido con la toma de algunos. Respecto de la Mesa de inter poderes que a partir de un Decreto de noviembre de 2018 del Gobernador nuclea el trabajo de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para dar solución al conflicto, Ferreyra enfatizó: “Queremos un acuerdo definitivo para esta situación, que nos permita terminar con estos casi 90 años de incertidumbre y falta de seguridad jurídica”. El titular de Colonización aseguró: “Por el momento, lo que Provincia garantiza es la seguridad social y la de las personas y bienes en tanto no se pueda continuar con esa toma ni usurpaciones de propiedades privadas ni agresiones físicas”. “Garantizamos la paz social en Miraflores y a partir de ahí trabajando junto con ellos sabemos que lo vamos a resolver”.

Ante el avance de las recuperaciones, ya no solo de campos sino de algunos bienes que se encuentran en el lote 88, es que la provincia del Chaco amenaza con instalar un comando especial policial, tomando en cuenta el reclamo de la sociedad criolla, que siente amenazada sus inversiones de capital en los lotes que corresponden a los pueblos originarios.

Las situaciones de violencia de sectores criollos de Miraflores hacia la comunidad indígena en su lucha por las recuperaciones de tierras se agravó el 21 de marzo, cuando unos 50 criollos borrachos y armados violentaron a una señora qom lastimandola, en momentos que el consejo de Recuperación Territorial avanzaba en un terreno en el pueblo de Miraflores, donde hay un galpón a nombre de una Ong "Sos Aborigen", que supuestamente deberia haber activado la enseñanza a los indigenas de la produccion de miel. A principios de junio el conflicto siguió escalando por parte de los criollos cuando incendiaron un asentamiento de palos y lonas en una recuperación que era parte del consejo de recuperación.

Una semana despues la comision tricameral del Chaco reconoce de palabra que las 10.000 hectáreas de Miraflores son territorio indígena. Por tanto el Estado brinda reconocimiento a las diez mil hectáreas y establece normas y patrones de conducta a quienes se encuentren dentro del territorio indígena. En el caso de la municipalidad deberá la misma de por vida reparar históricamente al pueblo indígena cediendo una parte de sus ingresos a ese sector. El Consejo de Recuperación Territorial pidió al menos 20 días para estudiar el documento del gobierno antes de la audiencia publica prevista por el estado.

El 12 de agosto de 2019 desaparece la adolescente wichi Maria Magdalena Moreyra alias "Alicia", hermana de Ariel Sanchez (uno de los primeros hermanos que empezo con el tema de las recuperaciones de tierra y es parte del Consejo de Recuperacion). Una semana despues aparece el cuerpo sin vida enterrado en el patio del femicida "Facundo David Narciso". La familia de la joven asesinada habia echo la denuncia por agresiones físicas, maltrato psicológico y amenazas, pero esos reclamos nunca fueron escuchados por la policia y las autoridades. El femicida embarazó a Maria Magdalena cuando esta joven tenia 13 años y la inicio en el consumo de drogas, nunca se hizo cargo de la paternidad, ni de pasar un sustento económico. Maria Magdalena había recibido amenazas de muerte porque segun el femicida, su hermano era un indigena usurpador que habia comenzado con las tomas de tierras.

María Magdalena también participó de las recuperaciones de tierras junto a su hermano Ariel Sanchez y su tio Titi Segovia. Ella asistía a las tomas de tierras los dias de semana. Era una adolescente comprometida con la lucha por la recuperación de tierras. El cuerpo de María Magdalena no fue enterrado en el cementerio de Miraflores, sino que un cortejo ceremonial en el que participaron la comunidad indígena y algunos criollos, fue sepultada en los territorios recuperados por el Consejo de Recuperación Territorial.

El femicidio de Maria Magdalena Moreyra fue un ya basta para las comunidades indigenas de Miraflores. Ante la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales y policiales, tras largas e intensas asambleas, la comunidad indígena decide tomar la comisaria y la intendencia del pueblo de Miraflores. Echa al comisario y al Intendente. Esta pueblada indígena movilizada por el dolor, la rabia transformada en rebeldia por siglos de injusticia, racismo y abandono, sacudió los cimientos patriarcales y racistas sobre los que se asienta la sociedad criolla del impenetrable.

Este es el comunicado que surgió de esos días de intensificación de las luchas y resistencias del pueblo indígena:

• Reclusión perpetua para el asesino "Facundo David Narciso", inmediato enjuiciamiento y condena.
• Destitución inmediata del comisario López y de todo el cuerpo policial.
• Profundizar la investigación del narcotráfico en Miraflores.
• Destitución del fiscal Obregón por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por no actuar en las denuncias previas que se realizaron por parte de la familia de las víctimas.
• Conformación de una secretaria de derechos humanos en Miraflores, donde las comunidades puedan hacer sus denuncias y reclamos.
• La inmediata puesta en funcionamiento de personal femenino indígena en la comisaria para atender las demandas de nuestras comunidades, en especial a la violencia de género.
• Desde nuestras comunidades para contribuir a la sana convivencia hemos decidido crear la guardia comunitaria indígena para resguardar la seguridad y la integridad de nuestras familias.
• Solicitamos en lo inmediato la intervención de la señora ministra de Justicia y gobierno para dialogar con la comunidad para una inmediata resolución de lo planteado.
• Intervención del municipio de Miraflores (por el mal manejo y su no funcionamiento).
• Intervención del juez de paz (juzgado de paz).
• Intervención de la comisaria de Miraflores.
• Suspensión de las elecciones en Miraflores.

Al dia siguiente de la jornada de lucha, la comunidad tomó el hospital de Miraflores. Los reclamos de los pueblos originarios no solamente enfatizan la cuestión de tierras y justicia, sino que también cuestionan la salud, la educación y todos los ordenes de la vida, que son afectados por un sistema que los inferioriza de todas las formas posibles.

COMUNICADO CONSEJO DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL.

29/08/2019

Un dolor que se vuelve rabia, una rabia que se vuelve rebeldía.
Un grito " Ya no mas cabeza gacha y Justicia por Maria Magdalena"

No hay palabra ahorita, solo acción.
Hasta aquí pues, lo que se era y decía ser.
Temporalmente hemos tomado las instituciones que dicen ser quienes mandan.
Ya no mas. No queremos mas.
No estamos aquí para pedir un cambio, sino para destruir una idea de ver, pensar y sentir.
¡Señor intendente vallase!,
¡señor comisario deje este pueblo!,
¡señores del poder, vayan con su poder a otra parte!.
¡Señores de la política aquí no habrá elecciones!.

Aquí solo hay y habrá pueblos indígenas pre existentes y organizados.
Ya no exigiendo, ni demandando sino ejerciendo Verdad y Justicia.

Un viento norte que sopla, nos empuja, nos guía, nos abraza.
Su sonrisa también.

Desde el Impenetrable Chaqueño,
Miraflores
Consejo de Recuperación Territorial.


Consejo de Tierras

Guardia Comunitaria Indígena Whasek, Sauzalito y Nueva Pompeya, Chaco (Alfredo Galarza)
Existe un territorio conocido como La Reserva Grande, unas 300 mil hectáreas ubicadas al sur del Río Bermejito en el norte de la provincia del chaco, que fue adjudicada recientemente a los Pueblos Indígenas, a través de la reforma de la Constitución del Chaco de 1994.

En los últimos años, se avanzó con una propuesta gubernamental que adjudicaba 100 mil hectáreas para cada Pueblo e incluía la relocalización de las familias criollas que habitan en la Reserva Grande y titularización comunitaria de la reserva a nombre de la Asociación de derecho público no estatal Moqoit, Wichí y Toba (MO.WI.TOB.), con el apoyo expreso del IDACH (Instituto del aborigen chaqueño).

A fines de 2012 estaban dadas todas las condiciones, para titularizar dicha Propiedad Comunitaria, hasta que el gobierno provincial, a través del Instituto de Colonización, el Instituto del Aborigen Chaqueña (IDACH)- quien se desdijo de su posición anterior-, la entonces Ministra de Desarrollo Social Marta Soneira y el Defensor del Pueblo Gustavo Corregido (en calidad de veedor), avanzaron en el desconocimiento de la titularización de las tierras a favor de la M.O.W.I.T.O.B.: se dejó sin tierras a los Wichi que habitan dicho territorio y se otorgó las mejores tierras a las familias criollas. El Gobierno de la Provincia del Chaco, vía decretos exprés, todos con fecha 02 de diciembre de 2105 realizó entonces una nueva propuesta de adjudicación.

En un principio, las 300 mil hectáreas iban a entregarse en propiedad a una organización llamada Mowitob. "Todo se generó porque fueron las mismas organizaciones indígenas, particularmente los wichí, quienes se presentaron en el Juzgado Nº 5 de Resistencia, y dijeron que no estaban de acuerdo con ese proceso, que querían sus 100 mil hectáreas. Luego hicieron lo mismo los mocovíes y los qom. Es decir, no querían 300 mil hectáreas en bloque sino 100 mil hectáreas para cada etnia, y que se considere la situación de los criollos".

La ONG MOWITOB fue creada por el Gobierno del Chaco durante el mandato de Capitanich, practicamente de manera inconsulta y solamente con el acompañamiento de algunos dirigentes indígenas y del IDACH, surgieron muchas críticas y cuestionamientos, fundamentalmente por parte de las comunidades wichi, pasando por el negocio de la mensura, que fue duramente criticada por los trabajadores más antiguos del Instituto de Colonización. Como fueron irregulares varios de los tramos del proceso de convertir a la Reserva Grande en propiedad comunitaria indígena, con graves omisiones como son las consultas obligatorias (Convenio 169 de la OIT) a los pueblos wichi, cuando se pretendió titularizar estas tierras a favor de MOWITOB se levantaron y protestaron los pueblos wichi (que habitan desde Misión Nueva Pompeya a Sauzalito) haciendo cortes de rutas.

A mediados de 2018 se avanzó en el proceso de entrega de 300.000 hectáreas a poblaciones indígenas y criollas de la Reserva Grande. A cada grupo originario le corresponde 100.000 hectareas y a los criollos 65.000 hectáreas. Cada grupo poblacional tiene una organización formal que se encargará de la administración de las tierras. A diferencia de los moqoit y qom -que formaron asociaciones-, los wichíes tienen una federación que nuclea a todas las asociaciones. Con esa estructura la población wichí, que es mayoría en la región, administrará su parte del territorio en la Reserva Grande.

La entrega de 150.000 hectáreas del Interfluvio Teuco Bermejito (territorio en conflicto entre población indígena y criolla) había incluido solamente al pueblo qom. En esa entrega la asociación Meguesoxochi había fijado por estatuto que solamente sus asociados eran dueños del territorio que se recibía.

“Ahora, en cambio, las tierras de la Reserva Grande son para todo el pueblo qom, todo el pueblo wichí y todo el moqoit, independientemente de donde se resida y sin que nadie necesite pagar una cuota societaria”, explicó el presidente del Instituo de Colonización.

La Federación de Asociaciones Comunitarias del Pueblo Wichí "Wichi Wetes", es la primera organización de su tipo en el Chaco, y fue constituida en enero de 2017 y actúa como órgano administrador de las 100.000 hectáreas de la Reserva Grande destinadas a dicha comunidad. Agrupa a unas 20 organizaciones comunitarias que representan aproximadamente a 400 familias. Su principal objetivo es unificar esfuerzos para la superación social, económica y cultural de sus asociados. Se estima que la Reserva Grande con sus 300.000 hectáreas es la más grande reserva indígena de Latinoamérica.

La titularización de los territorios indígenas dentro de la Reserva Grande fue un proceso largo, en el cual los pueblos indígenas recorrieron un largo camino. En cuanto a las comunidades wichi en las 100.000 hectáreas que les corresponden empezaron un proceso de ver como hacían para proteger su territorio del narcotráfico que les roba la madera, los peces e introduce drogas a las y los jovenes de la comunidad.

Para poder comprender como es que una comunidad indígena empieza a tomar por su cuenta la cuestión de la lucha contra el narcotráfico, hay que rastrear la problematica del narco en la provincia del chaco y tomar dimensión de la profundidad del flagelo que significa este proceso de descomposición de los vínculos comunitarios, que supone la llegada de las mafias vinculadas a la droga y que van permeando las lógicas del empresariado, todos los niveles del gobierno, las fuerzas de seguridad y las mismas poblaciones que internalizan y reproducen este fenómeno.

Pero no es solo la penetración de las lógicas del narco lo que preocupa a las comunidades indígenas en la provincia del Chaco, sino la corrupción ligada al desvío de los recursos que les corresponden a los pueblos orginarios y que enriquecen a los distintos niveles de los gobiernos, en su mayoría criollos pero también algunos dirigentes indígenas, ligados a los partidos tradicionales como el peronismo y el radicalismo.

En noviembre de 2018 se entregó el intendente de Castelli, Alberto Nievas, acusado de lavado de dinero e "irregularidades en el manejo de recursos nacionales destinados a la construcción de viviendas para comunidades indígenas". La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó y reiteró el pedido de detención del jefe comunal perteneciente al Frente Chaco Merece Más (PJ), con acusaciones similares para Silvia Natalia y Adriana Alejandra Hipperdinger. Las hermanas Hipperdinger son hijas del ex secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, José Hipperdinger, también detenido junto al ex intendente, Lorenzo Heffner, acusado por lavado de dinero por irregularidades en el manejo de fondos nacionales con destino a la obra pública.

Heffner fue intendente de Rio Bermejito, hasta que se descubrió que tenía $3 millones escondidos en una caja fuerte y en el techo de su casa, en el marco de una investigación por lavado de dinero. La Justicia lo detuvo el 21 de agosto -luego de estar cuatro días prófugo- y le secuestró a Heffner y sus socios 32 vehículos de alta gama, que habían comprado con el desvío de fondos de dinero enviado por el Ministerio de Planificación, cuando estaba a cargo de Julio De Vido.

La investigación se inició hace dos años, impulsada por los fiscales Dugaldo Ferreyra y Patricio Sabadini, cuando detectaron que gran parte del dinero que distribuía el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Chaco (IPDUV) no se destinaba a construir las casas planificadas. "Tenían que refaccionar y construir más de 1.000 casas para comunidades aborígenes, pero hicieron alrededor del 30% y se quedaron con el resto del dinero", dijo una fuente con acceso a la investigación. Y agregó: "Esto no ocurrió sólo en Villa Río Bermejito, que tiene menos de 10.000 habitantes. Es inminente el pedido de detención de un intendente más poderoso y muy cercano al gobernador Domingo Peppo".

Sáenz Peña es la segunda localidad más importante de Chaco. Es gobernada por el radicalismo desde hace una década pero, hasta hace poco, el político más poderoso era el peronista Omar Judis, el "De Vido chaqueño" y rector de UNCAUS (Universidad Nacional del Chaco Austral). La justicia avaló la denuncia a Judis por lavado de activos y malversación de fondos públicos. Judis y su hijo Enzo fueron procesados por haber ideado un plan para vaciar los fondos públicos que recibía la universidad.

Omar Judis, su hijo Enzo, el vicerrector de la Universidad Walter López y el titular de Tridelta SA, Juan Carlos Tymkiw, fueron procesados por defraudación de la Administración Pública. El fiscal Federico Carniel comprobó 85 hechos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, fraude en perjuicio del Estado, entre otros delitos. Judis creó, siendo ministro de Infraestructura de Capitanich, "una estructura en la Universidad UNCAUS para designar familiares dentro del organigrama jerárquico y ejecutó licitaciones y contrataciones directas de manera fraudulenta". Cada reforma edilicia la ganó Tridelta e Intym, propiedad de Twmkiw, como la ampliación del edificio de la universidad, construcción de un nuevo edificio tecnológico, un complejo deportivo, una pileta olímpica y una unidad médica que no se terminó de construir. El artículo 51 de ética pública dispone que el funcionario público no deba designar parientes o amigos para que presten servicios en la repartición a su cargo.

El hijo del intendente Carlos Ibañez en Taco Pozo es socio del empresario Nelson Jorge Varela, señalado como uno de los "testaferros" de Judis. En el 2014, Varela facturó 181 mil pesos por movimiento de suelos en La Clotilde. Ese fue uno de los pueblos elegidos por Judis en su proyecto de saneamientos que encaró cuando estuvo en el Poder Ejecutivo Nacional. A pesar de sus escasos habitantes, el intendente mandó a construir una peatonal en Taco Pozo. Carlos Antonio Ibáñez "habría amasado una considerable fortuna, derivada en un entramado de negocios privados y públicos que involucraría a familiares, resulta que sería propietario de inmuebles en Resistencia, Sáenz Peña, varias extensiones de campo, 18 camionetas y 8 camiones de los cuales la mitad estarían alquilados a Vialidad Provincial y vinculados a la constructora Tridelta".

La dupla Capitanich-Judis impulsó el Mega Plan de Tratamientos de Residuos Urbanos por el que 90 intendencias –29 ubicadas en El Chaco– recibieron 600 millones de pesos. En el 75% de las intendencias se detectaron irregularidades y sobreprecios. El intendente Aldo Leiva de General José de San Martín, por ejemplo, recibió $7.200.000 para construir una planta de residuos sólidos sobre una zona inundable. Un disparate.

La gran esperanza que tenía Cambiemos en Chaco era Aída Ayala. Gobernó Resistencia, capital de la provincia, durante ocho años. En abril del 2018, la Justicia solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero y detención de Ayala. Está procesada por lavado de activos a través de la empresa de recolección de basura Pimp SA. El fiscal Sabadini comprobó que la banda de Ayala evadió impuestos, se enriquecieron ilícitamente y conformaron una asociación ilícita para delinquir. Está embargada por 200 millones de pesos. Misma suerte corrieron el secretario de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y los empresarios vinculados a la firma Pimp: Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Rolando Acuña, Fátima Rigassio y Alejandro Fischer. En Resistencia, desde la intendencia, habían armado una red de cooperativas truchas para desviar fondos como Cooperativa Omega Visión, Las Palmeras Cooperativa o El Ciudadano.

Volviendo al tema del narco, "Las sustancias psicoactivas han dejado de ser un problema aislado que concierne a un puñado de adictos y vendedores para convertirse en una de las mayores preocupaciones sociales", sostiene el experto Marcelo Bergman, al mismo tiempo que alerta sobre la progresiva diversificación criminal que engendra el narcotráfico.

Claudio Izaguirre, titular de la ONG Asociación Antidrogas de la República Argentina denunció que a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Corrientes y Santa Fe, "hay unas 1500 pistas clandestinas en actividad, usadas por las mafias narcos", "el aire argentino es gobernado por el narcotráfico internacional".

La maniobra de trasvasado de combustible durante el vuelo es peligrosa, pero efectiva. De esa manera la mafia de los narcoaviones consigue ingresar al país su millonaria carga sin tocar tierra. Mediante el empleo de GPS, arrojan las sacas con marihuana o cocaína, en los descampados. Los vuelos son rasantes y precisos. El resto de la tarea se realiza también a gran velocidad. Los bultos se esconden en camionetas o camiones, que ya están apostados en el lugar. El éxito final estará asegurado si cada uno cumple con su parte. Una de las más importante, el soborno a las fuerzas de seguridad para que hagan la vista gorda cuando el convoy pase por los retenes.

En el mejor de los casos, los vehículos que esperaron la carga y la transportaron hasta un punto intermedio para que "se enfríe" tienen patente oficial. Pueden pertenecer a organismos dependientes de la municipalidad de la zona, de la Gobernación de la provincia a la que llegó el narcoavión; o de Presidencia de la Nación.

Repostar combustible en vuelo también sirve para realizar trayectos más largos y evitar una parada intermedia para abastecer el avión confundido muchas veces como "avionetas fumigadoras". De esta manera, el riesgo de ser interceptado se reduce un cincuenta por ciento.

En estos casos, las organizaciones trasnacionales narco tienen cada uno de los engranajes del delito bien aceitados. La pista de aterrizaje clandestina en una estancia o campo de cultivo, donde espera un camión cisterna con el combustible para el retorno.

Una vez que el narcoavión detuvo su carreteo, la tarea con el pasamano de la mercancía incluido, no puede demorar más de 45 minutos. Los días de "visitas" a los campos son siempre los mismos. Al igual que el peso de la droga que, según la distancia recorrida, y los bidones con queroseno que aumentan el peso del "equipaje" narco, puede variar entre 300 y 700 kilos.

Para acomodar los ladrillos prensados, a los Cessnas de cuatro plazas se le retiran tres butacas. Los aviones, que también pueden ser los Piper PA-23, conocido como Apache, y posteriormente Azteca, son robados en los aeroclubes de la Argentina, Paraguay, Brasil o Bolivia, o alquilados. Por eso, cuando las autoridades consiguen desbaratar a una de estas organizaciones criminales, en un gran número de veces, no pueden retener la aeronave (que por lo general vuelve al circuito narco) porque sus dueños lo reclaman.

Zunilda Niremperger, titular del juzgado federal 2 de Resistencia, tuvo a su cargo también la jurisdicción de Sáenz Peña y Formosa. Allí, investigo varias de las causas de narcotráfico más resonantes de la región, de las cuales en varias oportunidades secuestró avionetas.

El abogado Carlos Alberto Salvatore, cerebro del caso Carbón Blanco, fue el narco más grande de la historia argentina. El Tribunal Oral Federal de Chaco le había dado 21 años de cárcel en septiembre de 2015 por exportar 1200 kilos de cocaína entre 2011 y 2012 desde la localidad de Quitilipí (Chaco) hacia España en, precisamente, bolsas de carbón.

Los 1200 kilos de Carbón Blanco no fueron los únicos que se le imputan a Salvatore y a su organización: hubo otros 1200 más que habrían viajado desde Campana a Valencia, ocultos también en carbón, por los que fue procesado por el Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora con un embargo de 100 millones de pesos. Otros 235, también desde Campana en 2008, esta vez en latas de durazno y membrillo. Julio de 2010, Salvatore fue imputado por enviar 762 kilos, esta vez a Bilbao, en un container que pertenecía a la firma Agroforestal del Litoral SRL. La droga, de nuevo, estaba en bolsas de carbón.

La lista sigue: diciembre de 2011, 500 kilos, otra vez desde Quitilipí hacia Torres Vedras, Portugal. También fue procesado por este caso, a cargo del Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. 2012, el cargamento final, 1200 kilos nuevamente desde el puerto de Zárate en tambores de pulpa de pera, causa del Juzgado Federal de Campana.

La cuenta: 5097 kilos en total, más de cinco toneladas, a un precio valor callejero actual en el negocio mayorista dealer de la provincia de Buenos Aires de más de 50 millones de dólares, a unos diez mil dólares por kilo.

Es así que lxs hermanxs wichi empezaron a ver otras experiencias indígenas latinoamericanas de lucha contra el narcotráfico. Como por ejemplo, la lucha de comunidades Nasa del Cauca colombiano y su implementación de las Guardias Indígenas (Consejo Regional Indígena del Cauca). Una experiencia pacifica de los pueblos indígenas Nasa que se cansaron de los conflictos armados que libraron los militares, la guerrilla, los paramilitares y el narco.

Según propias palabras de la guardia indígena del CRIC:
"La Guardia Indígena de los pueblos indígenas del Cauca, es un colectivo compuesto por niños, mujeres y adultos. Nuestro proceso de resistencia y pervivencia en nuestro territorio es el de la defensa de la vida y de la autonomía de los pueblos indígenas, enmarcados en el Plan de Vida y en respuesta a todos los factores de violencia que atentan contra el bienestar y la armonía de los niños, los jóvenes, los adultos y mayores: Basados en la ley de origen, el ejercicio del derecho propio y la Constitución Nacional Art. 7, 330 y 246.

La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los actores que agreden sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia.

Entre las labores humanitarias se cuentan la búsqueda de desaparecidos, liberación de personas secuestradas y detenidas, acompañamiento y apoyo permanente a los cabildos, traslado de heridos y primeros auxilios, seguridad y protección de las movilizaciones, marchas, congresos, asambleas permanentes, protección de los sitios sagrados, entre otras. Además, alertan a la comunidad con un eficaz sistema de comunicación, que permite avisar oportunamente sobre riesgos de bombardeo, masacre o quedar en medio del combate. El control territorial se refleja con retenes ubicados a la entrada y salida de los resguardos.

Los guardias no reciben remuneración alguna, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de su cosmovisión y de la pluriculturalidad. Lo anterior muestra un proceso contundente y un mensaje político importante en cuanto que es un símbolo de cómo la sociedad pone de manifiesto su autonomía y la defensa de la Constitución de 1991. Además, esta experiencia resalta una actitud de neutralidad positiva como también un mensaje de paz para el país."

La comunidad wichi de Sauzalito también se inspiró en la propuesta de lucha contra el narcotráfico del Municipio Autónomo de Cherán, México. Una comunidad indígena que había visto como el narco les estaba talando el monte y llevándose la madera en camionetas, y encima estaba ocupando los terrenos deforestados para plantaciones de drogas. Todo esto en un ambiente de mucha violencia, donde los hombres que se animaron a protestar y a levantar la voz ante estos atropellos y el despojo, fueron agredidos y/o asesinados.

La experiencia del Municipio Autónomo de Cherán, es la historia de un grupo de mujeres que un día dijo “Ya Basta” y se enfrentó a las camionetas que trasladaban la madera robada. La tala de madera que efectuaba el narco, estaba empezando a poner en peligro las vertientes del río, que provee no solo agua a Cherán, sino a comunidades río abajo. Esta situación de daño irreversible al ecosistema fue el catalizador que impulsó a estas mujeres indígenas a hacer un piquete al narco. Una vez hecho esto, la comunidad movilizada por la venganza del narco que sería inminente, empezó a organizar barricadas en las principales entradas del pueblo. El gobierno y la policía huyeron frente a la pueblada. La comunidad ingresó por la fuerza a la comisaría y se proveyó de armas para resistir al narco. En las fogatas que se hacían en cada barricada, se fue gestando una organización horizontal que fue reemplazando a las formas organizativas estatales. La comunidad también se dio cuenta del vínculo del Estado y el Narco y echó a los partidos políticos, de esta manera se empezó a recuperar las formas de organización indígenas propias, basadas en los “Usos y Costumbres”, que es la manera ancestral que los pueblos indios tienen de autogobernarse. Luego fueron creando la Guardia Indígena que se enfrentaba militarmente al narcotráfico y la tala del bosque, esta a su vez, era supervisada por una asamblea de vecinos. Tal fue el empoderamiento de esta comunidad que el gobierno nacional les reconoció su autonomía. Actualmente el Municipio Autónomo de Cherán lleva reforestado más de un millón de árboles.

Estas dos experiencias indígenas, fueron la influencia que llevó a la comunidad wichi de Sauzalito a crear la Guardia Indígena Whasek. No fueron las luchas guerrilleras de la Farc, Montoneros o Sendero Luminoso, las influencias de estos pueblos indios. Pero no solo crearon la Guardia Indígena, sino que también crearon un cuerpo de bomberos. Estas dos organizaciones -la guardia comunitaria indígena y el cuerpo de bomberos- fueron reconocidas por el Municipio de Sauzalito.

El nombre Whasek hace referencia al escuerzo, una variedad grande de sapo, cuya característica es que defiende con celo, esmero, bravura y tenacidad su territorio. Es por eso que decidieron poner whasek a la Guardia Indígena.

La guardia Whasek está formada por mujeres y hombres de la comunidad wichi, según sus propias palabras: “A nuestra guardia la componen hombres y mujeres de la tierra, jovenas y jovenes, también adultes y ancianes”. Realizan entrenamiento militar como parte de la formación y su objetivo es prevenir la depredación del monte y las cuestiones de violencia de género, como asesinatos y violaciones. Los miembros de la guardia indígena aprenden derecho indígena, juegan al vóley, hacen gimnasia y aprenden defensa personal. Activamente intentar focalizar la prevención del consumo y venta de drogas en su comunidad. Es una formación integral la que reciben en la guardia indígena.

El 30 de enero de 2019 formalmente se da a conocer la creación de la Guardia Comunitaria Indígena Whasek mediante un comunicado que fue posteado en la página de Facebook de la guardia. Inmediatamente es cuando empieza una campaña de criminalización de la guardia indígena. Distintas páginas de internet, diarios, programas de TV, en la cual se acusa a la guardia indígena de ser un grupo al margen de la ley, que están por fuera del Estado de Derecho, que tienen influencias del kirchnerismo, que son una rama de los movimientos guerrilleros PRT-ERP o las FAR, que son financiados por organizaciones políticas, que tienen vínculos con organizaciones terroristas, etc.

Al principio la guardia indígena usaba como vestimenta una remera azul con el logo de la organización y una bandera argentina, como si fuera un equipo de futbol. Pero luego decidieron que iban a usar vestimenta militar, que consiguen en el mercado negro de Bolivia. La guardia hizo un pedido al gobierno del Chaco para que les provean de uniformes y camionetas para efectuar los recorridos de protección de las áreas que le corresponde a su comunidad. Pero están solos, nadie los ayuda y nadie les brinda recursos. Todo lo obtienen por sus propios medios. La guardia también realiza control de los caminos internos que tienen en su territorio.

La comandancia general de la guardia comunitaria tiene un vocero, que es Ariel Fabian; un joven wichi que tiene conocimiento de cuestiones legales y también habla y escribe el castellano con fuidez.

Comunicado de la guardia indigena del 5 de marzo de 2019:
"Quiénes somos?.
Hermanos y hermanas wichi cansados de ser presa del narcotráfico y el desmonte ilegal.

Que buscamos?
El reconocimiento legal de nuestra guardia indígena. Como guardianes del territorio y protectores de la madre tierra y sus seres vivos.

Que hemos venido haciendo?
Controlar nuestro territorio.
Pedir explicaciones a quienes pretenden ingresar a nuestras tierras que poseen título de propiedad comunitario otorgado por la provincia.

Por que usamos uniforme?
Para hacernos ver y se reconozca a quienes formamos parte de la guardia.

Como pensamos continuar?
Continuaremos patrullando nuestro territorio y exigiendo al gobierno provincial el reconocimiento legal de nuestra guardia indígena.

!Defender el territorio no es delito!

!Delitos son el desmonte y el narcotráfico!"

Dias después de este comunicado se crea la segunda Guardia comunitaria indígena wichi en la zona de Nueva Pompeya

La reacción racista de la sociedad criolla no se queda en el marco de una campaña mediática en las redes y medios de comunicación, sino que empieza a tomar la forma de agresiones físicas a miembros de la guardia y a la comunidad wichi que, si bien siempre han existido, ahora tienen un sentido disciplinador cuando emerge este empoderamiento de las comunidades indígenas. Esta reacción racista se manifestó con el apuñalamiento de un miembro de la guardia indígena de Nueva Pompeya, violaciones a las adolescentes de la comunidad wichi, el femicidio de la adolescente wichi Dominga Arias, etc.

Es por esta avanzada racista y criminalizadora de las formas de autogobierno y autonomía indígena, que la guardia indígena whasek comienza una campaña en busca de apoyo en las redes sociales: “yo apoyo el reconocimiento de las guardias indígenas”.

"Comunicado Guardia Comunitaria Indígena Whasek Comandancia general.
Desde el 20 de marzo a hoy...

Por voluntad de nuestros caciques se anunció y llego el día en que debíamos hacernos escuchar y dar a conocer nuestra voz en la una ciudad diciendo “Aquí estamos, esto somos y esto queremos”.
Una ciudad que llama a resistir, porque quienes llegaron a colonizarla encontraron en este rincón la bravura y rebeldía de quienes primeros la habitaron, nuestros y nuestras ancestras originarias.
Llegamos y contamos la realidad que vivimos como pueblos originarios que somos teniendo como armas; “La memoria, la palabra y la resistencia”.

Todas nuestras voces se hicieron una voz, la de nuestro vocero, nuestra palabra dejo de ser silencio para hacerse oír ante quien quisiera oírla, no nos escondimos, hablamos públicamente.
Sentimos el abrazo de quienes estando lejos nos hacen sentir que no estamos solos y nos brindan su apoyo.
Dimos a conocer el comunicado y respondimos lo que nos preguntaron sin ocultar nuestras verdades.
Nos retiramos tranquilos sin custodias ni todo ese circo de quienes deben cuidarse las espaldas porque algo malo andan haciendo, con la tranquilidad de saber que los violentos son otros. Nosotros simplemente nos hemos decidido organizar para defender el Territorio y a nuestras comunidades de los negocios que solo benefician a unos pocos, lastimando a muchos y matando nuestros montes.
Sabemos que tocamos intereses y eso les duele por eso mienten sobre nosotros, pero nuestra historia es de dolor, dolor que decidió volverse dignidad y organización.

Sin más,
Ifwala innamejen " Que el Sol nos acompañe"

Desde Impenetrable. Chaco
Guardia Indigena Whasek Comandancia General"

A continuación el documento que fue leído:
"En la provincia de Chaco el pueblo Wichí está proponiendo una solución para las graves consecuencias de los grandes poderes del dinero. Esos que violan las soberanías del pueblo Chaqueño al robarse las riquezas de las culturas indígenas en el Impenetrable. Nosotros somos un pueblo que siente en lo más profundo de nuestra existencia que integramos el mundo. Estamos y Somos por eso no duele la violencia con nuestro “Impenetrable”

Los desmontes nos dejan desnudos y nuestras niñas y jóvenes son las primeras víctimas de la violencia primero en lo más íntimo del cuerpo de esta tierra y después en sus cuerpos y sus mentes. Crecen los casos de violaciones y abusos y también el abandono escolar y las enfermedades sexuales o algunas que antes no llegaban. La alimentación nos cambia y es cada vez menos lo que podemos buscar con nuestras manos y poco y malo lo que nos llega de los almacenes.

Nos transforman las comunidades con las gigantes máquinas y los cielos abiertos que traen a muchos que antes no llegaban al impenetrable, van buscando cómo sacarnos la vida y también los pocos pesos que nos quedan y así ya no podemos hablar con muchas personas porque no pueden escucharnos bajo los efectos de los negocios que hacen estos nuevos habitantes del paisaje nuestro.

Queremos salvar a nuestras familias, las mujeres de Argentina también en otros lados muestran que hay igualdad de derechos con los hombres y el pueblo wichí puede ahora mostrar un camino en esta dirección. Las organizaciones que tenemos con caciques y representantes en la política ya no alcanzan a resolver todo esto nuevo que nos pasa. Por eso nos propusimos convocar a la participación de quienes pueden cuidarnos estas comunidades que hoy son también un lugar de protagonismos indígenas.

Chaco es la provincia de Argentina que mejores leyes tiene en el reconocimiento de los derechos indígenas, llevó años que esto se logre y contamos con muchos referentes en las ciudades que tienen voz y voto en cosas importantes para nuestro pueblo. Los territorios, los espacios políticos, la salud, la educación, las culturas, los gremios y la justicia saben que nosotros somos protagonistas, poco a poco nos fueron mirando con respeto y desde la misma altura.

Es así que hoy en las comunidades más alejadas de las ciudades necesitamos que este respeto sea fundado y por eso cuidamos a nuestra comunidad y todas las instituciones que en ellas hay, sean de educación, de salud o de otras. En esa igualdad de respetos nos presentamos en los municipios para trabajar puntos comunes sin perder cada uno su lugar.

Una explicación más, el pueblo wichí en Argentina hoy está asentado en las provincias de Salta, Chaco y Formosa en este siglo XXI tenemos nuestra cultura presente porque así nos sostuvimos por siglos y también participamos activamente en la vida del país. Ya no somos sólo mano de obra esclava para las riquezas de las empresas o las almas cautivas para las riquezas de las religiones. Estamos presentes en la vida plena de las culturas de esta provincia que pudo repensarse con nosotros y por muchas vidas que llevaron a este camino.

Hoy hacemos una rueda de prensa, las autoridades de nuestros pueblos, como nos reconocen las legislaciones provinciales, nacionales e internacionales. Tenemos nuestras organizaciones con personerías jurídicas, nuestros títulos comunitarios, nuestros profesionales universitarios, terciarios, decentes, médicos/as, enfermeros/as, nuestros representantes legislativos, nuestros escritores filósofos e historiadores, artistas reconocidos/as. Pero todavía nos duelen muchas realidades de nuestro pueblo porque también tenemos nuestras familias desesperadas por las faltas de salud, educación, vivienda, trabajo, tranquilidad para andar por nuestras comunidades.

Aunque hay leyes que reconocen nuestro idioma, todavía tenemos que escuchar que nosotros somos los del problema porque no entendemos el castellano o nos expresamos de otra manera. Y cuando vienen los turistas, no les dicen lo mismo. Le escuchan y si trae nuevas ideas para resolver algo que antes no pensamos hasta les agradecemos. Ahora nosotros traemos una solución para los nuevos problemas que estamos pasando en las comunidades. Necesitamos mayor contención, diálogo, actividades recreativas para nuestros niños y jóvenes, necesitamos que nuestras autoridades comunitarias puedan seguir en las nuevas generaciones y necesitamos que las autoridades locales también asuman las leyes de reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas, como propietarios del territorio ancestral.

La guardia indígena llama la atención en el impenetrable pero si somos cuidadores de nuestros pueblos y nuestros lugares de vida, como hay cuidadores en los barrios de las ciudades y en algunas también representantes como los comuneros o los concejales. En donde hay drogas o robos de las casas que para nosotros son nuestros montes, las personas se juntan y se cuidan, observan y hablan con las otras personas con las que siempre conocieron. Nosotros hicimos lo mismo, llamamos a las autoridades y a las comunidades, también llamamos a otras autoridades del nuestros lugares, hablamos con el municipio y con las escuelas, y nos fuimos así sintiendo acompañados cada vez que nos reunimos.

Nosotros como pueblos del Gran Chaco Gualamba dimos testimonio de la capacidad de gestión del territorio en los peores momentos de crisis económica, social y cultural de esta democracia. En 2007 iniciamos un camino de protagonismo.

Dejamos los amparos de traductores y mediadores paternalistas que tantas veces nos silenciaron e intentaron ocultarnos como personas plenas. Con nuestras luchas la provincia mejoró muchos recursos. La emergencia sanitaria que sale a la luz cada vez que se multiplican las cámaras que nos muestran como el rostro pobre de la realidad chaqueña también trae ingresos nacionales e internacionales a los gobiernos. Durante mucho tiempo esos recursos fueron utilizados sin nuestra consulta y mucho menos sin nuestra participación plena e informada. Así lo observa la legislación que debe ser. Si reciben un peso en nuestro nombre nos tienen que informar y tenemos que ser convocados para acordar lineamientos para su uso. Favoreciendo nuestro desarrollo pleno como culturas indígenas. Paramos la provincia en nombre de las inundaciones y así aportamos a una identidad amplia en la provincia por muchos años. Pero todo logro para nuestros pueblos indígenas fue fruto de una larga caminata. No tenemos derechos por que nos lo dieron sino porque los logramos con todo el esfuerzo del pueblo, cuando salimos a mostrarnos, para que no nos inventen una vida que no tenemos, para que saquen de algunas cabezas esas ideas que nos quieren hacer ver como incapaces. Hemos organizado la vida en el lugar que todavía se conoce como de difícil acceso y donde muchos no quieren ir a vivir sino a saquear la riqueza de un país. Allá somos más de 7mil habitantes que logramos la integralidad de derechos a cada ejercicio de ellos y muchas veces nos borran las leyes en las acciones de funcionarios y ciudadanos poco informados.

En el Departamento General Güemes, las localidades de Sauzalito (2.000 habitantes) y Nueva Pompeya (4.194 habitantes) cuentan con el reconocimiento jurídico de la mayoría de las comunidades registradas del pueblo wichí (26).

Si bien una de las demandas centrales para la población indígena es contar con la regularización de títulos de propiedad y es en Chaco donde 10 comunidades de este pueblo; cuentan también con una gran cantidad de agentes sanitarios, médicos, enfermeros, educadores y artistas reconocidos de la cultura local. Estas experiencias conviven a su vez, con situaciones de extrema pobreza que la desinformación fortalece y perpetua.

Hace meses los medios y algunos sectores de la sociedad nos acusa de cosas que nada tienen que ver con nuestros pueblos indígenas, estamos sosteniendo los derechos logrados por siglos de constante dignidad. Sabemos que no nos regalan nada, porque muchos todavía dudan si somos personas y si somos pueblos.

En esta sociedad del siglo XXI, tenemos que informarnos y no marearnos con las mentiras. Por eso les hablamos nosotros directamente, sin intermediarios y les queremos mostrar nuestra realidad que es la de toda la provincia en el interior. El desmonte trae enfermedades y problemas sociales que no podemos resolver en soledad. En los territorios comunitarios reconocidos por ley como derechos para nuestros pueblos nos organizamos para tener autoridades comunitarias y soberanía en el lugar. Allí sabemos que afrontamos problemas que muchos no quieren escuchar, pero tenemos una responsabilidad asumida con nuestro pueblo y somos solidarios también de este modo con los demás y por eso denunciamos la tragedia de los desmontes y sus consecuencias y aclaramos que ya no estamos en silencio.

Cada paso es el futuro posible que tenemos que enfrentar con toda la información y la tranquilidad porque sabemos que nuestro camino es el correcto. No nos fijamos en la ropa, para nosotros que siempre estamos en los medios como esos que reciben donaciones, hoy resulta que nos juzgan por que sí tenemos calzado e indumentaria. Nos juzgan porque nos mostramos en grupo, porque consultamos quien ingresa en nuestros lugares de todos los días, donde asisten niños y niñas. Esas mismas preguntas sobre ropa, participación, definiciones no las hacen cuando se trata de mostrarnos como victimas incapaces de modificar las terribles situaciones por las que hemos vivido y sobrevivido. Allí cuando muestran las fotos de nuestra dignidad fracturada por las violencias y enfermedades a nadie se le ocurre hacer de ello una situación por la que hay que preocuparse y sacan a relucir el peor sentimiento de lástima por otros seres humanos, porque se sienten fuertes solamente si pueden hacer que otros sean vistos sin futuro. Hoy los wichí en el impenetrable defendemos el futuro e invitamos a la sociedad chaqueña a seguir mejorando sus pasos con la convicción de que nuestras culturas milenarias nos permiten ser mejores.

Chaco fue perdiendo bosques nativos desde 1976 a 2006 se perdieron 1 millón de hectáreas; en el año 2007, fueron 71.522h; 110.889h; (cuando se aplica la ley de bosques en la provincia empieza a disminuir la superficie, 107.145h; 19.350h; 22.797h (2015); se observa un incremento nuevamente a partir del año 2016 en 29.383h y 43.780h en 2017; 33.000 en 2018. Es claro que la ley 26331 que incorpora la figura de los pueblos indígenas como los protagonistas directos de las consecuencias de un manejo destructivo de estos habitantes de nuestra cosmovisión.

Chaco cambió los montes por soja y si bien no fue la provincia con peores consecuencias va perdiendo un millón y medio de bosques y sus consecuencias se sienten profundamente con las inundaciones y nuevas condiciones de salud para quienes habitamos en la zona.

Desde 2007 a 2015 se perdieron 200 mil hectáreas y alarmante como en épocas anteriores a la ley vuelve a ser un problema de crecimiento de superficie desmontada. Esto lo dice REDAF, no así porque son políticos y la información te la dan separada.

En el gobierno de Macri con la ley de extranjerización y la política de ahogar a las provincias sobre todo si tienen otro signo político las limitaciones a la industria maderera agroindustrial se volvieron a liberar y eso nos hace alertar.

Guardia Comunitaria Indígena Whasek."


Guardia Indigena Whasek

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